El Gobierno abre una vía para poner bajo su control los grandes proyectos de inversión que se hagan en España
Maniobra para que el Congreso apruebe una nueva categoría legal de inversiones estratégicas, cuya calificación dependerá en exclusiva del Ejecutivo
La inclusión en esa categoría dará acceso a ventajas como la conexión preferente a la red eléctrica y permitirá al Gobierno imponer condiciones y obligaciones
Menos papeleo, acceso rápido al menú de ayudas públicas disponibles, acompañamiento de la Administración en todo el proceso de tramitación administrativa del proyecto hasta el inicio de su ejecución y, como medida estrella, «facilitación del acceso y la conexión del proyecto a las infraestructuras eléctricas ... , hidráulica, de transporte terrestre o de otro tipo que resulten necesarias para su puesta en marcha y ejecución». Esta suerte de alfombra roja administrativa es la que el Gobierno parece dispuesto a extender a los inversores que estén dispuestos a desarrollar en España proyectos «para la mejora de las capacidades tecnológicas, científicas o productivas y en las que concurran razones de interés público, social y económico para el conjunto del país».
El asterisco, y no es menor, es que para que toda esta larga lista de ventajas se active el proyecto tendrá que ser incluido en la categoría de proyecto estratégico de inversión y que esa catalogación no se derivará en principio del cumplimiento de una serie de parámetros objetivos tasados en una norma sino de la decisión de un órgano dependiente del Gobierno, el Comité de Inversiones Estratégicas, cuya creación ya anunció el presidente Pedro Sánchez el pasado mes de enero.
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El Ejecutivo debe tener cierta urgencia en poner en marcha este nuevo dispositivo gubernamental porque ha decidido colarlo vía enmienda del Grupo Socialista en el proyecto de Ley de Función Pública, cuyo objetivo no tiene nada que ver con canalizar nuevas inversiones hacia el tejido productivo ni con la protección de los intereses estratégicos del país sino con regular el régimen administrativo, laboral y salarial de los funcionarios.
La enmienda, a la que ha tenido acceso ABC, responde a «la necesidad de impulsar la atracción y captación de nuevos proyectos de inversión claves para la seguridad económica y la autonomía estratégica y con clara proyección en el crecimiento económico» y regula la nueva figura de los proyectos estratégicos de inversión con el objetivo declarado de «identificarlos, diferenciarlos y priorizarlos con respecto a los proyectos no estratégicos».
El planteamiento expuesto en la enmienda deja descansar sobre una decisión gubernamental aspectos tan críticos para el despliegue con éxito de un proyecto de inversión como el acceso a una conexión eléctrica, a la red hidráulica -clave para desarrollos tan en boga como los centros de datos- o la conexión de cualquier potencial infraestructura con la red de carreteras.
Porque el texto deja claro que la decisión de catalogar un proyecto como inversión estratégica se adoptará por la Comisión Delegada de Asuntos Económicos del Gobierno, que preside el ministro de Economía, previa solicitud del Comité de Inversiones Estratégicas, que estará formado a su vez por representantes de diferentes ministerios.
La redacción de la enmienda deja a un futuro desarrollo reglamentario tanto la estructura de ese comité como la definición de los criterios a seguir para la declaración de un proyecto como inversión estratégica o no.
Control sobre los inversores
La idea del Gobierno, según lo volcado en la enmienda del Grupo Socialista, es que este esquema se pueda aplicar tanto a nuevas inversiones (greenfield, en la jerga económica) como a reinversiones en proyectos ya existentes, pero en ningún caso a operaciones de tomas de control o entrada en el capital de empresas nacionales. Pese a ello, no se descarta aplicar a las inversiones el esquema de protección ante inversiones exteriores, que el Gobierno ya ha utilizado para frenar diversas operaciones corporativas en Telefónica, Naturgy o Talgo.
El marco regulatorio que de alguna manera pretende consolidar la figura de los Perte fuera del perímetro de los fondos europeos prevé, asimismo, la imposición de determinados «compromisos y obligaciones» a los inversores por parte del Gobierno cuando así se considere conveniente, bajo el argumento de que se trata de inversiones que pueden afectar a la «seguridad económica y la autonomía estratégica». El incumplimiento de alguna de esas condiciones llevaría aparejada la pérdida total o parcial de las ventajas regulatorias y administrativas que se prevén para estos proyectos.
El proyecto de Ley de Función Pública encara ahora su tramitación parlamentaria y es un compromiso del Gobierno dentro del Plan de Recuperación aun por cumplir.
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