Los funcionarios avisan de que la transferencia al País Vasco de la Seguridad Social romperá la caja única de las pensiones

Gonzalo D. Velarde

Madrid

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10/11/2023
Actualizado 13/11/2023 a las 05:55h.

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Primera reacción al acuerdo alcanzado entre el PSOE y PNV, en el que se incluye la transferencia de la gestión de la Seguridad Social al País Vasco, y no parece que la medida vaya a caer en gracia entre los trabajadores que se pueden ver afectados por la medida. Desde la Inspección de Trabajo y Seguridad Social advierten singularmente del riesgo que entraña esta operación para el funcionamiento ordinario del sistema de protección social del conjunto de España. Y más allá, recuerdan que esta medida abre la puerta a la quiebra del actual modelo de solidaridad entre regiones.

En un comunicado lanzado escasos minutos después de conocerse la líneas fundamentales del pacto PSOE-PNV con el que el candidato Pedro Sánchez acaricia una nueva investidura, los funcionarios de la Inspección señalan que el acuerdo aboca «irremediablemente al comienzo de la ruptura de la solidaridad del sistema de la igualdad de todos los españoles en materia prestacional y del principio de unidad de caja del sistema de la Seguridad Social».

En el contundente texto de respuesta al anuncio de este viernes, los funcionarios explican por un lado los elementos que enarbolan el principio de 'caja única' y advierten de las discrecionalidades que quedarían al albur de la administración vasca en materia de Seguridad Social, y como ese elemento ya abre una espita de desigualdad respecto al resto de los cotizantes al organismo encargado de pagar cada mes más de 10 millones de prestaciones a más de 9 millones de beneficiarios en el conjunto del territorio.

Recuerda este grupo de funcionarios de los ministerios de Trabajo y Seguridad Social que el artículo 149.1.17 de la Constitución otorga la competencia exclusiva al Estado sobre legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social y así se ha pronunciado el Tribunal Constitucional en varias sentencias, (SSTC 124/1989 y 195/1996), afirmando que el Estado mantiene las competencias ejecutivas para garantizar la «unidad del sistema y su funcionamiento económico uniforme».

La finalidad de incluir al régimen económico dentro de la competencia exclusiva del Estado es preservar la unidad del sistema de la Seguridad Social y el mantenimiento de un régimen público, único y unitario de Seguridad Social para todos los españoles, que garantice al tiempo la igualdad de todos los derechos y deberes en materia de Seguridad Social, (art 41 y 149.1. 1ª de la Constitución).

«Lo anteriores artículos exigen, que la gestión en el reconocimiento de prestaciones y demás actos instrumentales de Seguridad Social quede sometida a criterios de gestión únicos y unitarios en todo el territorio nacional, adoptados bajo los principios de sostenibilidad y solidaridad financiera», señala el comunicado.

Advierten los funcionarios de que si las Comunidades Autónomas pueden disponer de la facultad de reconocer las pensiones y resto de prestaciones (jubilaciones, Incapacidades, subsidios...) sin someterse a criterios de gestión unificados para todo el territorio nacional.

Y lo mismo ocurriría con los actos de encuadramiento, afiliación, altas y bajas y su control, sistema de liquidación de las cuotas, recaudación ejecutiva en relación con la fijación de sus objetivos y criterios que necesariamente deberían quedar inmersos en el conjunto de los del Estado, el régimen de aplazamientos en las obligaciones, la implementación del plan nacional de lucha contra el fraude en materia de Seguridad Social con todos sus instrumentos, la representación y defensa ante los tribunales garantizada por la Ley Orgánica del Poder Judicial bajo una única dirección nacional o el control de la potestad sancionadora, «pues su cesión no es sino la vía de apertura a la disposición de un régimen propio de tutela para cada territorio y su respectivo sustrato empresarial».

«La Inspección de Trabajo y Seguridad Social, como servicio público contribuye a la preservación de los derechos de los trabajadores y al sostenimiento del sistema de protección social, vigilando para ello, el cumplimiento de las normas de orden social, entre la que se encuentra la Seguridad Social», señalan desde el sindicato representante del colectivo en reacción al acuerdo conocido.

Por ello exigen que la gestión de la Seguridad Social siga dentro de las competencias del Estado, «para garantizar así, los principios de calidad y eficiencia de la prestación del Servicio a los ciudadanos, la unidad de función y actuación inspectora y la concepción única e integral del Sistema y para garantizar, en definitiva, la construcción y mantenimiento del Estado de Bienestar».

Así, reiteran que la igualdad de todos los españoles y la propia 'caja única pueden verse afectada como consecuencia del proceso de transferencia que se pretende iniciar «y más cuando la vía planteada es realizarlo a través de una comisión bilateral con el País Vasco y no con el resto de grupos políticos que conforman la Comisión del Pacto de Toledo, la cual, creada en 1995, vela y debe seguir velando por la defensa de un sistema de Seguridad Social Solidario, que garantice la sostenibilidad del sistema».

«Desde el Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, seguimos y seguiremos al servicio de la sociedad, velando por el cumplimiento de la normativa, garantizando la imparcialidad en el ejercicio de nuestras funciones sin injerencia política alguna y reafirmando nuestro compromiso con el mantenimiento, defensa y fortalecimiento de los principios de universalidad, unidad, solidaridad e igualdad de nuestro sistema que permitan garantizar un modelo sostenible y no discriminatorio de Seguridad Social», zanja el texto publicado.