Montero confirma que ignorará el veto del Senado y tramitará los PGE 2024 bajo el aval de un 'informe fantasma' de la Abogacía

"Si el Partido Popular cree que vetando estos objetivos, el Gobierno no va a poder aprobar los Presupuestos de 2024, se equivoca", ha espetado la ministra de Hacienda dirigiéndose a la bancada popular. Para acto seguido volver a enarbolar un informe al parecer confidencial de la Abogacía del Estado, que el grupo popular en la Cámara Alta lleva solicitando sin éxito desde principios de diciembre para conocer los argumentos sobre los que se sustenta, que avalaría que en ausencia de unos objetivos de estabilidad aprobados por ambas cámaras del Parlamento el Presupuesto del Estado podría sustentarse sobre la actualización del Programa de Estabilidad remitida a Bruselas y avalada por las autoridades europeas el pasado mes de abril. Nada dice la Ley de Estabilidad Presupuestaria sobre que esa referencia pueda resultar válida, pero es cierto que tampoco aclara cómo proceder en caso de bloqueo del trámite presupuestario, como parece ser la situación a la que se encamina la cuestión.

Noticia Relacionada

Hacienda regatea a las CC.AA. los 8.000 millones de ingresos que perdieron por las rebajas fiscales contra la inflación

Bruno Pérez

Seis ejecutivos autonómicos del PP reclaman los recursos que la ley de financiación les reconoce por la caída de sus ingresos derivada de las rebajas de IVA e impuestos especiales del Gobierno

Hacienda está convencida de que dispone de margen jurídico para esquivar el veto del Senado y tramitar su proyecto presupuestario, que aspira a presentar antes de que finalice marzo. De hecho, toda la munición que ha utilizado este miércoles la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda se ha sostenido en ese informe de la Abogacía, que a día de hoy ni se ha hecho público ni se espera que se haga público. Montero ha insistido en calificar como "incomprensible" que el Grupo Popular se oponga a unos objetivos de déficit que, subrayó, ofrecen a los gobiernos autonómicos y a los ayuntamientos un mayor margen de maniobra para gastar en 2024.

Su punto se basa en que los objetivos de déficit planteados por el Gobierno establecen una décima de PIB más de margen de déficit a las comunidades autónomas y dos décimas de PIB más a los ayuntamientos, respecto a los establecidos en la actualización del Programa de Estabilidad remitido a Bruselas hace casi ya un año, que según ese ya famoso informe de la Abogacía serían la referencia a utilizar ahora en unos eventuales Presupuestos Generales del Estado.

En ese documento se preveía llevar el déficit público español al 3% del PIB ya este mismo año cargando la mayor parte del ajuste a comunidades autónomas y corporaciones locales. A las autonomías se les pedía equilibrio presupuestario y a los ayuntamientos un superávit de dos décimas, mientras que a la Seguridad Social se le permitía un déficit del 0,2% del PIB y al Estado del 3%. En diciembre, el Gobierno decidió alterar un tanto ese cuadro y pintó un déficit de una décima para las autonomías y equilibrio para los ayuntamientos, a cambio de que el Estado redujera su déficit al 2,7%.

Por eso, Montero ha insistido tanto este miércoles en que el rechazo del PP es perjudicial para sus propios gobiernos y le ha acusado de utilizar una táctica de "tierra quemada" y de "bloqueo por el bloqueo". Está por ver, sin embargo, el efecto práctico que tendría ese cambio de escenario. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ya ha advertido que si se quiere que las comunidades autónomas cumplan con la regla de gasto europea, la vara de medir a partir de la cual la Comisión va a medir nuestro cumplimiento fiscal más allá del resultado final, estas tendrían que presentar en la mayoría de casos superávit este año, por lo que ese perjuicio en el que tanto ha insistido la ministra no sería tal.

El portavoz del PP en el Senado, Gerardo Camps, ha acusado a la ministra de amenazar a comunidades autónomas y corporaciones locales en función de un supuesto informe de la Abogacía del Estado "que no conoce nadie" y de maniobrar para quedarse con 40.000 millones de euros extra (en relación al déficit que el Estado se reserva para sí en 2024 en la senda de estabilidad) "para repartir entre sus socios de desgobierno".

Ha realizado también una enmienda de totalidad al panorama de prosperidad económica, prudencia financiera y eficacia en la gestión dibujado por María Jesús Montero, que ha vuelto a presumir de una gestión económica que está haciendo posible a su juicio mantener el gasto público sin realizar recortes al tiempo que se reconduce el desequilibrio de las cuentas públicas. El portavoz popular ha recordado, por su parte, que pese a disfrutar de un periodo inédito de elevados ingresos fiscales entre 2019 y 2023, con un incremento medio del 9% de los ingresos tributarios, el gasto público primario ha crecido por encima de ese cifra, un 11,8%, en lo que considera una dinámica insostenible, y que aún así ha elevado el techo de gasto sin contar fondos europeos en un 9,2%, pese a que Bruselas establece que el gasto primario no puede crecer más que un 2,5%.

"Se está haciendo a costa del bienestar de los ciudadanos de hoy, a los que se ha subido la presión fiscal en 3,4 puntos de PIB, y también de los del futuro, ya que se hace aumentando la deuda", ha remachado. "Los españoles no quieren más subidas de impuestos, ni de cotizaciones, ni de deuda, ni de gasto superfluo. Por todo ello, con toda la legitimidad democrática, en defensa del interés general, en defensa de los españoles y del crecimiento económico vamos a votar que no a estos objetivos de estabilidad". Y así se ha confirmado el bloqueo del PP al primer paso del trámite presupuestario. El Gobierno tiene ahora un mes para el segundo capítulo.