Los precios de la construcción vuelven a la senda alcista y aprietan los precios de la vivienda nueva

El último informe de la Asociación Nacional de Constructores Independientes (ANCI), basado en datos del INE y del Ministerio de Transportes, pone en negro sobre blanco la incertidumbre que vuelven a vivir las constructoras. Señala que, a pesar, de que los precios de los suministros están ya lejos de los máximos alcanzados tras el estallido de la guerra en Ucrania, en 2023, el índice sigue en su valor máximo. Tan solo en el bienio 2021-2022 el incremento del índice de costes del sector de la construcción fue superior al acumulado en los 15 años anteriores.

Por ejemplo, el índice correspondiente al aluminio se mantiene en agosto de 2023 un 35% por encima del índice de enero de 2021, los materiales bituminosos un 54%, el cemento un 40%, la energía un 46%, los materiales cerámicos un 48% y los siderúrgicos un 33%.

Son subidas que, con toda seguridad, no ayudarán a contener los precios de la vivienda nueva, que siguen acercándose a máximos de la crisis a pesar del parón hipotecario. En el último año el coste de levantar nuevas casas se ha disparado un 7,9% y se sitúa en 1.251 €/m² al cierre del tercer trimestre de 2023, el más alto registrado históricamente, según las estimaciones de Sociedad de Tasación.

Pero a las constructoras preocupa sobre todo el cómo pueda afectar la evolución de los costes a la obra civil, cuando llevan ocho meses con la revisión excepcional de precios de la obra pública caducada. A los sobrecostes de los materiales, también se añade los de la mano de obra, que se dispararon un 11% entre enero de 2021 y diciembre de 2022, tras la entrada de la reforma laboral «sin que exista posibilidad alguna de revisión en los contratos en ejecución que están sufriendo este impacto», destacan desde ANCI. Son costes que desde la patronal de las constructoras independientes lamentan que no se hayan considerado en ningún régimen de revisión de precios, ni excepcional ni ordinario, «a pesar de su extraordinario crecimiento en los últimos tres años».

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La presidenta de esta patronal, Concha Santos, destaca que el mecanismo excepcional de revisión de precios ha ofrecido cierto alivio, «pero muchos contratos no han podido hacer uso de esta herramienta». Señala que Más allá de ciertas mejoras que deberían contemplarse en este mecanismo coyuntural, aun en vigor para contratos en ejecución, como eliminar el silencio administrativo negativo o el límite del 20% a la compensación, «se debería establecer una medida de carácter más estructural, en concreto recuperar un sistema de revisión automática de precios en la Ley de Contratos del Sector Público».

«La posibilidad de que un contrato de larga duración pueda ajustarse a la realidad de mercado, mejora la eficacia de la contratación pública desde la fase de licitación porque, al limitar el riesgo, facilita la concurrencia y permite que las ofertas sean más competitivas, y posteriormente, porque garantiza el equilibrio del contrato e implica que el precio que finalmente se paga por la prestación es, al alza o a la baja, ajustado a su coste de mercado», abunda Santos.