Las empresas se unen a Repsol contra el acoso fiscal y laboral del Gobierno

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha advertido de que cuando los impuestos son «a la carta», las empresas «tienen el derecho de buscar los espacios adecuados». «Cuando las empresas que están globalizadas ven espacios, tienen que ir hacia ellos», ha indicado Garamendi, en declaraciones a Onda Cero, en las que ha alertado de que cuando hay «inseguridad jurídica y hay inestabilidad regulatoria», los directivos, como Josu Jon Imaz, dicen «lo que tiene que decir como alto ejecutivo de una compañía».

«Las compañías son de sus accionistas, invierten y tienen que ser retribuidos. Cuando vemos impuestos a la carta, que generan una inestabilidad total y son impuestos porque sí, las empresas tienen el derecho de buscar los espacios adecuados«, ha indicado Garamendi.

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Asimismo, el líder de la patronal ha afirmado que hay millones de españoles que tienen sus ahorros depositados en empresas españolas y que son «dueños» de dichas empresas, y ha lamentado que parece que es «pecado mortal» que esos señores tengan derecho a que crezcan esas acciones, a que tengan un valor o a cobrar un dividendo.

«Está demonizado que las compañías ganen dinero para invertir, para hacer I+D+i». Parece que el gobierno de turno tiene que decidir si una compañía gana mucho o poco«, ha criticado Garamendi, quien ha asegurado que le encantaría que hubiera «un Íbex 500».

El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha asegurado que gravar al sector bancario «no es buena idea» y que «es pegarse un tiro en el pie» por la tarea de financiar a la economía que realiza la banca.

Lo ha dicho hoy en una rueda de prensa celebrada en Valencia tras la presentación de los resultados de la entidad. «Si castigamos al aparato circulatorio, castigamos a toda la economía», ha dicho Gortázar, refiriéndose a que la banca realiza el trabajo de hacer circular el capital hacia el resto de sectores.

Gortázar ha recordado que la extensión o no del impuesto extraordinario a la banca depende de los acuerdos parlamentarios y que es un debate que se debe hacer, pero que «se basa en una hipótesis no cierta», esto es, en unos resultados extraordinarios que no se estarían produciendo.

«Mi opinión es que al gravar a la banca se está «discriminando» a los bancos regulados respecto a otras opciones de financiación y respecto a competidores a la hora de realizar inversiones. Además, ha lamentado que el impuesto conlleva que las entidades españolas sean menos competitivas que otros bancos europeos y ha asegurado que se trata de un gravamen a los accionistas.

Ha negado la posibilidad de reducir las inversiones que realiza el banco, pero es «un aliciente para no crecer en financiación», ha dicho. «Invertir en España 'versus' no invertir en España tiene que ver con qué hacemos con el capital que vamos generando», ha dicho, ya que si se queda en la entidad se verá sometido al impuesto a la banca.

Desde Mapfre, por su parte, el presidente Antonio Huertas también ha cargado contra alguna de las medidas del pacto PSOE-Sumar. En la rueda de prensa de presentación de resultados, el dirigente ha entrado a valorar concretamente la jornada laboral de 37,5 horas pactada entre ambas formaciones.

Este ha reclamado políticas «proempresa» y que en realidad «lo que necesita España es recuperar la productividad». «España está perdiendo productividad cada año y necesitamos recuperar esa productividad, bien no reduciendo las horas, bien haciendo que las empresas se tecnifiquen, se digitalicen más y podamos acceder a mercados a productos y a distribuciones más abiertas. Todo lo que sea crear más espacios cerrados para las empresas, más regulación, no es adecuado», ha indicado.

Hay que recordar que el consejero delegado ejecutivo de Repsol, Josu Jon Imaz, calificó el 'impuestazo' a banca y energéticas de «ilegal, inconstitucional y discriminatorio».

«Está impactando y castigando en términos negativos a las empresas energéticas que invierten en activos industriales y que crean empleos industriales en el país», afirmó, subrayando que una prórroga de este gravamen «penalizará aún más a esta empresa, con una clara repercusión en sus inversores y en su capacidad de invertir en la transición energética«.

A este respecto, puso como ejemplo que la unidad de Química en España del grupo está pagando este impuesto sobre las ganancias extraordinarias en función de la cifra de facturación, «cuando a nivel neto está incurriendo en pérdidas y tiene dificultades para competir en el mercado internacional».

Por ello, indicó que Repsol prevé «grandes inversiones» en la transformación de sus complejos industriales en España, aunque consideró que «la falta de estabilidad en el marco regulatorio y fiscal podría condicionar las futuras inversiones en los proyectos industriales en el país«.

Imaz señaló que España es «la principal geografía» donde está invirtiendo el grupo y donde prevé seguir desarrollando «esta gran inversión» en sus activos industriales, aunque añadió que para que esto siga siendo así es necesario «tener un marco regulatorio y fiscal claro, predecible y estable».

De lo contrario, comentó que la compañía tiene «otras alternativas», como Portugal, donde podría tener actividad internacional en su negocio industrial.

«Pero de nuevo vamos a analizar detenidamente cuál es el marco regulatorio y fiscal antes de tomar nuevas decisiones de inversión en la geografía española. Porque tenemos que proteger, ante todo, a nuestros accionistas, a nuestros empleados», destacó.

Para el ejecutivo de la petrolera, este impuesto especial «está favoreciendo a la gente que viene al mercado español, no creando ni un solo empleo industrial en España. Y está castigando a las empresas que estamos invirtiendo en España. Estamos creando industria en España», dijo.

Además, manifestó que Repsol dará 'batalla' a este gravamen tanto en la justicia española como europea, ya que existe una «diferencia bastante importante» entre lo que definió el Consejo Europeo como impuesto, siendo temporal para responder a las condiciones especiales del mercado y basada en los beneficios, y no en la facturación como en España.

Además, advirtió de que en el caso de que en la Audiencia Nacional se tumbe el recurso de la empresa, Repsol irá al Tribunal Constitucional, ya que cree que el gravamen «es inconstitucional y además está rompiendo la competencia europea».

«Estoy convencido que vamos a ganar al final del camino porque algo que es injusto, ilegal, discriminatorio y está impactando en términos negativos no puede ser en cualquier caso que se apruebe, y tenemos que intentar resolver el problema. Por supuesto en términos legales, y confiamos en nuestro sistema judicial y también en el marco constitucional», aseveró.

Por parte del Gobierno, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos en funciones, Nadia Calviño, ha insistido este viernes que «por supuesto que hay margen» para que las entidades financieras y energéticas, que están presentando resultados «milmillonarios» estos días, realicen una mayor aportación fiscal a la que efectúan actualmente.

En esta línea, Calviño ha recordado a Repsol que en «muchos» países del entorno español se están poniendo en marcha impuestos extraordinarios similares a los adoptados en España para las energéticas y la banca. En el caso de nuestro país, el Ejecutivo espera recaudar unos 3.000 millones de euros del ejercicio de 2022 de las empresas de ambos sectores.

En declaraciones a RNE recogidas por Ep, la vicepresidenta respondía así al ser preguntada por la amenaza lanzada ayer por Repsol de desinvertir en España si se mantiene el impuesto a las empresas energéticas, tal y como recoge el acuerdo de gobierno entre PSOE y Sumar.

«Yo lo que veo es justamente que cada vez son más los países que están poniendo este tipo de impuestos y, por tanto, la tendencia está muy clara. También veo que los inversores internacionales apuestan por España, que estamos atrayendo proyectos estratégicos importantísimos, precisamente porque España es un país que tiene paz social y un entorno favorable a la inversión y también porque tenemos precios de la energía más bajos que los países de nuestro entorno», ha señalado.

Así, la vicepresidenta ha afirmado que, recibiendo ese mensaje de los inversores internacionales, le «sorprendería que los propios españoles sean los que vayan en una dirección distinta». «Los resultados milmillonarios que estamos conociendo estos días de los bancos, de las entidades energéticas, explican y ponen sobre la mesa que es necesario que contribuyan, pues han de contribuir más quienes más tienen y en este momento quienes están teniendo unos beneficios tan extraordinarios», ha añadido.

La vicepresidenta primera en funciones ha defendido que la recaudación fiscal de estos dos impuestos extraordinarios está respondiendo a la previsión del Ministerio de Hacienda. «Es decir, que acertamos cuando pensamos que iba a haber unos beneficios extraordinarios y que era bueno que hubiera una mayor justicia en la financiación de la respuesta al impacto de la guerra», ha subrayado Calviño.

Por su parte, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, defendió este viernes que «un Estado no puede aceptar el chantaje de ninguna empresa», en referencia implícita a Repsol, y dijo que le «preocupa extraordinariamente que la patronal pueda ser cómplice» de empresas que amenazan con no invertir en España por aspectos fiscales.

Álvarez hizo estas afirmaciones durante la clausura de unas jornadas sobre negociación colectivas que se celebraron esta semana en la sede central del sindicato en Madrid, donde sin citar a Repsol, sacó a colación esta cuestión.

Al respecto, criticó que hagan declaraciones de este tipo empresas que se fortalecieron a partir del dinero público o que tienen relación con «problemas medioambientales» de este país. «Ya está bien, que apechuguen con sus responsabilidades. No os preocupéis, no se van a ir los bancos o vendrán otros», ironizó Álvarez ante los asistentes, ante quienes defendió que «las empresas energéticas tampoco se van a ir» y «tienen que responder a las necesidades que tiene este país».

De hecho, juzgó que España «no tiene, ni de lejos», un nivel impositivo «alto», sino al contrario, mientras que la banca está registrando los beneficios más altos de su historia y las energéticas los segundos, solo por debajo de los del año pasado.

Sobre esta polémica, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha manifestado en una entrevista en Canal Sur Radio que ha recibido «con preocupación» esas declaraciones porque Repsol «es una de las grandes multinacionales españolas y porque ha aclarado y ha explicado qué es lo que ocurre».

«Lo que sucede es que si en un país a una determinada actividad industrial o económica hay unos impuestos muy por encima de otros países a esa misma actividad, hay una tensión evidentemente de deslocalización de la inversión y de deslocalización de empleo«, ha manifestado, para insistir en que esto »preocupa« al PP.

Tras recordar que Ferrovial trasladó su sede fuera de España, ha avisado que ahora «la empresa energética Repsol está mandando un mensaje de que una cosa es un impuesto excepcional durante un año y otra cosa es que ese impuesto excepcional se convierta en un impuesto ordinario«, algo que, según ha dicho, lleva a que este tipo de compañías tengan »tensiones lógicamente de rentabilidad y pueden hacer esas inversiones en países donde se les facilita desde el punto de vista fiscal esa inversión con menor pago«.

Feijóo ha recalcado que «nunca» habían pagado tantos impuestos como ahora«. »Nunca los españoles hemos tenido una presión fiscal tan alta como la que hemos padecido y seguimos padeciendo en los últimos años. Nunca las empresas españolas han pagado también tantos impuestos como antes y, sin embargo, nunca hemos tenido además tanta deuda pública en nuestra historia«, ha relatado.