La Inspección controlará el recorte de la jornada laboral en tiempo real

Frustrado un entendimiento entre los agentes sociales, los sindicatos han reclamado al Gobierno que actúe, y Yolanda Díaz así lo hará. Las intenciones de la vicepresidenta segunda es poner en marcha antes del mes de agosto su recorte de la semana de trabajo y acompañar esta modificación del Estatuto de los Trabajadores de un conjunto de medidas disuasorias que aseguren su cumplimiento por las empresas y que castiguen a quien no acate la norma.

La hoja de ruta de Yolanda Díaz con la semana laboral es reducirla este mismo año a 38,5 horas y a 37,5 horas el próximo. Y en este punto Trabajo plantea la posibilidad de poner en marcha dos cómputos, uno semanal y otro anual para, de esta forma, acoplarse a los convenios. La ministra, como los sindicatos, rechazan el periodo de transición propuesto por las empresas para que la medida entrase en vigor a partir de 2026 y dar así a los negocio mayor tiempo de adaptación.

Y para asegurarse de que las empresas cumplen y esquivar posibles fraudes, Díaz quiere un papel activo de la Inspección de Trabajo que, en este caso, tendría acceso remoto al registro horario de los trabajadores. La idea es la digitalización completa de ese registro y control de las horas realizadas para permitir, de esta forma, la supervisión de los inspectores en tiempo real. Una actuación que se acompañaría de importantes sanciones para los infractores.

Para asegurar el cumplimiento de las nueva norma laboral se estudian castigos económicos que actuarían como un efecto disuasorio, y que podrían pasar por aplicar las sanciones por cada trabajador y no por cada empresa, una opción que elevaría sustancialmente el correctivo para el negocio que esquivara la normativa.

Además, el Ministerio de Trabajo descarta, como ha pedido la patronal, alguna posibilidad de que la reducción de jornada laboral se pudiera compensar con una ampliación del tope máximo de horas extraordinarias, ahora en 80 anuales, si bien no vería con malos ojos una compensación en la distribución irregular de la jornada. Las horas extraordinarias son una línea roja tanto para el Gobierno como para los sindicatos, que entienden que ya son ya abusivas y además no se pagan al trabajador. «No es tolerable que haya más de seis millones que ni se registran ni se abonan», asegura UGT.

La vicepresidenta segunda siempre ha asegurado que negociaría la reducción de jornada con los agentes sociales en busca de un acuerdo, pero lo cierto es que la iniciativa es un compromiso electoral del Gobierno de coalición. Un recorte horario que va afectar a más de la mitad de los asalariados cubiertos por un convenio colectivo en el caso de la reducción a 38,5 horas y que alcanzaría en el caso de las 37,6 horas una gran mayoría de empleados. Será un impacto sustancial en las condiciones laborales de gran parte de los trabajadores en España que, por primera vez en cuatro décadas, modificaría directamente la jornada laboral máxima.

El presidente de la patronal, Antonio Garamendi, mostraba hace unos días su malestar por la premura con la que el Gobierno quiere sacar adelante la reforma y criticaba la forma en la que la que se han enfocado las negociaciones. «Tiene su aquel que se llame diálogo social al monólogo social», aseguraba Garamendi. Y también advertía al Ejecutivo de que en caso de salir adelante la normativa sin el apoyo de las empresas la patronal solicitará su derogación cuando haya un cambio de Gobierno. «Si ellos tienen muy claro cuál es la ley que quieren hacer, que la hagan y no estaremos de acuerdo. Y el día que haya un cambio de Gobierno, pediremos que se cambie», avanzó

Como ya informó este diario, la patronal teme que la ausencia de un cálculo de impacto normativo preciso y detallado provoque un alza de costes que sean especialmente insoportables en las pequeñas empresas, con riesgos incluso de cierres en las que son más vulnerables, pymes y autónomos, prácticamente la totalidad el tejido productivo en España. De momento, el principal problema que acarrearía en el medio plazo la aprobación de la modificación norma es la apertura de un cisma en las mayoría de las más de 4.000 mesas de negociación que hay abiertas en nuestro país, correspondientes, a su vez, con empresas que cuentan con perfiles muy diversos.

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B. P.

El próximo paso que dará el Ejecutivo será entregar a los interlocutores sociales su propuesta por escrito antes del próximo lunes, cuando volverá reunirse con las partes. El martes pasado ya reclamó la suya por escrito a la organización empresarial, que tienen intención de seguir acudiendo a las mesas con el Gobierno y los sindicatos hasta que el Ministerio de Trabajo de por concluido el periodo de consultas y legisle, consumando así una nueva ruptura del diálogo social, más deteriorado que nunca desde que está gobernando Pedro Sánchez.