El plan antisocimis pone en riesgo inversiones de 15.000 millones de euros y los propietarios avisan de que desincentiva la oferta de alquileres

Y no están solas en sus advertencias. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) lanzó ayer una respuesta muy dura y contundente al pacto del PSOE y Sumar para suprimir el régimen fiscal ventajoso de las socimis. El supervisor bursátil alerta de una posible gran fuga de estas sociedades fuera de España por la medida. «Cambios en las condiciones fiscales de estas empresas cotizadas pueden tener efectos significativos en la cotización e incentivar la deslocalización de las mismas a otros mercados europeos, por lo que pedimos cautela ante los cambios que se están estudiando en el régimen fiscal de las socimis», indican fuentes de la CNMV, que recuerdan que en otros países europeos existen las mismas condiciones ventajosas para este tipo de sociedades.

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Daniel Caballero

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Merlin y Colonial son dos compañías que cotizan en el Ibex 35 y que entre ambas suman alrededor del 40% del capital total de 25.575 millones que acumulan las 116 socimis que operaban el año pasado en España, según la consultora Atlas Insight Assets Management. Las dos alas del Gobierno dicen que la medida busca atajar «el régimen fiscal especial por el que solo tributan al 1% en el Impuesto de Sociedades y que no ha servido para mejorar la oferta de viviendas», según la literalidad de lo plasmado en el acuerdo presentado el lunes. Una objeción que Merlin rechazó ayer apuntando que en la legislación promulgada en la segunda legislatura del PSOE de Zapatero (se aprobó en 2013 con Rajoy) ni siquiera se pronunciaba la palabra vivienda.

Las cuatro mayores españolas cotizadas (Merlin, Colonial, Árima y LAR) no tienen activos residenciales en cartera. Según Asval, en España tan solo hay una veintena de socimis dedicadas principalmente al alquiler de larga estancia, con una capitalización bursátil cercana a los tres mil millones.

Las socimis son sociedades dedicadas a la adquisición y promoción de activos inmobilarios que tienen la obligación de cotizar en Bolsa. La ventaja fiscal que señala el Gobierno les permite tributar al 1% el impuesto de Sociedades a cambio de repartir al menos el 80% del dividendo entre sus accionistas. Los beneficios no distribuidos sí tienen un gravamen del 15%. El año pasado, tan solo fueron 105 millones de euros los que se ahorraron las socimis por esta ventaja, según la memoria de beneficios fiscales de Hacienda.

Merlin, cuyas inversiones se centran en oficinas, centros comerciales o centros de datos, aseguró ayer que ya evalúa «distintos escenarios y planes de contingencia» en defensa de sus accionistas, clientes y empleados en el caso de que salga adelante la propuesta fiscal del Gobierno, según remitió a la CNMV. Fuentes empresariales aseguraron a este periódico que entre las medidas que se están estudiando está la de trasladar su sede social social de España como ya hizo Ferrovial el año pasado. «Se están estudiando todas las posibilidades, y todas son todas».

El presidente de Colonial, Juan José Brugera, fue más certero aún. «En caso de aprobarse la reforma del régimen legal de las socimis, Colonial revaluará su estrategia de inversiones y la ubicación de sus actividades y de su estructura jurídica, y adoptará, en su caso, las medidas que mejor convengan al interés de sus accionistas e inversores, todo ello con el objeto de que estas potenciales medidas no tengan un impacto negativo en la sociedad», dijo el mandatario ayer en declaraciones a Ep.

El sector inmobiliario en su plenitud cree que hay mucho en juego. La Asociación Española de Consultoras Inmobiliarias (ACI) dice que la posible supresión del régimen fiscal de las socimis pone en riesgo 15.000 millones de euros en inversión desde 2014. «El Gobierno debe reconsiderar este cambio; podría llevar a que estas sociedades busquen otros destinos fuera de España donde cotizar y promover nuevos activos», señaló ayer su presidente Ricardo Martí-Fluxá.

Contra la medida también se ha posicionado Asval, que representa a los propietarios de vivienda en alquiler, tanto grandes como pequeños. El 'lobby' defiende la necesidad de mantener la figura tributaria de las socimis para aumentar la oferta de arrendamiento en España, al revés de lo que promulga el Gobierno. «Ante el alarmante déficit de vivienda disponible en España, lo que precisamente necesitamos, y con urgencia, es que el sector del alquiler residencial institucional siga creciendo», defiende la directora general de Asval, Laura Fernández. «No se entiende que la propuesta sea gravar con más impuestos justo el sector al que España más necesita ahora», añade.

Fernández avisa que, de seguir adelante, la medida no solo desincentivará a que vengan nuevos operadores, sino que «acentuará los planes de desinversión que se han ido poniendo en marcha en los últimos años como consecuencia del aumento de medidas poco equilibradas».