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El Gobierno aprovecha la ola histórica de ingresos por impuestos para bajar la deuda pública al 113,1%

El Ministerio de Asuntos Económicos destaca que se trata de la mayor reducción de endeudamiento público registrada en los últimos años

Los expertos advierten de que el fuerte incremento del gasto público en los últimos años puede elevar el suelo de la deuda hacia el entorno del 110%

Nadia Calviño y María Jesús Montero EFE | EP

B. P. V.

Madrid

«Se trata de la mayor reducción del endeudamiento de las administraciones públicas registrada en la historia reciente». El Gobierno ni siquiera ha esperado a que el Banco de España difundiera de manera oficial los datos de cierre de año de la deuda pública para presumir de la fuerte reducción experimentada por el indicador a lo largo del año pasado, en el que ha pasado del 118,3% en que cerró 2021 hasta el 113,1%.

La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, ha atribuido este viernes en un comunicado el recorte "al fuerte crecimiento de la economía y a una política fiscal responsable", alimentada en este caso por unos ingresos fiscales sin precedentes que según la Agencia Tributaria aportaron entre enero y noviembre 33.000 millones de euros más que en el ejercicio récord de 2021 y pese a haber aplicado medidas fiscales de alivio por unos 7.000 millones.

La deuda pública se ha sacudido 2,5 puntos en solo un mes -al cierre de noviembre estaba en el 115,5%-, lo cual puede tener algo que ver con la revisión al alza del dato de PIB que ha realizado el INE que en buena lógica habrá restado alguna décima a la ratio de deuda sobre PIB.

Los datos publicados por el Banco de España señalan que la deuda pública acabó el año por encima de los 1,5 billones de euros, concretamente en 1,503 billones que es prácticamente la misma cifra de noviembre (1,505 billones), cuando la ratio de deuda comunicada por la institución fue de 115,53%. Sin cambios relevantes en cuanto al volumen de deuda pública, esa reducción de dos puntos parece encontrar su explicación en las revisiones al alza del PIB de 2022 que ha realizado el INE y que han elevado la tasa de crecimiento del año pasado hasta el 5,5%.

Para el Ministerio de Asuntos Económicos lo más relevante es que la ratio de deuda pública sobre PIB se ha quedado finalmente 2,1 puntos por debajo del 115,2% que se preveía en el Plan Presupuestario y que deja al Gobierno a las puertas de cumplir el objetivo del 112,4% que se fijó para el conjunto de 2023 en el cuadro macro de los Presupuestos Generales del Estado de 2023.

Lo ve también como una demostración del rigor fiscal con que se estaría empleando el Ejecutivo, que, a su juicio, está haciendo compatible una reducción significativa del déficit y la deuda pública "con las medidas adoptadas para reducir la inflación y compensar a las familias y los sectores económicos más afectados" por la espiral inflacionista. "Esta reducción confirma el compromiso del Gobierno con la sostenibilidad fiscal y el uso eficiente de los recursos públicos", ha asegurado la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, en un comunicado circulado antes incluso de conocerse el dato definitivo de cierre de año de la deuda pública.

Dudas sobre la reducción de la deuda pública

La visión de la vicepresidenta no es compartida por un buen número de analistas, por los organismos internacionales ni por la principal institución encargada de velar por la sostenibilidad de las cuentas públicas españolas, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef).

La Airef, que previó en noviembre que la deuda pública acabaría en el 113,9% del PIB pero sin contar con la revisión de PIB de última hora del INE, ya compartió entonces su temor de que la tendencia de reducción de la deuda pública se suavice a partir de 2023 por la pérdida de impulso del rebote económico tras la pandemia -que ha llevado a España a crecer un 5,5% los dos últimos años- y ya no se cuente con los ingresos fiscales extra proporcionados por este rebote y por la inflación. Su escenario base es que la deuda pública encuentre su suelo en 2025 en el entorno del 110% y es compartido también por el Fondo Monetario Internacional.

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