Hacienda se abre a tratar las revisiones de precios en contratos de servicios esenciales tras la crisis de Muface
Tras años de presión política por parte de las empresas y sindicatos de esos sectores, se aviene a estudiar mecanismos que impidan que se presten a pérdidas
Afecta a servicios básicos como la dependencia, la limpieza o el mantenimiento de edificios
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
Tras casi una década de presión política infructuosa por parte de las empresas que prestan servicios esenciales para la Administración como la limpieza, la atención a la dependencia o el mantenimiento integral de edificios, y últimamente también de los sindicatos del sector, el Ministerio ... de Hacienda ha abierto por fin la puerta a negociar el establecimiento de algún mecanismo de revisión de precios que compense a los contratistas por los sobrecostes no programados que se vayan poniendo de manifiesto durante la ejecución del contrato y que evite que en algunos casos acabe prestando estos servicios a pérdidas por la no actualización de los contratos.
Así lo confirman fuentes de los sectores empresariales afectados, agrupados desde hace unos meses en una plataforma vinculada a la CEOE denominada Alianzas, tras una reunión mantenida hace unos días con el Ministerio de Hacienda. No era la primera vez que el sector exponía al Ministerio la situación, que se ha agravado con las sucesivas subidas del salario mínimo interprofesional (SMI) y con la espiral inflacionista de los últimos años, pero según las fuentes consultadas sí ha sido la primera ocasión en que Hacienda se ha mostrado receptiva a sus planteamientos e incluso se les ha emplazado a una segunda reunión con el compromiso de estudiar las implicaciones presupuestarias que podría acarrear esa potencial reforma.
Hasta ahora ha sido precisamente ese potencial coste presupuestario el que ha aconsejado a Hacienda ponerse de perfil en este asunto. Un estudio realizado por CEOE estimó en unos 700 millones de euros el coste para las empresas contratistas del Estado de la no revisión de precios, lo que ilustra también el ahorro que la Administración estaría obteniendo por esta circunstancia.
En los últimos años decenas de contratistas con la Administración han denunciado ante el Ministerio, las instancias económico-administrativas e incluso los tribunales los desequilibrios financieros causados en sus contratos por circunstancias no previstas en los mismos como las subidas del salario mínimo, los cambios en la legislación contractual o el encarecimiento inesperado de determinados materiales durante la espiral inflacionista, sin que la Administración del Estado haya hecho nada para compensar esas desviaciones.
«Nos cuesta entender porqué en ámbitos como la construcción, la energía o la industria el Gobierno no ha tenido problemas para aceptar una revisión en los precios de los contratos por circunstancias sobrevenidas durante la fase inflacionista, pero no se ha hecho de igual manera en servicios que son esenciales para el adecuado funcionamiento de la Administración«, subraya Javier Sigüenza, secretario general de la plataforma Alianzas, preguntado por el asunto por ABC.
Un riesgo para las empresas
A las empresas no les ha quedado más remedio que acudir al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales o a los tribunales de justicia para denunciar una situación que en el mejor de los casos ha reducido de forma sustancial los márgenes ya estrechos que preveían obtener con esos contratos y en el peor de los casos les ha condenado a prestar el servicio a pérdida o a desistir de su prestación ante la posibilidad de que les llevara a la quiebra.
La posición de Hacienda durante todos estos años ha sido que esas circunstancias constituían un riesgo a cuenta del contratista, una posición que ha sido refrendada por la Junta de Contratación (dependiente del Ministerio de Hacienda) y por la Abogacía del Estado en la mayoría de los casos.
La situación ha llegado incluso al Parlamento. CEOE ha impulsado durante estos años diversas iniciativas parlamentarias para conseguir que se derogara la Ley de Desindexación aprobada durante lo más duro de la crisis financiera para desvincular la actualización de los contratos públicos del IPC, a la que las empresas atribuyen en buena medida la situación actual, o para conseguir que determinadas decisiones discrecionales del Gobierno como la subida de salario mínimo que tuvieran efecto sobre los contratos públicos fueran compensadas a los contratistas. En algún caso incluso han logrado un respaldo mayoritario parlamentario, si bien por unas razones o por otras no han terminado de prosperar.
Frente común de empresarios y sindicatos
La última reunión con el Ministerio de Hacienda ha abierto una ventana a la esperanza, según reconocen fuentes del sector. El Ministerio se ha comprometido a analizar las peticiones del sector y a valorar su potencial impacto presupuestario, como paso previo a una posible aceptación, en un contexto muy marcado por la crisis política y social abierta por la decisión de las aseguradoras que prestan la asistencia sanitaria de Muface a 1,5 millones de funcionarios y familiares de no acudir al concierto propuesto por el Gobierno por la insuficiencia de su dotación económica, que según sus cálculos les condenaría a prestar el servicio a pérdidas.
Otro de los elementos que han podido influir es el acuerdo que Alianzas ha alcanzado con los sindicatos mayoritarios, CC.OO. y UGT, para ir de la mano en la reivindicación de una solución a este problema, que según refleja la propuesta conjunta que han elevado al Ministerio de Hacienda «supone una importante cortapisa para la buena marcha de las negociaciones colectivas, entorpeciendo la consecución de mejoras para las personas trabajadoras y generando conflictividad y problemas de continuidad de las plantillas».
Empresarios y sindicatos están de acuerdo en defender que «los costes derivados de las obligaciones laborales fijados por los convenios o la normativa laboral básica son un elemento esencial a la hora de determinar la economía de los contratos de servicios» y que «en aquellos supuestos en los que los costes vinculados a las personas trabajadoras sean relevantes, dicha circunstancia no debería ser considerada un riesgo de la contratación pública«.
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