El PP avanza que tumbará los objetivos de déficit en el Senado y manda a la casilla de salida los Presupuestos de 2024

"Las comunidades autónomas han hecho sus deberes y han aprobado sus Presupuestos. Aquí el que no ha aprobado sus Presupuestos es el Gobierno del Estado", ha argumentado el portavoz económico del PP, Juan Bravo, que ha recordado que estas han construido sus proyectos sobre el objetivo de déficit del 0,1% del PIB que estableció el propio Gobierno, por lo que no ven creíble que ahora se amenace con exigirles un equilibrio presupuestario. Es más, la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha calificado de invención el informe de la Abogacía del Estado que enarbola el Gobierno para sostener que un eventual veto a su senda de estabilidad perjudicaría a las comunidades autónomas.

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La decisión del PP llevará el proyecto presupuestario a la casilla de salida, ya que el Gobierno tendrá que volver a presentar una senda de consolidación fiscal al Congreso para reiniciar este trámite que exige la Ley de Estabilidad Presupuestaria para poner en marcha el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2024. Juan Bravo ha mostrado su esperanza en que Hacienda no trate de esquivar esta ley para coger un atajo.

No lo dice de forma gratuita. El Ministerio de Hacienda asegura disponer de un informe jurídico que le habilita para seguir adelante con el proyecto de Presupuestos aún en caso de un rechazo de la Cámara Alta -como el avanzado hoy por el PP-, sobre la base de los objetivos de estabilidad informados a Bruselas en la actualización del Plan de Estabilidad Presupuestaria del pasado mes de abril.

El movimiento no tendría precedentes. En 2019, el Gobierno de Sánchez, en una situación muy similar a la actual en cuando a las mayorías parlamentarias, con el PP con mayoría absoluta en el Senado, chocó dos veces con el veto de los populares y acabó convocando elecciones ante la situación de bloqueo parlamentario que le impedía aprobar los Presupuestos.

El PP le deja una salida abierta al Gobierno. Se avendrá a negociar si Sánchez y Montero se avienen por su parte a una serie de peticiones. La primera de ellas es asumir la política fiscal que defiende el PP en cuanto a mantener durante 2024 las rebajas de IVA a la luz y el gas corregidas desde el 1 de enero, a extender la rebaja de IVA a los alimentos a la carne, el pescado y las conservas y a derogar el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica. Pide también deflactar la tarifa del IRPF.

Por otra parte, demanda un reparto más equilibrado de los objetivos de déficit entre el Estado y las administraciones territoriales. Según la senda definida por el Gobierno, las administraciones territoriales podrán incurrir en un déficit de una décima de PIB en 2024 en el camino a bajar el desequilibrio de las cuentas públicas por debajo del 3%, mientras que el Estado y la Seguridad Social podrán acumular hasta un 2,9% (2,7%, Estado; y dos décimas la Seguridad Social). "Todo el esfuerzo se les exige a las comunidades autónomas, que además son las que han realizado un mayor esfuerzo en estos años", ha recalcado Juan Bravo, que ha exigido un mayor esfuerzo de reducción del déficit al Estado, al que acusa de mantener gastos innecesarios por más de 7.000 millones.

Pide también el PP que se respete la autonomía fiscal de las comunidades autónomas y no se aprueban más maniobras como el gravamen a las grandes fortunas, irrumpiendo en su espacio fiscal, y que se apruebe un fondo para que las comunidades autónomas atiendan a sus competencias en sanidad, educación y servicios sociales en condición de suficiencia. Consciente de que es un debate delicado en el seno del propio PP, Juan Bravo ha evitado pronunciarse sobre si se correspondería con el fondo de nivelación que exigen las comunidades autónomas infrafinanciadas (Andalucía, Comunidad Valenciana, Andalucía y Castilla-La Mancha) o a la referencia de 16.000 millones que en su día utilizaba la hoy ministra de Hacienda en sus tiempos de consejera andaluza para identificar el déficit de financiación de las autonomías, pero sí ha demandado un fondo para apuntalar los recursos de las autonomías.