Un paro de transportistas para evitar pagar más impuestos

Así lo afirman fuentes de la Confederación Española de Transportes por Mercancías, que recuerdan que un buen número de transportistas autónomos están acogidos al sistema de módulos y que, para continuar en él durante 2023, deben facturar menos de 125.000 euros este ejercicio. «Se trata de una cuantía que muchos de ellos están cerca de superar porque este año han podido trasladar los costes a sus servicios, elevando así la facturación», apunta el secretario general de la organización, Dulsé Díaz.

Según sus palabras, un buen número de transportistas ya tenía previsto cogerse vacaciones en diciembre para evitar sobrepasar ese umbral y acabar en el sistema de tributación por estimación directa, más gravoso para los profesionales. En esta modalidad, el camionero autónomo tributa por todo lo que factura y en general soporta un tipo fiscal efectivo bastante superior al que disfruta si permanece dentro del llamado 'régimen de módulos', lo que le condenaría a abonar una factura fiscal más alta.

Entre 6.000 y 8.000 euros más puede llegar a pagar un transportista si sobrepasa los 125.000 euros de facturación, según fuentes del sector. Razón por la que la mayoría de autónomos del sector está acogida a los módulos: 55.336 estaban en este sistema en 2019 y tan solo 18.473 lo hacían en régimen de estimación directa en el mismo año. según las estadísticas de IRPF. Los datos estadísticos oficiales de la Agencia Tributaria respecto al segmento del transporte en carretera revelan, asimismo, que mientras que los autónomos que tributan por módulos declaran un rendimiento positivo medio de 6.252 euros, los que están en estimación directa simplificada declaran rendimiento medios de 19.700 euros. El tipo efectivo de IRPF para los 'moduleros' oscila entre el 2% y el 8%, mientras que el resto supera ligeramente el 21%.

Desde la Plataforma insisten en que sus reivindicaciones nada tienen que ver con el cambio de modelo fiscal y exigen multas de hasta 90.000 euros para los distribuidores que no cumplan con la reforma aprobada por el Gobierno en verano para calmar al sector. La ley ya establece asuntos como que los transportistas no pueden trabajar a pérdidas y tengan mecanismos para poder repercutir la subida de los costes a los precios del transporte, pero según la Plataforma estos aspectos no se cumplen en la práctica. Por ello, los convocantes del paro indefinido reclaman que una serie de autoridades como la Guardia Civil, la Policía y la Inspección de Transporte supervisen que se cumplen los decretos aprobados en los últimos meses para ayudar en el sector.

Noticia Relacionada

¿Cómo te afectará la huelga de transportistas? ¿Habrá desabastecimiento?

ABC

Los paros indefinidos convocados por la Plataforma Nacional en Defensa del Sector del Transporte amenazan la cadena de suministro

Mientras, tanto el Gobierno como el mundo económico contienen el aliento. La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ha cambiado radicalmente su estrategia respecto a las movilizaciones producidas en primavera y ahora, en lugar de ignorar a los convocantes de los paros, les tiende la mano. «Vamos a hacer todo lo posible para evitar las movilizaciones», aseguró ayer Sánchez en declaraciones a Telecinco. La ministra aseguró que el Ejecutivo ha cumplido con el sector y tiene la voluntad de «garantizar que los transportistas trabajan en condiciones dignas». «Nos toca seguir trabajando», añadió.

La posición de Transportes ahora contrasta con la que adoptó el ministerio durante los primeros paros de los transportistas, acometidos durante la pasada primavera. Entonces el Gobierno aseguró que los paros habían sido convocados por grupos de extrema derecha y no tendrían repercusión. Además, se negó a reunirse con los convocantes. Solo cuando los paros empezaron a colapsar la cadena de suministros y estuvieron a punto de provocar una crisis de abastecimiento en los supermercados el Ejecutivo reculó y aceptó sentarse con la Plataforma.

Desde entonces, el sector se ha visto beneficiado por varios decretos de ayuda y medidas adicionales. Además de regular los trabajos a pérdidas, dar la opción de trasladar el precio del carburante al precio del transporte, devolver de forma mensual el gasóleo profesional y prohibir que sean los transportistas los que descarguen la mercancía, el Ejecutivo ha concedido dos paquetes de ayudas directas valorados en 450 millones cada uno para el sector del transporte por carretera. El último de ellos, puesto en marcha el pasado verano, incluye ayudas directas a los camioneros de hasta 1.250 euros por vehículo pesado de mercancías y 950 euros por vehículo ligero de mercancías.

Estos incentivos han calmado los ánimos de las patronales del sector, que consideran que los nuevos paros no tienen sentido. Ayer, la CETM denunció que los paros supondrían «un retroceso para el sector, la economía y la sociedad española» y abogó por reforzar la vía del diálogo. Las organizaciones están presionando al Gobierno para que evite la celebración de piquetes violentos, que provocaron que un buen número de transportistas no pudiesen llevar a cabo su actividad habitual durante los paros producidos la pasada primavera. Entonces hubo altercados violentos que desembocaron en serios desperfectos para un buen número de camiones que todavía ni siquiera se han podido cuantificar.