Un patinazo de Montoro aboca a Hacienda a pagar devoluciones millonarias a las grandes empresas

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Bruno Pérez

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El que fuera ministro de Hacienda del Gobierno de Mariano Rajoy decidió acometer el ajuste fiscal a través de un real decreto ley y el Constitucional ha considerado por unanimidad, y siguiendo una doctrina ya asentada en varias sentencias previas, que el real decreto ley no es la figura adecuada para abordar modificaciones que afecten de forma sustancial al deber de contribuir, razón por la cual ha admitido la cuestión de inconstitucionalidad planteada en su día por la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional.

La resolución del TC amenaza con zarandear los cimientos del Impuesto de Sociedades. Las modificaciones introducidas en 2016 por la maniobra de Montoro todavía están operativas y según una nota circulada hace unos meses por el despacho Cuatrecasas «han conllevado (y siguen conllevando) un incremento muy significativo de las cuotas del Impuesto sobre Sociedades» para las empresas afectadas, básicamente aquellas que facturan más de 20 millones de euros al año.

La reforma de Montoro estableció requisitos más severos para poder aplicarse la compensación por las bases imponibles negativas acumuladas de años anteriores, instauró un nuevo límite a la aplicación de las deducciones por doble imposición , y además introdujo la no deducibilidad de las pérdidas derivadas de la transmisión de participaciones en otras entidades, y la reversión automática de los deterioros de valor de las participaciones en los ejercicios 2016-2020.

Es lo que el inspector de Hacienda y por entonces diputado del grupo parlamentario de Ciudadanos, Francisco de la Torre, calificó como 'el impuesto a las pérdidas', ya que al cabo obligaba a las empresas a ingresar en las arcas de Hacienda en cinco plazos las deducciones que se hubieran aplicado por las pérdidas acumuladas en sus inversiones de cartera, que hasta el año 2013 se podían deducir y que en su último año de vigencia (2012) permitió a las empresas reducir su base imponible en nada menos que 38.000 millones de euros, según los datos recabados en su día por De la Torre.

Los cambios introducidos en la regulación de Sociedades fueron contestados desde el primer momento por las empresas, que según coinciden varias fuentes de grandes despachos de asesoría fiscal, recurrieron de forma masiva la norma impugnando las autoliquidaciones del impuesto.

La respuesta jurídica armada entonces por las empresas cobra ahora valor y anticipa el tremendo quebradero de cabeza que se le avecina al Ministerio de Hacienda, abocado a compensar con intereses de demora los impuestos extra cobrados de manera irregular durante los últimos seis ejercicios fiscales.

Fuentes del ámbito de la asesoría fiscal de grandes empresas consultadas por ABC aseguraban este jueves que la factura asociada a esta resolución del Constitucional no se contará por decenas ni por cientos de millones de euros, sino que será «milmillonaria». Desde el Ministerio de Hacienda admitían que se estaba valorando el impacto de la sentencia y, probablemente anticipando la magnitud del mismo, subrayaban que se trata de una medida de un Gobierno del PP «que ahora van a tener pagar los contribuyentes».

Hasta María Jesús Montero aprovechó sus redes sociales para hurgar en la herida. «La enésima sentencia del TC que anula una medida fiscal aprobada por el anterior gobierno del PP. Una mala gestión que terminaremos pagando todos los contribuyentes», escribió, obviando que el Grupo Parlamentario Socialista votó a favor de la convalidación del real decreto ley gubernamental en el Congreso de los Diputados.

Como ya ha convertido en su costumbre, el Constitucional ha decidido limitar los efectos de la sentencia «por exigencias del principio de seguridad jurídica» y solo permitirá recuperar las cuotas ingresadas derivadas de estas medidas de aquellos ejercicios que no hayan prescrito y en caso de que hayan sido impugnadas.

Según Daniel Gómez-Olano, miembro del Comité Asesor de Aedaf, el alcance definitivo de la sentencia no se sabrá hasta conocerse su contenido completo. «Ahí se determinará si aplica al contenido completo del real decreto ley o solo a algunas medidas y de ello dependerá el impacto presupuestario de la sentencia».

Las medidas aprobadas por Montoro desaparecen con esta sentencia de forma automática de la normativa del Impuesto de Sociedades, lo que generará un importante deterioro recaudatorio a las arcas públicas. Si el Gobierno quiere reinstaurarlas tendrá que hacerlo a través de un proyecto de ley.