Hacienda regatea a las CC.AA. los 8.000 millones de ingresos que perdieron por las rebajas fiscales contra la inflación

Hablamos de una factura que según la información oficial publicada por la Agencia Tributaria ascendería a 7.860 millones de euros, a repartir entre todas las comunidades autónomas de régimen común, por el periodo 2021-2023, pero de la que los gobiernos autonómicos no han visto un solo euro.

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Bruno Pérez

Condiciona su apoyo a que se mantengan las rebajas fiscales a la luz y el gas, se amplíe el IVA reducido a carne, pescado y conservas y se deflacte el Impuesto sobre la Renta

El asunto lo puso en el foco la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en su comparecencia ante la Comisión de Hacienda del Congreso. Allí afeó al PP que reclame el mantenimiento íntegro de las rebajas fiscales a la luz y el gas -recortadas parcialmente desde el 1 de enero- o la extensión de la rebaja del IVA a los alimentos a la carne, el pescado y las conservas, al mismo tiempo que «la práctica totalidad de los gobiernos autonómicos del PP» exigen que se compense los efectos sobre sus ingresos. «O sea, que tú invitas y yo pago», espetó Montero a la bancada popular con el gracejo con el que solventa sus refriegas parlamentarias.

Desde Hacienda critican que desde los gobiernos autonómicos del PP e incluso desde Génova se haya presumido de la solidaridad demostrada por las autonomías en este trance, pero luego se le pase la factura a Hacienda. Lo cierto es que no lo ha pedido la práctica totalidad de los gobiernos del PP, sino seis de los once, y que la interpretación mayoritaria de la Ley de Financiación Autonómica que hacen los expertos concluye las CC.AA. ni siquiera tendrían que haber reclamado estas cantidades sino que Hacienda tendría que haber compensado de oficio.

Lo que dice la Ley de Financiación Autonómica es que «las variaciones en los tipos impositivos estatales de los impuestos especiales de fabricación e IVA determinarán una revisión del Fondo de Suficiencia Global -el fondo que reparte el 75% de los recursos del sistema de financiación- provisional o definitivo por el importe del incremento o bajada de recaudación estimado para cada comunidad autónoma» y que «dicha revisión se hará por el Ministerio de Economía y Hacienda de oficio, sin que sea preciso acuerdo en las comisiones mixtas».

«Lo que recoge la ley, en su artículo 21.2, es el precio en términos de menor corresponsabilidad fiscal que hay que pagar por cumplir con la lealtad institucional, entendida como que si la decisión de un gobierno, en este caso bajar el IVA; afecta a otros, las comunidades autónomas, éstas deben ser compensadas», explica Diego Martínez, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, exsecretario general de Financiación Autonómica y Local y uno de los más reputados expertos en financiación autonómica. «Luego, hemos visto que hay comunidades autónomas que piden rebajas de IVA a sabiendas de que la ley les garantiza una compensación, porque ya se sabe que da gusto disparar con pólvora del rey», remacha.

La interpretación es compartida por uno de los expertos que participó en la construcción del actual sistema de financiación autonómica, que apela a la disposición adicional sexta, que regula el principio de lealtad institucional, en la que se dice que «la Administración General establecerá los mecanismos que garanticen que las normas estatales que supongan incrementos de gasto o reducciones de los ingresos tributarios de las CC.AA. contengan la valoración correspondiente».

Hay más debate respecto a en qué momento deberían liquidarse esas cantidades. Mientras este experto señala que estas minoraciones o mejoras de ingresos (cuando hay subidas en los impuestos que componente la cesta autonómica) deberían ajustarse en la revisión quinquenal del sistema -nunca realizada hasta la fecha-, Martínez considera que debería sustanciarse en la liquidación de las cuentas del sistema que se hace a los dos años, que es la teoría que sostienen las autonomías que han reclamado compensación.

Hacienda entiende que no ha lugar a las compensaciones reclamadas y ha ido contestando negativamente a los requerimientos que le han ido llegando instándole a calcular la cuantía de la compensación y a formalizarla en la única liquidación definitiva del sistema de financiación cerrada hasta ahora, la de 2021. Ese año se recaudaron 509 millones menos por IVA y 336 millones menos por el impuesto especial de la electricidad. Dado que el IVA está cedido al 50% y el impuesto especial en su totalidad se supone que el Estado tendría que haber compensado a las CC.AA. con 590 millones.

Algunas de las autonomías están valorando el siguiente paso, pero el Gobierno de la Comunidad Valenciana ya avanza a ABC que interpondrá un recurso contencioso-administrativo contra la resolución de Hacienda que desestima su requerimiento por entender que «vulnera el principio de autonomías financiera de las comunidades autónomas».