Los inspectores de Hacienda alertan de que Illa tendrá que tomar recursos del Estado para cuadruplicar la Agencia Tributaria catalana

En virtud de ese acuerdo, la Generalitat va a asumir progresivamente todos los impuestos que se recaudan en Cataluña, hasta asumir la independencia fiscal que quieren los independentistas. El primer hito será que la agencia catalana se haga cargo de la campaña de la declaración del impuesto de la renta (IRPF) de 2025, y a partir de ahí el IVA, Sucesiones y todos los demás impuestos que ahora recauda la Agencia Tributaria, hasta salir completamente del régimen común.

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Bruno Pérez

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Lógicamente, para pasar de recaudar 4.705 millones de euros anuales -lo que captó la ATC en 2023- a 53.543 millones, que es lo que recolectó el Estado en Cataluña el año pasado (un 19,68% del total estatal), hacen falta más presupuesto y personal; exactamente, los que tiene la AEAT en Cataluña.

Según su última memoria de actividades, la ATC tiene un presupuesto de poco más de 92 millones de euros y 852 empleados, que de cumplirse lo que promete el presidente catalán tendrían que pasar a 370 millones de presupuesto y 3.400 empleados; no por casualidad el número de empleados previsto es cercano a los que tiene destinados la Agencia Tributaria en Cataluña, 3.800.

A pesar de que ayer Illa no dio más detalles, la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), principal organización del gremio, da por sentado que tratarán de traspasar sus efectivos a la administración catalana. Lo harán así «necesariamente, porque no puede ser de otra forma», ha explicado a ABC la asociación, que considera el pacto «una barbaridad».

En primer lugar porque sitúa a los funcionarios en un marco de inseguridad jurídica. Como ya explicó a ABC José María Peláez, portavoz del IHE, sus representados tienen la sensación de que se les viene encima un «terremoto» sobre el que no tienen ningún control. Además, aduce, el traspaso es imposible porque no puede hacerse en contra de la voluntad de los inspectores, la mayoría de los cuales «no querrían quedarse en Cataluña», explicó, porque proceden de otras comunidades autónomas dado que allí «no hay cultura de oposición».

En la misma línea, Gestha, el sindicato de técnicos de Hacienda, alertó de que con los funcionarios de menor rango pasaría algo similar, pues los datos que maneja el sindicato indican que la mayoría de ellos rechazaría integrarse en la agencia catalana; es más, entre sus representados las demandas de traslado ya son más altas que en las otras comunidades, explicó el portavoz del Gestha, José María Mollinedo.

Son muchas las veces que la IHE y Gestha han alertado contra la cesión de los impuestos a Cataluña, y no solo por los problemas que acarrearía para los empleados públicos. Ambas organizaciones coinciden: entregar la «llave de la caja», como se dice, atenta contra la Constitución, que solo reconoce la singularidad de los regímenes de País Vasco y Navarra.

Además, insistió ayer el IHE por enésima vez, el traspaso mermará gravemente la capacidad de lucha contra el fraude de la AEAT, por ejemplo, por la salida del sistema de información tributaria y tantos otros mecanismos comunes. En otras palabras, la salida de la caja común de una comunidad que representa el 19% del PIB español sería como abrir un «agujero negro» informativo, zanjó el portavoz de los inspectores.