El mayor aumento de la morosidad en 12 años anticipa una oleada de cierres de negocios

Así, el mayor incremento de la morosidad empresarial en 12 años supone una amenaza más y otro obstáculo para la recuperación y el crecimiento de la economía en los próximos meses. Concretamente, según el informe publicado ayer por Cepyme con el Indicador Sintético de Morosidad Empresarial (ISME), durante el primer trimestre del año la morosidad empresarial en España aumentó un 3% respecto del trimestre anterior y en 3,9 puntos porcentuales en términos interanuales, lo que se traduce en el mayor avance en más de 12 años (desde la creación del indicador en 2010).

En una reciente entrevista con ABC, el presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, anticipada un «otoño caliente» en cuanto al cierre de empresas que podrían acrecentarse al calor de la inflación y la escalada de precios de producción de más del 23% y por el final de la moratoria concursal. A lo que habrá que agregar el efecto de la subida de tipos sobre el acceso de las pymes a la financiación. Todo ello amenaza, según la Confederación, la viabilidad de un 16% del tejido productivo.

Así, según el estudio, la deuda comercial con retraso de pago alcanzó el 73,3% del total, 3,6 puntos más que en el trimestre anterior, alcanzando un volumen de 348.992 millones de euros, un 42% más que en el mismo período del año anterior.

En este sentido, el primer testigo de aumento de la morosidad, el periodo medio de pago en el que las empresas liquidan sus deudas entre sí, ya ofrece una tendencia preocupante. En el primer trimestre de 2022 se ha elevado hasta los 83,9 días de media, frente a los 81,4 del trimestre anterior y los 82,6 días del primer trimestre de 2021.

«El fuerte incremento registrado en el primer trimestre de 2022 se debe en buena medida a la desaceleración de la economía, afectada por la escalada de precios y las consecuencias del conflicto de Ucrania, que están teniendo efectos negativos sobre la recuperación económica y reduciendo directamente la liquidez de las empresas», señala Cepyme como las causas de la cifras negativas que arroja el estudio.

Además, advierte en la organización de que como las empresas no están transmitiendo la totalidad de las alzas de sus costes al cliente final se está traduciendo en una tesorería menguante, «lo cual afecta a la capacidad de pago a los proveedores». De hecho, un número creciente de empresas reconoce este problema y está negociando con sus proveedores una ampliación de los plazos de pago. «Esta situación explicaría el aumento del periodo medio de pago observado en el primer trimestre y hace que las previsiones a este respecto sean negativas», señalan desde Cepyme.

Sin embargo, no solo el problema de la morosidad repercute en el retraso a la hora de cobrar por unos servicios prestados o una venta de bienes realizada. Tiene un doble coste para las empresas, por un lado, en términos de dificultades de financiación para cubrir la demora en el pago y, por otro, en intereses de demora exigibles, que se estima para este período en 1.831 millones de euros, si tenemos en cuenta un retraso medio en el pago de 23,9 días y un tipo de interés legal de demora del 8%. Este coste supone un 50,5% más que en el mismo período del año anterior (1.217 millones de euros).

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Recuerdan desde Cepyme que la demora en el pago de facturas incide especialmente en las empresas de menor tamaño, que tienen mayores dificultades de acceso al crédito y que sufren más especialmente la morosidad al tener más concentrada su base de clientes. En este contexto y tras dos años de restricciones por la crisis sanitaria, la rentabilidad de la pyme española se sitúa casi un 20% por debajo de los tiempos prepandemia, lo que explica la mayor dificultad para mantenerse al día con los pagos.