Ocho de cada diez empleos públicos que se han creado son temporales

Hoy la tasa de temporalidad en el sector público está situada muy por encima del privado, en el 31,2%, lo que se traduce en que tres de cada diez contratos en la Administración son eventuales. Durante el Gobierno de Pedro Sánchez las administraciones han recurrido de forma reiterada a las interinidades, lo que da cuenta que casi el 80% del empleo público que se ha generado en la legislatura ha sido temporal, un tipo de contratación muy denostado por la vicepresidenta segunda, pese a fomentarlo en su propia casa.

Desde que entró en vigor la norma laboral, las empresas -también tendría que haberlo hecho la Administración- asumieron la obligación legal de reducir el número de trabajadores temporales, pero el sector público ha hecho lo contrario y no ha parado de aumentar su número, que ya supera la cifra récord de 1,1 millones de empleados sin puesto fijo y sin habérselo ganado en propiedad en una oposición.

La reforma laboral no ha ayudado a rebajar la precariedad en este caso, sencillamente porque no se ha aplicado. El problema, además, no tiene muy fácil solución, teniendo en cuenta que muchos de estos contratos temporales se asocian a actividades altamente marcadas por la estacionalidad, como ocurre en el enseñanza y en la sanidad.

El fuerte impulso a la contratación que se ha dado en las administraciones no ha estado acompasado con una mejora de las condiciones contractuales de los más de 3,5 millones de empleados que forman la plantilla del sector público, una cifra, por otro lado, histórica. Nada más lejos de la realidad. La temporalidad entre los trabajadores públicos se sitúa más de seis puntos porcentuales por encima (31,2%) del nivel registrado cuando Pedro Sánchez aterrizó en La Moncloa (24,9%).

Y, sin duda, el germen de esta cifra está en la labor contratista realizada desde el ámbito administrativo. La legislatura se saldará con unos 406.100 empleos públicos más, y de ellos, 324.400 son de carácter temporal. Son ocho de cada diez, el 79,8% concretamente. Quitando el pico de temporalidad alcanzado en el primer trimestre de 2021 del 32,5%, los registros del primer trimestre de 2023 -último dato disponible- arrojan la mayor tasa de interinidad en el sector público de toda la legislatura.

De hecho, esta falta de estabilidad en el trabajo es especialmente elocuente cuando se analiza la duración media de estos contratos temporales. De los 1,1 millón de trabajadores que no tienen un puesto fijo, 227.400 cuentan con contratos de menos de doce meses de duración, es decir, el 20% de todos los interinos. Si ampliamos el análisis hasta dos años, son 383.400 los empleados públicos que no rebasan este nivel de permanencia en el puesto, lo que se traduce en algo más de un tercio de toda la plantilla pública en España, el 34,8%. Para observar ciertos niveles de estabilidad, son 106.600 los que cuentan con contratos de interinidad de más duración, por encima de los tres años. Son el 9,6% de los temporales, según las cifras del INE.

La temporalidad en el sector público gana peso en la última legislatura

En número de empleados

Total interinos

Total empleo público

Temporalidad

3.117.800

777.100

24,9%

2018

2T

3.167.500

25,9%

820.300

3T

3.211.000

843.300

26,2%

4T

3.213.600

862.800

26,8%

1T

2019

3.194.500

901.300

28,2%

2T

3.228.700

896.300

27,7%

3T

3.253.300

4T

905.300

27,8%

892.800

27,4%

2020

1T

3.248.000

3.225.900

867.600

2T

26,8%

3.337.100

931.600

27,9%

3T

3.379.100

1.011.500

29,9%

4T

3.397.400

1.033.700

30,4%

2021

1T

3.439.600

30,5%

1.051.200

2T

3.484.000

1.101.300

31,6%

3T

3.475.500

4T

1.076.200

30,9%

3.468.200

2022

1T

1.127.000

32,5%

3.453.900

2T

1.117.600

32,3%

3.506.200

3T

30,6%

1.075.100

3.526.200

4T

30,1%

1.064.300

2023

3.523.900

1T

1.101.500

31,2%

Fuente: INE / ABC

La temporalidad en el sector público gana peso en la última legislatura

En millones de empleados

Total empleo público

Total interinos

Temporalidad

0,77

3,11

24,9%

2018

2T

3,16

0,82

25,9%

3T

0,84

3,21

26,2%

4T

0,86

3,21

26,8%

1T

2019

3,19

0,90

28,2%

2T

0,89

3,22

27,7%

3T

0,90

3,25

27,8%

4T

3,24

0,89

27,4%

2020

1T

0,86

3,22

26,8%

2T

3,33

0,93

27,9%

3T

3,37

1,01

29,9%

4T

3,39

1,03

30,4%

2021

1T

30,5%

3,43

1,05

2T

3,48

1,10

31,6%

3T

3,47

1,07

30,9%

4T

3,46

1,12

32,5%

2022

1T

3,45

1,11

32,3%

2T

3,50

30,6%

1,07

3T

3,52

30,1%

1,06

4T

3,52

2023

1T

1,10

31,2%

Fuente: INE / ABC

La evolución que ha experimentado esta bolsa de algo más de un millón de trabajadores da cuenta de cómo el Gobierno ha utilizado el empleo público para mantener una senda alcista y permanente de aumento de la ocupación, suponiendo estos empleos casi el 40% de todos los generados en la legislatura. Los temporales ha sido la apuesta más decidida. Los 1,1 millones de interinos son un 43% más que los que se encontró el Ejecutivo de Sánchez a su llegada al poder -durante el mandato del anterior Ejecutivo se llegaron a perder 7.000 trabajadores temporales de la Administración-.

La cifra se ha alcanzado después de que se hayan registrado los mayores niveles de contratación entre trimestres de la última década. Mientras que el empleo público interino anotó su pico de contrataciones durante el gobierno de Mariano Rajoy en el tercer trimestre de 2017, llegándose a sumar a 33.300 efectivos temporales a las plantillas públicas, con el actual Ejecutivo estos niveles se han batido sobradamente. En la legislatura de Pedro Sánchez se han registrado los mayores niveles de aumento de ocupación pública temporal de la última década, tras sumarse a más de 50.000 trabajadores tanto en el primer trimestre de 2022 como en el tercero de 2021. Mientras que en el cuarto trimestre de 2020 se llegaron a incorporar a 79.900 efectivos a la Administración bajo esta modalidad contractual. Este, además, es el trimestre en el que más ocupación de este tipo se ha incorporado en toda la serie histórica, que empieza en 2002.

Esta escalada de la temporalidad en la Administración se produce en un momento en el que el Gobierno ha abierto la puerta, por primera vez, a que los interinos que no hayan aprobado la oposición puedan desempeñar funciones propias de interventores y auditores del Estado, aunque sea de forma transitoria. Como ya informó ABC, el gabinete de María Jesús Montero encara una revuelta sin precedentes de estos colectivos -el cuerpo de élite de la Administración que se encarga de fiscalizar la adecuada utilización de los recursos públicos- contra la última convocatoria de acceso al cuerpo publicada por Hacienda, que permite que los aspirantes que no hayan aprobado la oposición puedan desempeñar funciones propias de interventores y auditores del Estado, aunque sea de forma transitoria. Un plan para resolver las carencias de personal de las plantillas públicas que no está siendo bien encajado por los altos funcionarios del Estado.

En 2020, en el epicentro de la pandemia, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó sentencia sobre uno de los muchos casos que le llegan demandando una solución (o al menos una compensación) de abuso frecuente de la temporalidad que hace la Administración pública, especialmente en servicios como el sanitario. En aquella sentencia, que respondía a dos casos de interinos durante más de 12 años, Europa concluía que existen abusos de la Administración española en estas contrataciones y dejaba en manos de los tribunales nacionales determinar cuál es la sanción apropiada para sancionar esta conducta, entre las que menciona reconocerles una indemnización disuasoria.

El Tribunal de Justicia de Luxemburgo aseguró entonces: «La condición de interino es excepcional, se debe acabar cuanto antes con la temporalidad». El Gobierno ha hecho lo contrario.