Las granjas avícolas se preparan para asumir más costes por el bienestar animal y eliminar las jaulas

La Comisión Europea aún no ha presentado un plan concreto, pero ha dado numerosas indicaciones de que apunta en esa dirección; en 2021 recabó más de un millón de firmas de ciudadanos comunitarios que apoyaban la medida. De hecho, y según explica a ABC Joan Vilamajó, un granjero de Lérida, los productores ya se están encontrando con que muchos distribuidores «no quieren huevos de gallinas que produzcan en jaulas» porque así se los piden sus clientes. Por eso, comenta este granjero, «la mayoría de las granjas nuevas ya se hacen para producir en el suelo».

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El sector no está en contra de las exigencias de bienestar animal –es el caso de UPA–, pero el problema es que alguien tiene que pagarlas, y hay antecedentes de lo que sucedió la última vez que la UE impuso nuevas obligaciones a las explotaciones. En 2012 el Ejecutivo comunitario obligó a los granjeros a adaptar sus jaulas para que tuvieran al menos 750 centímetros cuadrados para cada ave, un nido, una litera, una percha y un lugar donde limar las garras.

El caso es que muchos no pudieron asumir las reformas necesarias y cerraron, y otros que sí se endeudaron, trece años después aún no han terminado de amortizar esas inversiones, lamenta Esparcia. Vilamajó nos explica una historia similar, al recordar que tras la reforma de las jaulas sobrevino una década con «años muy malos» en los que «pensabas: no puedo», zanja. Esto sucedió no solo por efecto de aquellas inversiones, también por la conjunción de precios bajos y encarecimiento de la maquinaria y las materias primas. De hecho, y según datos del Ministerio de Agricultura, en los últimos trece años ha habido al menos tres momentos en los que los márgenes brutos de beneficio económico del gremio avícola han sido negativos: en 2013, en 2016 y en 2021.

El auge en el consumo que se ha visto en los últimos dos años, la crisis aviar y la escasez de oferta se han unido para que actualmente los ganaderos gocen de mejores márgenes, pero esto es poco más que un premio de consolación. Los productores enfrentan desafíos, como unos costes crecientes y la burocracia, que para algunos trámites es tanta que les obliga a contratar consultores externos; por ejemplo, para elaborar el registro de emisiones Ecogan. Sobre esto, desde UPA celebran el reciente compromiso que ha adquirido la UE para aprobar un paquete legislativo que reduzca el papeleo.

Vilamajó lo tiene claro, él es la tercera generación de su familia que se dedica a las gallinas y le gustaría que hubiera una cuarta, pero para conseguir eso tiene que «hacerse grande». Es decir, que pensar en términos de economía de escala «es la única forma de asumir costes», zanja. En su caso, de lo único que no tiene que preocuparse es del precio, pues solo tiene un cliente con el que ha negociado un contrato a largo plazo. Este modelo, que en la jerga del campo se conoce como 'integración' y en el porcino ya es mayoritario, está cogiendo fuerza también entre los ganaderos avícolas.

En el fondo, lo que subyace al modelo es una cadena alimentaria que en la base está muy fragmentada –la mayoría de los agricultores son autónomos– y que se concentra cadena arriba. Sirva este dato, y es que en España, cinco supermercados se reparten el 50% del mercado de la distribución. Esto se traduce en una negociación entre dos partes desiguales, y fórmulas como la integración o la cooperativización son alternativas para que el campo opte a unos precios mejores.