Hacienda se desentiende de las cuentas de las CC.AA.: «Estamos presupuestando a ciegas»

No era un compromiso gratuito. Si nada se tuerce, el próximo 1 de enero entrarán en vigor las nuevas reglas fiscales europeas y con ellas la obligación de mantener el déficit por debajo del 3% so pena de verse sometido al control reforzado de los 'hombres de negro' de Bruselas.

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El ambicioso objetivo gubernamental requiere del cumplimiento de varias premisas. La estabilización del déficit de la Administración del Estado en el 3%, en un contexto en que los gastos asociados al pago de la deuda pública amenazan con dispararse; la corrección de la tendencia al alza del déficit de la Seguridad Social en plena jubilación de la generación del 'baby boom'; la vuelta de las cuentas de los ayuntamientos al superávit; y, en última instancia, la consecución del déficit cero en las comunidades autónomas, algo que no ha sucedido en los últimos 20 años, ni siquiera cuando España presentó superávit en pleno pico de la burbuja inmobiliaria.

Todo lo mencionado tendría que suceder el año que viene para desmentir a los que como la Autoridad Fiscal (Airef) consideran ese objetivo como improbable y hacer viable el compromiso gubernamental.

Las expectativas no son nada halagüeñas. Más allá de la incertidumbre en torno a los Presupuestos Generales del Estado de 2024, que deberían sustanciar la parte del león del ajuste prometido a Bruselas, los gobiernos autonómicos han comenzado estos días a elaborar sus presupuestos para 2024 sin tener claro ni las entregas a cuenta que van a recibir del Estado por el sistema de financiación (que suponen dos terceras partes de sus ingresos), ni los planes de inversión que recibirán financiación europea, ni el objetivo de déficit que deben cumplir, ni la regla a la cual deberán sujetar sus aumentos de gasto. El Ministerio de Hacienda, en funciones, no ha trasladado ni una referencia para poder construir sus diferentes proyectos presupuestarios sobre una base común.

«Estamos presupuestando a ciegas», reconocen varios gobiernos autonómicos, que sin embargo han activado la tramitación de sus presupuestos a partir de sus propias proyecciones de ingresos y sus propios criterios para modular el incremento del gasto.

«El proceso electoral del pasado 23 de julio ha añadido incertidumbre a la elaboración del presupuesto para 2024», admite el Gobierno de Aragón en el documento que define los criterios de presupuestación para el año que viene. «Mientras no se disponga de este dato (el de las entregas a cuenta), el importe de los ingresos por esta fuente se determinará con las previsiones que efectúan los técnicos de la Consejería», aseguran desde el departamento de Hacienda de la Junta de Andalucía. Lo mismo han hecho el resto de comunidades autónomas de régimen común lo que anticipa que es más que probable que haya quince previsiones de ingresos diferentes.

Con todo, la falta de sintonía en las previsiones de ingresos no es tan preocupante como la ausencia total de un criterio de control sobre los gastos. Los últimos datos de ejecución presupuestaria autonómica publicados ayer por Hacienda revelan que hasta julio el gasto en las administraciones regionales aumentó más que los ingresos (un 10,84% frente a un 7,39%) y que el déficit acumulado se triplicó (de los 1.594 millones de déficit de 2022 a los 4.572 millones de este año).

La ausencia de un objetivo explícito de déficit para 2024 definido por el Gobierno y la falta de información sobre la futura regla de gasto europea ha alentado que cada comunidad autónoma construya su presupuesto de gastos sobre el criterio que han considerado más oportuno. La Comunidad de Madrid, Andalucía y Galicia han explicitado su intención de respetar el objetivo del déficit cero formulado por el Gobierno en la actualización del Programa de Estabilidad remitido a Bruselas en abril. «Vamos a elaborar unos presupuestos realistas, serios y responsables a pesar de la incertidumbre», aseguran desde la Comunidad de Madrid.

Sin embargo, son mayoría las administraciones autonómicas que solo hacen una referencia genérica a los principios de la Ley de Estabilidad Presupuestaria o incluso remiten a sus propios marcos presupuestarios. Un ejemplo de adónde puede llevar este descontrol lo aporta la Generalitat de Cataluña, que admite que ha presupuestado sus necesidades de endeudamiento de 2024 sobre la base de un déficit del 0,3%.

Desde el Ministerio de Hacienda se apela a la dificultad de realizar con normalidad el trámite presupuestario en el actual momento político y se atribuye a esa situación la inexistencia de un objetivo de déficit claro para 2024 y la falta de comunicación de las entregas a cuenta de 2024, tradicionalmente vinculadas a la evolución de los ingresos tributarios que se define en el proyecto de Presupuestos.