La patronal ligada al independentismo exige voz en el diálogo social

El apoyo del Gobierno sorprendió al mundo empresarial en un momento en el que las relaciones ya estaban muy deterioradas y fue entendido como un disparo a la línea de flotación de la CEOE, con el claro objetivo de debilitar a la asociación que lidera Antonio Garamendi. La nueva patronal nació para competir con Cepyme, aunque hoy su peso sigue siendo residual y está muy lejos del que tiene la organización que dirige Gerardo Cuerva.

El objetivo de la patronal catalana es muy claro: tener su sitio en el diálogo social, donde el Gobierno negocia con empresarios y sindicatos las reformas laborales. Muchas han sido las llamadas a la puerta de la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, sin ningún éxito, lo que llevó a esta organización ante el Defensor del Pueblo europeo, además de presentar un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo por su exclusión del reparto de subvenciones de fondos europeos por valor de 30.625.000 euros.

La petición de la patronal ligada al independentismo cobra ahora mayor relevancia, en un momento en el que Pedro Sánchez busca apuntalar su investidura para seguir instalado en La Moncloa con el apoyo de partidos como ERC y Junts. Trabajo no ha escuchado hasta ahora sus argumentos, pero las fuentes empresariales consultadas temen que en el nuevo escenario Díaz acceda y modifique los criterios legales sobre la representatividad de las organizaciones y abra paso a la asociación que preside José María Torres.

Pero ¿qué conexiones tiene Conpymes con el independentismo catalán? Cuando nació fue tildada de patronal de izquierdas y con base independentista catalana, por el fuerte peso que tiene dentro de ella Pimec, asociación que representa a las pymes de Cataluña. «Somos una organización plural, sin etiquetas ideológicas, en la que convive gente y organizaciones de procedencias, trayectorias, territorios y ámbitos muy diversos», aseguró en 2021 la vicepresidenta de Conpymes, María José Landaburu, quien a su vez es secretaria general de Uatae, asociación de autónomos cercana a Unidas Podemos y colaboradora del sindicato CC.OO., cuyo secretario general, Unai Sordo, está muy próximo a Yolanda Díaz.

La otra vicepresidencia de Conpymes la tiene Pimec, la asociación presidida por Antoni Cañete. Este accedió al cargo en 2021 con un programa apolítico tras vender al candidato independentista de la Asamblea Nacional de Cataluña (ANC), Pere Barrios. Pero apenas un mes después su defendida neutralidad se evaporó y el independentismo logró colocar en la organización como secretario general a Josep Ginesta, militante de ERC y exsecretario de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat, de donde fue cesado tras un caos en la concesión de ayudas a los autónomos. Fue procesado por su participación en la organización del referéndum independentista del 1-O y en 2017 fue número dos de la exconsejera Dolors Bassa. Otra prueba de los lazos de la patronal con el secesionismo es la presencia de Carles Puigdemont el pasado 3 de julio en un acto organizado por Pimec en Bruselas.

Conpymes ya existía desde 2018 como Plataforma Pymes, lo que para las fuentes empresariales consultadas es la evidencia de que la creación de la patronal en 2021 fue solo un lavado de cara. Su objetivo de competir con Cepyme es hoy una ilusión. La primera apenas agrupa una treintena de organizaciones, mientras que en Cepyme hay integradas 57 organizaciones territoriales, 75 sectoriales y más de 3.000 asociaciones de base.

Pero la organización catalana insiste en que tiene el peso suficiente como para sentarse en la mesa de negociación con sindicatos y Gobierno y que el Ministerio de Trabajo debe otorgarles la representatividad. Argumenta que igual que los sindicatos miden sus fuerzas en las elecciones sindicales, y de ahí emana su representatividad, la patronal debería también certificarla.

Para justificar su representatividad Conpymes se agarra a la disposición adicional sexta del Estatuto de los Trabajadores, sobre la representación institucional de los empresarios, que establece que «a efectos de ostentar representación institucional en defensa de intereses generales de los empresarios ante las Administraciones Públicas y otras entidades u organismos de carácter estatal o de comunidad autónoma que la tengan prevista, se entenderá que gozan de esta capacidad representativa las asociaciones empresariales que cuenten con el diez por ciento o más de las empresas y trabajadores en el ámbito estatal».

El argumento que ha usado hasta ahora el Ministerio de Trabajo para rechazar su reclamación alude al reiterado debate sobre la representatividad de las organizaciones empresariales y sindicales y a la dificultad que llevan aparejadas las fórmulas recogidas en la ley para determinar si se cumple o no una determinada cuota. Pero la nueva patronal cree que los criterios son claros y que en un país donde el 99,8% del tejido empresarial son pymes, no se entiende que éstas no dispongan de una representación independiente en la mesa de diálogo social.

Si no se llega a un entendimiento, la batalla legal puede ser larga, teniendo en cuenta lo que ocurrió en Cataluña, donde las patronales Fomento del Trabajo y Pimec alcanzaron un acuerdo para repartirse la representatividad en esa región tras una década de litigio.