El PP denuncia un veto del Gobierno para abordar el nuevo decreto anticrisis

El PP salió este martes al corte tras deslizarse parte de las medidas que el Gobierno aprobará este miércoles presumiblemente en una nueva ampliación del paquete normativo de alivio anticrisis. La formación liderada por Alberto Núñez Feijóo expresó su enfado tras conocer el nuevo impulso de ayudas que el Gobierno pondrá en marcha a partir de enero, y criticó la actuación unilateral, una vez más, al no haber consultado a los partidos de la oposición este sustancial decreto al que dará luz verde en las próximas horas, entre otras medidas con la extensión de ayudas al transporte, rebaja del IVA de los alimentos (y posible ampliación también para las factura de luz y gas), medidas de protección laboral con los ERTE por causas asociadas a la situación económica, entre otras.

Principalmente, el PP critica que en horas se aprobará un texto fundamental para la economía del país, del que no saben qué medidas incluirá a pesar de que la semana pasada el presidente de la formación Núñez Feijóo se entrevistó en el Congreso con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. «Lo que no parece lógico es que estemos a 26 de diciembre y las medidas tengan que aplicarse el 1 de enero y a día de hoy sigamos sin saber qué es lo que va a hacer el Gobierno», explicaba Bravo tras exigir un encuentro con la vicepresidenta cuarta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, para acordar una batería de medidas tributarias y energéticas, aun a sabiendas de que tal reunión no tendría margen de producirse al faltar escasas horas para que el Consejo de Ministros de luz verde al nuevo paquete anticrisis.

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En una rueda de prensa celebrada en la mañana de este martes, tanto el vicesecretario de Economía, Juan Bravo, como la vicesecretaria de Desarrollo Sostenible del partido, Paloma Martín, instaron al Gobierno a que dentro de ese nuevo decreto se prorroguen la rebaja del IVA en la factura de luz y gas, la prohibición de cortes de suministros en hogares vulnerables, la prórroga de la tarifa de último recurso, que se mantenga sin IVA los alimentos básicos y que esta medida se extienda a las carnes, los pescados y las conservas.

En lo que respecta a autónomos, han pedido que se incluya en el decreto anticrisis una reducción de los pagos fraccionados y las retenciones. Pero también ha insistido el PP en la deflactación del IRPF para que la clase trabajadora pueda ver compensada su subida de sueldo sin que le afecte la inflación. En este punto, los dirigentes populares criticaron la marcha económica del país, que después de un aumento de la recaudación pública de 58.000 millones de euros entre 2018 y 2023, es «peor».

Entre otros datos, denuncian los populares que en la actualidad una familia de cuatro miembros requiere de 90 euros más al mes para hacer la compra, que la tasa de convergencia entre Europa y España se ha reducido y que el país sigue liderando las estadísticas de desempleo en Europa. En materia de desempleo, Bravo ha alertado que quitando el «artificio» de los contratos fijos discontinuos, España tiene aproximadamente 3,3 millones de personas desempleadas. A continuación, ha denunciado las menores previsiones de PIB para el año que viene y la alta tasa de pobreza infantil.

Paloma Martín, por su parte, criticó una política energética «equivocada» llevada a cabo por el departamento de Teresa Ribera, entre otros motivos porque se ha «disparado» la pobreza energética, con más de tres millones de hogares en esta situación, y porque España es el país de la Unión Europea que más gas ruso ha comprado en 2023. Denuncia que la política energética del Gobierno ha sido «carente» en medidas estructurales y ha supuesto momentos con unas facturas de electricidad «elevadísimas». Pero también por la incertidumbre sobre qué va a hacer el Gobierno con las ayudas fiscales en la factura de la luz y el gas. «Los españoles han tenido que pasar la Nochebuena y la Navidad sin saber qué precio van a tener que pagar por la luz dentro de cinco días», ha aseverado la senadora 'popular'.

Con este panorama Martín ha defendido el plan energético del PP, que Feijóo trasladó a Sánchez en septiembre de 2022 y que, asegura la senadora, está «completamente alineado» con la reforma del mercado eléctrico en Europa y los recientes objetivos de la COP28. Entre otras medidas, aquí se incluyen la reducción de impuestos, el impulso del parque renovable y el mantenimiento de la producción nuclear.

Paloma Martín también se refirió a una de las políticas energéticas insignias del Gobierno, que es la conocida como 'excepción ibérica'. Se trata de un mecanismo por el que el Gobierno ha podido intervenir el precio del gas en el mercado mayorista eléctrico y que, en cifras del Ejecutivo, ha supuesto un ahorro de más de 5.000 millones de euros para los consumidores. Sin embargo, recuerdan los populares que «ni un solo país» de la Unión Europea ha adoptado esta medida porque supone «subvencionar» las exportaciones de electricidad a otros países como Francia, Portugal y Marruecos, en el caso de España. De hecho, la senadora ha remarcado que estas exportaciones a los países vecinos han supuesto un coste total de 1.912 millones de euros.

Además, Martín denuncia que esta excepción ibérica ha sido la «principal causante» de que España haya aumentado su consumo de gas para producir electricidad. «Rusia ha pasado de ser nuestro séptimo proveedor en 2018 y una cuota del 2,2% a ser el tercer proveedor, con una cuota del 18,6%», apostilló para denunciar que al tiempo que se ha producido este aumento del gas ruso ha caído el consumo del argelino, que acostumbraba a ser el principal suministrador de España.

Paloma Martín también recordó en su intervención que en «todas las propuestas» de acuerdo de la última Cumbre del Clima la energía nuclear es considerada una energía «verde» y muchos países europeos están adoptando medidas para reforzarla. Por ejemplo, ha mencionado que Reino Unido, con 14 nuevos reactores, va a triplicar su capacidad nuclear, mientras que Finlandia, Polonia, República Checa, Bulgaria y Rumanía tienen proyectos de reactores nucleares.