El jaque a la reforma de Sociedades de Montoro trastoca el plan fiscal de Hacienda para 2024

Hacienda trabaja desde el mismo jueves en tratar de valorar la magnitud del revés, que algunas fuentes del ámbito tributario estiman en lo que hace referencia a las compensaciones que habrá que abonar a las grandes empresas en cantidades que se cuentan en décimas del PIB (a razón de 1.500 millones de euros por cada décima) y que también afectará al objetivo de recaudación de 2024.

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Bruno Pérez

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El 'timing' de la resolución del Constitucional ha maniatado a Hacienda a la hora de restaurar las medidas anuladas por la disconformidad del Tribunal con el uso del real decreto ley para introducir novedades relevantes en la legislación del Impuesto de Sociedades. «El ejercicio fiscal de 2023 venció el pasado 31 de diciembre y aunque el impuesto se liquide de manera definitiva el próximo 25 de julio tratar de reinstaurar los aspectos del impuesto anulados aprovechando que aún no se ha pagado el impuesto constituiría un ejemplo de retroactividad absoluta, de los que ya ha prohibido de forma expresa el Constitucional», explicaba este viernes en conversación con ABC Jordi de Juan, el abogado del Estado en excedencia y socio responsable del Área de Litigios Fiscal del despacho Crowe que ha sido uno de los responsables de llevar el decreto de Montoro a los tribunales.

Bajo esta premisa, el Ministerio de Hacienda, al que la sentencia del Constitucional ya habría alejado de cualquier tentación de resolver el problema generado por esta sentencia por la vía rápida del decreto ley, no tendría opción alguna de recuperar los aspectos derogados para garantizar su aplicación en el ejercicio fiscal de 2023 y tendría ya que esperar a poder hacerlo para 2024, si así quisiera, algo que Hacienda todavía no ha decidido.

El decreto de Montoro introdujo básicamente tres cambios en la normativa del impuesto, aparentemente técnicos, pero con un impacto en los impuestos que pagan las empresas tan relevante, que la media docena de despachos consultados por ABC coinciden en señalar la norma tumbada por el Constitucional como la mayor subida de impuestos a las empresas de los últimos lustros. La reforma estableció requisitos más severos para aplicar la compensación por las bases imponibles negativas acumuladas de años anteriores, instauró un nuevo límite a la aplicación de las deducciones por doble imposición e introdujo la no deducibilidad de las pérdidas de cartera, las derivadas de la transmisión de participaciones en otras entidades.

Algunas fuentes del ámbito de la asesoría fiscal estiman que el paquete de medidas dispuesto por Montoro incrementó en cerca de 4.500 millones de euros anuales los pagos de las empresas a Hacienda por el Impuesto de Sociedades. Lo que dicen los datos de la Agencia Tributaria es que tras 2016 los ingresos se dispararon un 15% pese a la reducción del tipo general del impuesto del 30% al 25% que también aprobó el PP.

El tremendo potencial recaudatorio de las medidas hace probable que el Gobierno quiere mantener esas medidas. Sin embargo, según Jordi de Juan, no será tan sencillos. La cuestión de inconstitucionalidad no solo se refería a la forma sino también al fondo y aunque el Constitucional no se ha pronunciado sobre el mismo su restauración abriría un frente judicial sobre el asunto.