Los abogados laboralistas alertan de que las empresas disparan las consultas para ejecutar despidos en 2024

El propio Gobierno ya reconocía recientemente en la publicación de su Plan Presupuestario para 2024 en el que arroja un aumento del empleo del 1,4%, la mitad que en el presente ejercicio, que el mercado laboral comienza a enfriarse tanto como las espectaculares cifras de avance de ocupación que llegaron a escalar al 5% en el segundo trimestre de 2022. Un ritmo de afiliaciones que en la última lectura del mercado laboral realizada por la Seguridad Social -del pasado mes de noviembre- ya era la mitad, un 2,5%.

Este escenario lúgubre que se cierne sobre el mercado de trabajo lo recoge precisamente el Banco de España en una rúbrica que no suele ocupar titulares, pero cuyo cambio de tendencia resulta especialmente significativo a las puertas de 2024, cuando no sólo impactará de forma negativa la desaceleración sino que también las medidas en materia laboral que ya ha presentado el Gobierno en su hoja de ruta y que seguirán incrementado la presión de costes empresariales por la vía de aumento de bases de cotización.

Aunque la expectativa de la encuesta publicada por el regulador sobre las tendencias de contratación refleja un ligero aumento de ocupación, en términos de empleo, las empresas encuestadas describen cómo en el cuarto trimestre se habría registrado la primera caída desde el primer trimestre de 2021. «La proporción de sociedades que indican que ha descendido su nivel de empleo es del 18,2%, 5 puntos más que en el trimestre anterior», advierte el Banco de España.

De hecho, en el próximo año podría ahondar en una tendencia que ya comienza a aflorar al calor de la nueva regulación laboral aprobada por el Gobierno: un incremento de ocupación en el saldo total del año que vaya acompañado de un aumento de los despidos -ya observado en 2023- por la pérdida de estabilidad de ciertas figuras como el contrato fijo. «Ya tenemos planes de reestructuración de plantilla en marcha», señalan fuentes jurídicas del ámbito laboral consultadas por ABC.

Cabe destacar la mejoría experimentada por el empleo en algunas ramas de servicios (como información y comunicación, actividades profesionales, científicas y técnicas, y transporte), en contraste con los retrocesos que se aprecian en la agricultura, las actividades inmobiliarias y la hostelería, apunta el informe del Banco de España. «La mayoría de las empresas que realizan consultas para reestructuraciones de plantilla se concentra en expedientes de regulación de empleo (ERE)», señala a este medio Álvaro García, socio de Everfive, una boutique legal laboralista.

«En efecto, en el despacho llevamos observando desde el mes de octubre, si bien se ha intensificado recientemente, un aumento significativo de consultas y opiniones legales relacionadas con la puesta en marcha de medidas de reordenación y reestructuración laboral o, en el mejor de los casos, de contención de costes a través de los mecanismo de flexibilidad interna», confirma en esta línea el abogado laboralista y socio de Labormatters Abogados, Alfredo Aspra, en un breve análisis para ABC.

En esta línea se pronuncia también el socio de Sagardoy, Román Gil, asegurando que «hay clientes que se están preparando ante eventuales contingencias que puedan venir» en un entorno de «elevada incertidumbre». Además, recuerda que la producción normativa en materia laboral que ya anunciado el Gobierno con la reducción de jornada laboral pretendida y la reformulación de la estructura del despido improcedente hacia un modelo de ceses reparativos redoblará los esfuerzos de los despachos laboralistas en los próximos meses para lograr una adaptación de las áreas de recursos humanos.

Con más concreción, la socia responsable del departamento de Derecho Laboral en Escalona & De Fuentes Abogados, Eva Hernández, señala que «sigue siendo prioritario para muchas compañías hacer recortes», especialmente en trabajadores con avanzada edad y, frecuentemente con salarios más elevados, para ajustar sus cuentas en la partida de gastos salariales y sobre todo, «porque hay muchos casos en los cuales el empleado de avanzada edad prefiere empezar a cobrar la pensión de jubilación que le pueda corresponder ahora, atendiendo a la normativa actual».

Señala Aspra que los principales motivos para esos ajustes estarían en, por un lado, los factores como la contrastada desaceleración económica, ralentización en el crecimiento del PIB (previsión de FMI de 2% en 2024), una elevada inflación (4,3% en 2024), el incremento de los tipos de interés unido a un intenso endurecimiento en el acceso a la financiación y, por tanto, disminución del consumo y de la inversión a lo que debemos añadir incertidumbres geopolíticas o el crecimiento de la inflación subyacente. Pero, por otro y al mismo tiempo, «la asfixia normativa a la que se está sometiendo a las empresas en España« con cada vez más y más obligaciones y cargas sociales marcadas por una copiosa y profusa normativa (nuevo aumento previsto de cotizaciones sociales) olvidándose que estas no tienen una capacidad ilimitada de absorber costes.