PSOE y Sumar pactan un 21% de IVA para los pisos turísticos, un impuesto al lujo y acabar 'de facto' con las socimis

Este acuerdo se enmarca en las enmiendas al proyecto de ley que transpone al ordenamiento español el impuesto europeo del 15% sobre las grandes multinacionales, cuyo trámite en el Congreso de los Diputados debía avanzar este 11 de noviembre para pasar ya a Pleno pero que el PSOE ha decidido posponer ante la falta de apoyos. Es por ello que ahora se han asegurado el voto favorable de Sumar con este pacto, y están aún a la espera de otros partidos como Bildu, ERC y Podemos, que exigen ir más allá. Este jueves se reanudará la sesión que hoy se ha suspendido y para entonces el Gobierno ya espera haber podido amarrar los apoyos a lo que se está llamando minirreforma fiscal con este trámite parlamentario.

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La vivienda, en este caso, es uno de los puntos clave del acuerdo de PSOE y Sumar. Por una parte recoge que se introducirá «un IVA del 21% para los apartamentos turísticos con el fin de recortar su rentabilidad y transformarlos en viviendas para el alquiler permanente, aliviando la falta de vivienda habitual en las zonas tensionadas». Esta es una vieja reivindicación de Sumar, que llevaba meses instalado en exigir a los socialistas que incluya esta propuesta.

Asimismo, el pacto establece que se suprimirá «el régimen fiscal especial de las socimis que solo tributan al 1% en el Impuesto de Sociedades y que no ha servido para mejorar la oferta de viviendas«. Las socimis se tratan de sociedades anónimas cotizadas cuya actividad principal consiste en adquirir, promocionar y explotar activos inmobiliarios.

El régimen fiscal actual de las socimis establece que estas entidades están obligadas a repartir la mayoría de su beneficio en el ejercicio a los socios si desean disfrutar de una fiscalidad del 0% en el Impuesto de Sociedades; sobre los beneficios no distribuidos sí que se les aplica un tipo del 15%. Con todo ello quiere terminar este pacto, que supondría acabar 'de facto' con la figura de las socimis en España.

Más allá de ello, el acuerdo contempla que se establecerá «un nuevo impuesto sobre los bienes suntuarios (jet y yates privados, coches de lujo, etc.) para mejorar la equidad en el reparto de renta y la riqueza». Y también se menciona en el documento mantener el impuesto a la banca «para que estas entidades, que solo pagan menos del 3% de sus beneficios en impuestos y que están obteniendo beneficios récords, contribuyan de manera justa al sostenimiento de la sociedad de la que tantos beneficios obtienen al igual que el resto de empresas y ciudadanos»; en todo caso, nada dice sobre el impuesto a las energéticas, que está previsto que decaiga ya este año y no se perpetúe.

El fin del impuesto a las energéticas se pactó con PNV y Junts recientemente, al igual que mantener el impuesto a la banca. En ese momento también se recogió un alza del 1% sobre las rentas de capital por encima de los 300.000 euros, pero eso sí que lo viene a modificar el acuerdo con Sumar, que adopta un incremento de la tributación de las rentas de capital del 2%, desde el 28% al 30%.

Además, el acuerdo con el socio de gobierno recoge «eliminar la exención a las primas de seguros privados sanitarios que tiene un claro sesgo regresivo beneficiando fundamentalmente a las personas y familias de renta alta» y ahonda en el establecimiento de «un nivel de tributación mínimo del 15% sobre beneficios para multinacionales y grandes empresas, que es una reivindicación histórica de las fuerzas progresistas y que por fin se conseguirá con la transposición a nuestro ordenamiento jurídico de la directiva comunitaria con origen en los acuerdos del pilar dos de la OCDE».

El resto de medidas adoptadas son: «Desplegar el Estatuto del Artista para dar cumplimento de una vez a la fiscalidad especial que requiere el mundo de la cultura; mejorar la fiscalidad de las cooperativas para facilitar el crecimiento y ampliación de esta piedra angular de la economía social y del acceso a la propiedad de los medios de producción de trabajadores y trabajadoras; desincentivar el consumo del tabaco y vapeadores en aras la salud pública mediante un aumento de su fiscalidad, ya que son productos dañinos que afectan a la salud y elevan la factura sanitaria pública; resolver los problemas generados por la fallida reforma fiscal de Montoro y adelantar la recaudación de grandes empresas y grupos de empresas limitando sus posibilidades de deducción de pérdidas y dividendos repatriados, o las posibilidades de consolidación de los grupos de empresa en el impuesto de sociedades».