El PP exige que la jefa de Protección de Datos dé explicaciones al Congreso por su inacción frente al 'gran hermano turístico'
Quiere que explique sus «reiteradas faltas de pronunciamiento» ante las solicitudes de las asociaciones empresariales del sector turístico
Los populares actuarán también en Bruselas para que la Comisión se pronuncie sobre si la norma se ajusta o no a la normativa comunitaria de protección de datos
El teléfono móvil, la dirección de correo electrónico, la relación de parentesco o de otro tipo de los acompañantes, datos concretos sobre el medio de pago y así hasta 42 datos personales sensibles...las obligaciones de información que el Ministerio del Interior ha impuesto ... al sector turístico en el recién aprobado Registro de Viajeros, cuyo nivel de detalle lo ha rebautizado como 'gran hermano turístico', ha abierto un flanco de incertidumbre sobre su compatibilidad con la normativa de protección de datos.
Una incertidumbre que durante meses las organizaciones empresariales afectadas han tratado de resolver con consultas a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) sin que esta haya arrojado luz sobre el asunto. El PP quiere ahora que la directora de la agencia, Mar España Martí, dé explicaciones en el Parlamento no sólo por esta inacción sino por las «implicaciones legales con la protección de datos personales y de grave amenaza a la privacidad de viajeros y consumidores» de su entrada en vigor.
Expertos en protección de datos alertan del riesgo de brechas de seguridad por los nuevos controles de Interior sobre los viajeros
Advierten de que solicitar más datos de los estrictamente necesarios vulnera la ley
Los populares han pedido su comparecencia ante la Comisión de Industria y Turismo del Congreso en el marco de una ofensiva parlamentaria en la que también quieren exigir la comparecencia de los ministros de Industria, Jordi Hereu, de Interior y promotor de la iniciativa, Fernando Grande Marlaska.
La batalla al 'gran hermano turístico' también se dará en Europa. Los populares están convencidos de que la regulación, justificada por la lucha contra el terrorismo y el blanqueo de capitales, vulnera la legislación europea sobre protección de datos y reclamarán a la Comisión Europea que verifique si la norma española «cumple correctamente la normativa que garantiza la seguridad y la confidencialidad de las informaciones personales», según reveló la portavoz de los populares en Luxemburgo, Dolors Montserrat.
El propio Gobierno parece albergar dudas sobre el sostén jurídico de la norma y en un movimiento insólito lanzó ayer una consulta al mercado para resolver a través de una orden ministerial «la existencia de dificultades materiales y técnicas para el cumplimiento de sus obligaciones» y «establecer criterios que posibiliten la ejecución efectiva del real decreto para la consecución del fin que persigue, que no es otro que la protección de la seguridad ciudadana».
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