El lobby de expertos de las CC.AA. vuelve a agitar las quitas de deuda a autonomías

Los investigadores Francisco Alcalá, del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), y Antoni Zabalza, de la Universitat de Valencia, coincidieron en una jornada organizada el pasado miércoles por el Ivie -el think tank que provee de ideas sobre financiación autonómica a la Generalitat Valenciana- en que las quitas de deuda son la única solución viable para romper la actual dependencia financiera que las comunidades autónomas más endeudadas, entre las que se cuentan la propia Comunidad Valenciana, Cataluña, Castilla-la Mancha o la Región de Murcia, tienen de la financiación del Estado.

Según el profesor Alcalá, incluso en un contexto óptimo en el que un nuevo sistema de financiación autonómica proporcionara más recursos a estas autonomías la carga de los costes financieros acumulados sería tan gravosa que impediría a estas autonomías financiarse por sí mismas.

España es el segundo país del mundo después de Canadá en el que las administraciones intermedias (administraciones autonómicas, provinciales y municipales) deben más dinero. Según los últimos datos proporcionados por el Banco de España, la deuda acumulada por las comunidades autónomas se sitúa en el 24,2% del PIB y ronda los 315.000 millones de euros. Una carga insostenible si no fuera porque el Estado ha inoculado recursos públicos a espuertas en los últimos años para ayudar a muchas de ellas a pagar la carga de intereses asociada a esa deuda - solo en el primer trimestre de este año ha prestado ya otros 10.620 millones a las diez comunidades autónomas que aún necesitan de la asistencia financiera del Estado- y porque aún mantiene en su cartera de deuda pública cerca de 180.000 millones en títulos del Estado emitidos exclusivamente para financiar a las CC.AA.

Esta es la fotografía de un problema financiero de difícil solución porque el endeudamiento que arrastran estas regiones las inhabilita para pedir financiación en los mercados. Los reiterados intentos de la Generalitat de Cataluña por asomarse de nuevo a los mercados de deuda no solo han tropezado con las restricciones impuestas por las reglas de prudencia financiera de la legislación presupuestaria española sino también con las dudas de mercados y agencias de rating.

Como solución a este callejón sin salida, que condena a un puñado de gobiernos autonómicos a sobrevivir gracias a la financiación asistida del Estado, desde la Comunidad Valenciana se empezó a promocionar hace unos años la idea de condonar parte de la deuda acumulada por las comunidades más perjudicadas por el sistema de financiación, con la idea de poner el contador a cero y compensarlas por su supuesta infrafinanciación. La idea, sin embargo, encalló por las dudas del Ministerio de Hacienda y la suspicacia de los gobiernos autonómicos más saneados, que lo veían como una suerte de premio a los más incumplidores.

La nueva remesa de informes sobre la deuda autonómica actualiza la cuantía de la llamada deuda ilegítima que sirvió de base para las reclamaciones de la Generalitat Valenciana entre otros gobiernos regionales y que allá por 2018 rondaba los 85.000 millones.

Cuatro años después las estimaciones realizadas por separado por los profesores Alcalá y Zabalza elevan esa cuenta a una horquilla de entre 140.000 y 160.000 millones de euros, lo que implicaría una quita de más del 50% de la deuda que arrastran las autonomías.

El profesor Alcalá estima que desde la entrada en vigor del nuevo sistema de financiación el esfuerzo presupuestario por habitante y año que pueden realizar los gobiernos autonómicos ha caído 316 euros, lo que se ha traducido «en recortes y una menor calidad de los servicios». En su opinión, solo una absorción de deuda autonómica por parte del Estado permitiría a las comunidades autónomas volver a financiarse por su cuenta y recuperar la autonomía financiera.

El problema es cómo hacerlo. El profesor Zabalza aboga por crear una medida de deuda justificada, es decir, de endeudamiento derivado de la insuficiencia de los ingresos recibidos del sistema para atender los servicios que se deben prestar a los ciudadanos. Sus cálculos afloran sorpresas. Por ejemplo, que las comunidades autónomas más endeudadas, como Cataluña o Valencia, se han endeudado más de lo que hubiera estado justificado, y que otras como Madrid que hubiera tenido más margen, no lo han aprovechado. Su propuesta es una condonación generalizada, con un coste de 160.000 millones para el Estado y que dejaría la actual deuda regional a la mitad.