La parálisis del Gobierno amenaza el quinto pago de los fondos de recuperación

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Bruno Pérez

El asunto destapa dos realidades: una coyuntura política, la debilidad parlamentaria del Gobierno de España, y una cuestión ya estructural en clave económica: ¿está el sector del automóvil preparado para alcanzar el objetivo fijado por la Comisión Europea de finalizar con los vehículos de combustión en 2035? El presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), Josep María Recasens, calificó el jueves de «misión imposible» no ya ese objetivo a diez años, sino los objetivos de emisiones para finales de este año. La recién estrenada normativa europea CAFE contempla potentes multas a los fabricantes de vehículos que no cumplan con los límites exigidos a final de año.

Según admiten a ABC fuentes del Ministerio de Hacienda, el Gobierno «va a intentar sacarlo, pero la aritmética es la que es». En este sentido, aseguran que «se están produciendo conversaciones» y que «se contemplaba para el 1 de abril». No obstante, y ante la eventualidad de que no se consigan los apoyos, confían en que Bruselas «sea sensible» y entienda cuál es la voluntad del Gobierno: «Nada está escrito en piedra y ya el cuarto pago no fue completo y luego se recuperó». Más optimista es el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, quien dijo el martes, precisamente en Bruselas tras la última reunión del Ecofin, que el Ejecutivo está aún «dentro de plazo» para cumplir las exigencias de Bruselas y poder recibir así el desembolso íntegro. Igualmente optimista se mostró el viernes la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen. En su opinión, tener ese impuesto aprobado «lo antes posible» es una manera de incentivar la compra de vehículos eléctricos. Es decir, el Gobierno mantiene el plan marcado por la hoy vicepresidenta de la Comisión Europea Teresa Ribera: no al diésel, sí al coche eléctrico, a pesar de las dificultades.

Para aprobar la reforma fiscal, el Gobierno necesita el apoyo, cuando menos, del PNV, Junts y Podemos, los cuales se oponen desde posiciones distintas que además parecen incompatibles y que afectan también a otro impuesto, en este caso el que el Gobierno preveía imponer a las energéticas y a la banca. El primer intento de cumplir con el hito marcado por la Comisión Europea fracasó cuando decayó el decreto ómnibus que el Gobierno llevó al Congreso después de Navidad. Desde entonces, el Gobierno no ha movido ficha con los posibles apoyos parlamentarios.

Desde Podemos se explica a ABC que «no vamos a apoyar una política fiscal que suba los impuestos al diésel y se los baje a las energéticas». En este sentido, aseguran que no ha habido contactos del Gobierno con su partido. «Ninguna novedad tampoco para recuperar el impuesto a las empresas», añaden.

Como es conocido, la relación con Junts no atraviesa su mejor momento, aunque tras la caída del decreto hace pocas semanas el Gobierno ha hecho todo lo posible por reactivarla. Sin embargo, en este momento, según revelan en Junts, la prioridad del Gobierno respecto a ellos está en salvar mañana la proposición no de ley que reclama al presidente del Gobierno que se someta a una moción de confianza. De los impuestos al diésel no han vuelto a hablar desde que decayó el decreto, aseguran a ABC desde el entorno de Puigdemont sorprendidos por la pregunta.

La cuestión económica es más profunda, pues en la anterior legislatura la Comisión Europea fijo objetivos muy ambiciosos con la idea de alcanzar la implantación del vehículo eléctrico en 2035. La Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEES) considera que lo que tendría que hacer el Gobierno es «revisar» la fiscalidad del combustible de la automoción. Nacho Rabadán, director general, explica que hay un camino intermedio entre la implantación inmediata del vehículo eléctrico y la desaparición de los combustibles fósiles. «El tema está en conseguir que el consumidor consuma combustible renovable y deje el fósil», asegura antes de añadir que «la tecnología existe», motivo por el que las petroleras quieren que, lejos de incrementar los impuestos al diésel, el Gobierno apruebe una fiscalidad favorable para los combustibles renovables. Según sus investigaciones, «han puesto encima de la mesa opciones que reducen significativamente la contaminación y aumentarán la competitividad». «Podemos aceptar que el combustible que más contamina pague más, pero siempre que el que contamina menos pague menos», apunta antes de recordar a la ministra Aagesen que el sector de la automoción representa el 20% del PIB español.

El debate sobre la fiscalidad de la automoción está abierto. Según un informe de Funcas, la subida para igualar el diésel con la gasolina afectará a los hogares de rentas más bajas y los localizados en zonas rurales. El principal partido de la oposición reclama que ese debate se abra aún más, al modelo fiscal en su conjunto. Y, mientras, la Comisión Europea tiene hasta fin de año para aprobar un informe sobre el ciclo de vida completo de las energía de la movilidad. Nada está escrito en piedra.