País Vasco y Cataluña no pueden pagar sus pensiones con las cotizaciones
Suman un déficit conjunto que roza los 9.900 millones y es la solidaridad entre regiones la que permite que sus jubilados cobren su nómina mensual
La Constitución y sucesivas sentencias del TC blindan la caja única y la igualdad entre Comunidades
Los funcionarios avisan de que la transferencia al País Vasco de la Seguridad Social romperá la caja única de las pensiones
Pedro Sánchez ha abierto una vía en el PNV para romper la caja única de la Seguridad Social y, con ello, la unidad y la solidaridad de las pensiones y la recaudación de las cotizaciones sociales. El Gobierno puntualiza ahora que esa caja única, la ... columna vertebral del sistema de reparto, no está en peligro, insiste en que aún hay que dar contenido al traspaso de la gestión económica. Lo contrario que opina el PNV. Con la vista puesta en lograr una Seguridad Social vasca en un plazo máximo de dos años ya da por descontado que la cesión de Sánchez permitirá a esta región recaudar las cotizaciones y pagar las pensiones. Una cuenta atrás para lograr una Seguridad Social vasca, el objetivo desde hace más de cuarenta años, que también ha exigido Cataluña.
Pedro Sánchez va a quebrar esa negativa de los diferentes gobiernos durante más de cuarenta años, cuatro décadas en las que todos han negado esa transferencia por entender que suponía una quiebra en la política de solidaridad entre las regiones. El Estatuto de Guernica declara al País Vasco competente de la gestión del régimen económico, pero la Constitución proclama la unidad de la caja única del instituto público. Buscar un punto intermedio es lo que ahora deben negociar ambas partes.
De momento, es la solidaridad entre regiones la que permite que en el País Vasco y en Cataluña se paguen las pensiones. Con el desfase que ambas regiones tienen entre ingresos y gastos no podría cumplir con el pago de las jubilaciones, entre las más elevadas de toda España en el caso de la comunidad vasca. Esta registró un desfase entre ingresos y gastos el pasado ejercicio de 4.000 millones, cifra que en el caso de Cataluña asciende a 5.871 millones. Entre ambas suman un déficit que roza los 9.900 millones de euros, según refleja un estudio realizado por José Antonio Herce, presidente del foro de expertos del Instituto BBVA de pensiones.
Ingresos y gastos de las pensiones contributivas
En 2022 / En millones de euros
Ratio
cotizantes-
pensionista
Ingresos por cotizaciones
Gastos por pensiones
Balance
16.012,6
2,0
Andalucía
-6.149,1
22.161,7
3.259,8
1,9
Aragón
-1.710,0
4.969,7
2.197,0
1,2
Asturias
-3.172,6
5.369,6
3.096,0
2,6
Baleares
+209,7
2.886,2
4.418,1
2,4
-447,7
Canarias
4.865,8
1.233,5
1,6
-1.089,3
Cantabria
2.322,8
3.858,2
1,9
-1.549,4
Castilla-La Mancha
5.407,6
4.961,7
1,5
-4.425,0
Castilla y León
9.386,7
22.099,2
2,0
-5.871,0
Cataluña
27.970,3
10.791,5
2,0
-3.602,3
Com. Valenciana
14.393,8
1.834,2
1,7
-1.138,9
Extremadura
2.973,1
5.595,7
1,3
-4.428,4
Galicia
10.024,1
21.892,4
2,8
+179,8
Madrid
21.712,5
3.004,3
2,4
-441,1
Murcia
3.445,4
1.881,2
2,1
-602,3
Navarra
2.483,5
6.787,3
1,7
-4.002,1
País Vasco
10.789,4
707,0
1,8
-372,9
La Rioja
1.080,0
277,4
2,6
+15,0
Ceuta y Melilla
262,4
113.907,1
2,0
-38.597,5
España
152.504,6
Fuente: BBVA / ABC
Ingresos y gastos de
las pensiones contributivas
En 2022 / En millones de euros
Ingresos por cotizaciones
Gastos por pensiones
Ratio
cotizantes-pensionista
Balance
16.012,6
2,0
-6.149,1
Andalucía
22.161,7
3.259,8
1,9
-1.710,0
Aragón
4.969,7
2.197,0
1,2
-3.172,6
Asturias
5.369,6
3.096,0
2,6
+209,7
Baleares
2.886,2
4.418,1
2,4
-447,7
Canarias
4.865,8
1.233,5
1,6
-1.089,3
Cantabria
2.322,8
3.858,2
Castilla-
La Mancha
1,9
-1.549,4
5.407,6
4.961,7
Castilla
y León
1,5
-4.425,0
9.386,7
22.099,2
-5.871,0
2,0
Cataluña
27.970,3
10.791,5
Comunidad
Valenciana
-3.602,3
2,0
14.393,8
1.834,2
-1.138,9
1,7
Extremadura
2.973,1
5.595,7
-4.428,4
1,3
Galicia
10.024,1
21.892,4
+179,8
2,8
Madrid
21.712,5
3.004,3
-441,1
2,4
Murcia
3.445,4
1.881,2
-602,3
2,1
Navarra
2.483,5
6.787,3
-4.002,1
1,7
País Vasco
10.789,4
707,0
-372,9
1,8
La Rioja
1.080,0
277,4
Ceuta y
Melilla
+15,0
2,6
262,4
(fuera de escala)
113.907,1
España
2,0
-38.597,5
152.504,6
Fuente: BBVA / ABC
La caja única sigue salvando la solidaridad de las regiones. Y esta realidad oculta otra realidad incontestable. Son mayoría las autonomías que no podrían pagar sus pensiones con las cotizaciones sociales que ingresan, como demuestran tanto la relación entre afiliados y pensionistas como los datos contables del sistema regionalizados.
Si se atiende a estos últimos balances de la Seguridad Social, Madrid y Baleares son las únicas autonomías que con sus ingresos podrían sostener las nóminas de los jubilados, lo que también podrían hacer Ceuta y Melilla. Quince autonomías, por tanto, estarían en una situación deficitaria si el pago de las pensiones fuera de su competencia y no podrían afrontar las facturas.
Déficit de 38.600 millones
Este análisis parte de que el déficit de sistema alcanzó los 38.600 millones el pasado ejercicio. Explica el profesor Herce que la cifra oficial sitúa el desequilibrio entre ingresos y gastos en 7.160 millones, equivalentes al 0,5% del PIB (sin incluir Sepe ni Fogasa), si bien recuerda que la Seguridad Social recibió 25.446 millones de transferencias del Estado, de los que 18.396 millones fueron por partidas acordadas en el Pacto de Toledo y 7.050 millones para complementos a mínimos. De forma que el déficit real del organismo que paga las pensiones alcanzaría los 32.600 millones, cifra que el estudio del foro de expertos del Instituto BBVA de pensiones eleva hasta los 38.600 millones.
Partiendo de este escenario realiza una descomposición de la cifra, que sitúa en 39.000 millones, y el resultado permite conocer la situación financiera de cada autonomía. Según este trabajo, la que mayor déficit registró en 2022 fue Andalucía, con 6.149 millones. La segunda región más deficitaria es Cataluña, con 5.900 millones, seguida de Galicia (4.428 millones), Castilla y León (4.425) y de País Vasco, con 4.000 millones. En el lado opuesto están las únicas dos regiones que registran superávit en sus cuentas, que son Baleares (209,7 millones) y Madrid, con 179,8 millones.
La edad de jubilación se retrasa a 66 años y seis meses desde enero
El mecanismo de equidad sumará una subida extra de cotizaciones del 0,7% para empresas y trabajadores y comienza la cuenta atrás para que las bases máximas aumenten un 38%
La Carta Magna es muy clara cuando se refiere al principio de solidaridad financiera y territorial, al concepto caja única. «Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad», recoge en su artículo 41. Un precepto que en sucesivas sentencias ha ido fijando el Tribunal Constitucional. El camino elegido por el presidente del Gobierno en funciones para despejar su llegada a La Moncloa augura, por tanto, un choque con la Constitución.
El Gobierno vasco ha ido tanteando al alto tribunal con sucesivos recursos para ver por dónde encontraba una grieta por la que entrar, pero el Constitucional ha reiterado con claridad en sus sentencias que existe una unidad de titularidad presupuestaria de la Seguridad Social, ya que «si faltara un único titular de los recursos financieros del sistema público de aseguramiento social, tanto para operaciones presupuestarias como extra presupuestarias, no podría -dice- preservarse la vigencia efectiva de los principios de caja única y de solidaridad financiera, ni, consecuentemente, la unidad del sistema».
Un mal negocio para los vascos
Es decir, el factor territorial no cuenta a la hora de repartir los recursos: las pensiones no se territorializan, salvo para saber cuál es el domicilio de los beneficiarios y dónde se pagan las cotizaciones, lo cual es, en realidad, un registro contable. Entre otras cosas, porque un ciudadano puede recibir ahora su pensión en Cataluña o el País Vasco y haber cotizado durante sus años de vida laboral en Valencia o Madrid. Y de ahí que romper la caja única sería un despropósito político y económico. "Defendemos un sistema común para todos los trabajadores de España. Fracturarlo resuelve un objetivo del PNV, pero es un mal negocio para los vascos", asegura Javier de Andrés, presidente del PP vasco. "Sería un desastre", puntualiza.
En cualquier caso, la falta de concreción en el texto del acuerdo entre PSOE y PNV abre muchas interrogantes que no impiden que colectivos como los inspectores de Trabajo y Seguridad Social hayan advertido del potencial riesgo que escondería la operación para el funcionamiento del sistema público de protección social a nivel estatal. Además, recuerdan que se abre la puerta a la quiebra al modelo de solidaridad entre regiones.
Con los números rojos a cuestas, si el Gobierno vasco logra que prospere la negociación con el PSOE se ocupará de toda la gestión de la Seguridad Social, y tendrá control sobre las sanciones, inscripción de empresas, afiliación y altas y bajas de los trabajadores, la gestión y control de las cotizaciones, la recaudación de cuotas y los procesos de ingreso. Al Gobierno le quedan dos años de duras negociaciones, que abren la puerta a demandas de otras regiones.
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