Junts y PNV frenan el intento del Gobierno de subir los impuestos a los seguros sanitarios privados

El acuerdo entre los dos partidos que forman el Gobierno no ha sobrevivido ni 24 horas. Se sabía desde el principio que el compromiso de penalizar con un IVA del 21% a los pisos turísticos necesitaba del improbable respaldo de la Comisión Europea y había dudas razonables también respecto al recorrido del golpe fiscal a la sanidad privada, desde el momento en que Junts había presumido precisamente de frenar ese impuesto y el de las energéticas en la nota que emitió sobre el acuerdo alcanzado en torno al paquete fiscal planteado por el Gobierno.

Las dudas se confirmaron este martes. El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, que se prodiga poco en órdagos, compareció en el escritorio de la Cámara Baja, visiblemente molesto, para criticar el pacto de PSOE y Sumar en lo tocante a los incentivos a la sanidad privada y lanzar un aviso a navegantes. Dado el contexto, con exigencias cruzadas entre los distintos socios del Ejecutivo, es «muy complicado o imposible» que prospere mañana el dictamen del proyecto de ley en el que se pretende incluir ese acuerdo.

Noticia Relacionada

El Gobierno evita otra derrota al desconvocarse a última hora el dictamen de una ley de impuestos

Juan Casillas Bayo y Daniel Caballero

Anteayer, el PSOE y Sumar maniobraron para desconvocar 'in extremis' la Comisión de Hacienda, en la que se iba a votar el dictamen del proyecto de ley para establecer una tributación mínima a multinacionales y grandes corporaciones. En ese objetivo parece haber consenso, pero el problema es que los socialistas acordaron con Junts y PNV mantener el impuesto a la banca a cambio de dejar caer el de las energéticas. En paralelo, ERC, Bildu y Podemos, pero también Sumar, exigen que perpetúen ambos gravámenes.

Esteban se mostró ayer «sorprendido» y criticó «el galimatías» entre el Gobierno y los partidos de izquierdas, a quienes acusó de «desvirtuar» el sentido original del proyecto de ley y tratar de impulsar una reforma fiscal por detrás. El diputado del PNV recordó que el impuesto mínimo a multinacionales y grandes corporaciones, que obedece a una directiva europea, afecta también a las energéticas y dijo que es incongruente dar a estas empresas subvenciones para la descarbonización y, a la vez, pretender gravarlas.

«Con las enmiendas que han presentado Bildu y ERC es inviable llegar a un acuerdo», dijo Esteban, y alertó de que sus posiciones de máximos pueden amenazar «el mínimo común denominador» al que, según él, debería aspirarse en política. Quizá la solución sea, deslizó, «dejar limpio» el proyecto de ley y renunciar a todas las enmiendas. ERC y Bildu insisten en que exigirán la inclusión de los impuestos a la banca y a las energéticas.

A su vez, Sumar, que renunció a incluir en su acuerdo con el PSOE las energéticas, hacía equilibrios ayer y mostraba, en tierra de nadie, su incomodidad. El secretario general del grupo, Txema Guijarro, subrayó que mantienen viva su enmienda respecto a las eléctricas, mientras que Aina Vidal, portavoz adjunta, reconoció que el texto alcanzado con los socialistas es «mejorable» y llamó a sus socios a la «presión».

Fuentes del Gobierno, en conversación con ABC, descartan la retirada del proyecto de ley ante la falta de apoyos, como sucedió con la norma del suelo en mayo, pero no cierran la puerta a que se termine aplazando la Comisión de Hacienda del jueves, como sucedió el lunes. Desde el PSOE tampoco se negaba ayer esa opción si bien se remarca que todo es posible.

A la espera de ver si sale o no adelante el paquete fiscal del Gobierno, sí parece haber un giro en el planteamiento de sus medidas. Las subidas selectivas «a los más ricos» y las rebajas acotadas «a los más vulnerables» parecen haber dado paso a medidas de más largo alcance, cuyo radio de acción es mucho más amplio.

La probablemente fallida subida de impuestos a los seguros médicos privados alcanzaría a los 12,4 millones de españoles que tienen un aseguramiento de esta naturaleza, según los datos del sector sanitario privado, al igual que la equiparación de la fiscalidad del diésel a la gasolina, aplazada durante años por el grupo de población al que afectaba, que pagarían cerca de 13 millones de conductores.

La subida de los impuestos al tabaco llegaría a más de ocho millones de personas, un radio de alcance similar al que tendría una subida fiscal generalizada a las rentas del capital como se propone desde Sumar y otros socios del bloque de investidura, y el impuesto sobre el lujo anunciado alcanzaría a bienes suntuarios que más de dos millones de personas declaran en el impuesto sobre el patrimonio.