La hostelería tantea al Gobierno para adherir a sus 1,9 millones de trabajadores al fondo público de pensiones

La posibilidad de depositar el ahorro complementario para la jubilación en un fondo de pensiones controlado por el Estado ha despertado el interés de muchos agentes, que se han puesto manos a la obra para sondear la posible incorporación de sus planes de empresa o sectoriales, y entre los colectivos de autónomos, si bien está por ver aún el efecto tractor que tendrán para ensanchar la implantación del ahorro complementario para la jubilación en España.

A día de hoy, tanto el plan articulado desde la asociación de autónomos ATA como el aprobado en el convenio del sector de la construcción se desarrollarán a través de uno de los nuevos vehículos de ahorro colectivo previstos en la ley, el plan de empleo simplificado, pero no depositarán sus ahorros en el fondo de promoción pública sino que irán a uno de los que ya oferta el sector privado. En ambos casos Vidacaixa se ha adjudicado la gestión de los planes para ser invertidos a través de uno de los fondos privados con los que ya cuenta la aseguradora.

Ahora es el sector de la hostelería el que se ha interesado por la incorporación a estos planes, que podrían llegar a alcanzar a 1,9 millones de empleados. Según asegura a ABC el secretario general de la Confederación Empresarial de Hostelería de España (CEHE), Emilio Gallego, el sector está tanteando esta opción en el marco de la revisión del convenio colectivo nacional, que vence el próximo 31 de diciembre. «Se está valorando, vemos con buenos ojos lo que plantea el Ministerio», apunta Gallego, que admite que la posibilidad de que los ahorros de ese plan se adscriban el fondo público está aún en fase de estudio.

Se asume también desde la hostelería que el impulso final a estos planes debe venir de la negociación colectiva. «La construcción es el sector espejo», aseguran, aclarando que está por ver si el destino final de los ahorros sería el fondo público o uno de los ya articulados por las entidades y aseguradoras privadas.

El Ministerio de Inclusión y Seguridad Social incluyó en esta pata de la reforma dos aspectos novedosos: los planes de empleo simplificados, con condiciones concretas en cuanto a costes de gestión y depósito -no podrán ser superiores al 0,3% y 0,1%, respetivamente-, con acceso ampliado a diferentes colectivos como los autónomos, y que pueden ser alojados en un fondo de pensiones privado o de promoción pública. Los de promoción pública también serán controlados por el Estado pero también tendrán gestores privados. Tras la culminación del concurso público acelerado convocado al efecto VidaCaixa, BBVA, Santander, Caser e Ibercaja gestionarán esos ahorros del fondo público.

Por el momento, la maniobra del Gobierno ha resultado en un fuerte aumento del interés por parte de sectores empresariales y trabajadores en este tipo de vehículo de ahorro, pero de momento al margen del fondo de promoción pública auspiciado desde el Gobierno.

El Ejecutivo se ha preocupado de mejorar las condiciones de los planes de pensiones de empleo, consistentes en la aportación por parte de los trabajadores de una parte de su salario para ahorrarlo para su jubilación, que luego es complementado desde la empresa, para estimular su despliegue. Aunque lo ha hecho a costa de recortar las ayudas a los planes individuales. Se ha previsto una deducción en la cuota social pagada por el empresario por cada trabajador que aporte al plan y una deducción en el Impuesto de Sociedades, por un lado, y un aumento de la desgravación de IRPF para el trabajador hasta los 8.500 euros anuales. El objetivo es llegar a casi la mitad de la población ocupada, unos 10 millones de empleados, y a un patrimonio bajo gestión de unos 300.000 millones de euros.