La reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria: historia de un fiasco

La novedad más importante que introdujo el ministro actual, Luis Planas, fue la exigencia de que los compradores de cada eslabón de la cadena cubrieran al menos los costes incurridos por el eslabón anterior; es decir, que nadie, en ningún momento desde que un alimento sale del campo hasta que llega a nuestra mesa, puede adquirirlo más barato de lo que costó producirlo.

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Pues bien, diríase que para este viaje no hacían falta alforjas, pero según datos del índice de precios en origen y destino (IPOD), un informe mensual elaborado por la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), el pasado mes de junio las cebollas se pagaron en origen (lo que ingresa el agricultor) a 27 céntimos el kilo, cuando el coste de producción está entre los 28 y los 30 céntimos. Algo similar pasó con los limones, y peor aún, con la leche de cabra, que lleva todo el curso despachándose 25 céntimos por debajo de su valor.

Son noticias cuanto menos sorprendentes, pues suponen una violación flagrante de la LCA. COAG y las demás organizaciones agrarias le echan la culpa –entre otras cosas– a la falta de controles por parte de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), y en buena medida por eso, en abril de este año, Planas anunció un proyecto de ley para elevar el rango de la AICA y convertirla en agencia estatal. A ninguno de los que son parte en este embrollo (organizaciones agrarias, industrias y distribución) les parece mal que se haga tal cosa, porque la vigilancia nunca es mala, pero, vistos los resultados que ha tenido la LCA hasta ahora, es razonable preguntarse si no estaremos ante un error de planteamiento.

Fuentes del sector consultadas por este periódico llevan tiempo avisando: la LCA no es la panacea y por mucho que se redoblen esfuerzos en su implementación no aumentará los precios percibidos por los agricultores y ganaderos españoles.

Sobre esto último, sirva este dato: el mes pasado la AICA hizo pública la lista de sanciones que ha impuesto en lo que llevamos de 2024 –143 multas que ascienden a un total de 548.578 euros– y solo dos se debieron al incumplimiento del Artículo 12 ter., que es el que obliga a cada operador a abonar al operador anterior un precio igual o superior al coste de producción. La mayoría de las actuaciones fueron por incumplir los plazos de pago (80 sanciones) y, en mucho menor grado, por no formalizar los contratos (15) o por realizar modificaciones del precio (12). Es decir, que cuando la AICA interviene, generalmente lo hace por algún tipo de práctica desleal, pero no porque el importe abonado a un operador de la cadena sea demasiado bajo, que es el meollo de la cuestión.

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Como explica José Antonio Latre, consultor especializado en la cadena agroalimentaria, «el espíritu de la ley es positivo» y en lo que se refiere a controlar prácticas desleales está funcionando, pero en la prohibición expresa de pagar por debajo del coste de producción es «imposible de ejecutar». Latre lanza una pregunta: «¿Quién define el coste de producción de un alimento?».

Como el asunto generaba no pocas dudas, en 2022 el Ministerio publicó un folleto con el que pretendía sentar doctrina, pero que solo sirvió para añadir más confusión. Según Agricultura, los costes de producción se determinarán según una mezcla «del cálculo analítico de sus propios costes –los del productor– (…) y la información que facilitan las administraciones –y organizaciones profesionales– respecto a los costes de producción en los sectores más representativos». Es decir, que los costes pueden ser los que estipulen los contratos entre las partes o los que reflejen las medias del mercado.

En un artículo de titular muy elocuente, 'Ponerle puertas al campo', en febrero de este año la fundación Fedea denunció que la ley es ambigua y permite que «cada operador pueda optar por la interpretación que más le convenga». Mientras, el especialista en economía agraria Tomás García Azcárate explica a ABC que hay sectores en los que conocer los costes de producción es harto difícil, pues cambian cada semana. Además, añade, la LCA no contempla los escenarios en los que al productor le interese vender una partida a expensas de su propio beneficio. García Azcárate pone el ejemplo de la cosecha de la uva, que se espera que en este ejercicio supere en un 20% en volumen a la de 2023, de modo que es previsible que muchas bodegas necesiten vender rápido.

El mismo artículo de Fedea alerta también de que en su intento de establecer unos importes mínimos la ley no tiene en cuenta la eficiencia de los productores –llama la atención que la medida podría perjudicar a los que son más eficientes–, «eliminando un incentivo y acabando con la selección natural del mercado». Según esta organización, la única forma de avanzar en la dirección que pretende la norma sería recuperar el viejo sistema de suelos de precios a través de la compra de excedente por parte del Estado, cosa que supondría una plena intervención del mercado.

Esto último no ocurrirá –entre otros motivos porque va contra las líneas maestras de la Política Agraria Común (PAC)–, así que por el momento lo que perciban los agricultores seguirá decidiéndose a través de la negociación con la industria y los supermercados. A esto se añade que las importaciones de fuera de la UE hunden los precios. Aun así, todos los expertos consultados por este periódico coinciden en que lo que sí pueden hacer los productores es tratar de aumentar su poder de negociación; y ¿cómo se hace eso? «Integración, organización, y una palabra que en España nos es muy familiar, cooperativización», concluyen.

En España hay cerca de 900.000 explotaciones agrícolas y ganaderas, 30.000 industrias agroalimentarias y 400 cadenas de supermercados, de las que solo cinco (Mercadona, Carrefour, Eroski, Lidl y Dia) se reparten el 50% de la cuota de mercado de la distribución organizada (la venta en supermercado). Para todos los expertos consultados, lo que vienen a decir estos números es que la cadena alimentaria está mucho más concentrada por arriba que por abajo, y que los agricultores negocian con empresas que son mucho más grandes que ellos.

No obstante, lo que tiende a emborronar siempre el debate es la clásica acusación de que la distribución juega con los márgenes de beneficio. En un artículo reciente en ABC, los expertos explicaban cómo y por qué se encarecen los alimentos al salir del campo. A colación de esto, el experto José Antonio Latre se remite a los datos del Observatorio de la Cadena Alimentaria, cuyas series históricas reflejan que entre 2009 y 2015 al menos, cada vez que el precio subió en distribución hizo lo propio cadena abajo, cosa que, según este especialista, desmiente que la distribución abuse de los márgenes.

Latre, como todas las fuentes consultadas, apunta a la escasa organización agraria como una de las causas de los malos precios. Cierto es que cuentan con las cooperativas, pero el cooperativismo, «del que tan orgullosos estamos en nuestro país», merece una revisión de fondo.

Peso de la facturación

de las cooperativas

por sectores

Datos de 2022

27%

Frutas y hortalizas

15%

Aceite de oliva

10%

Alimentación animal

9%

Cultivos herbáceos

6%

Vino

6%

Lácteos

2,4%

Porcino

1,9%

Aceituna de mesa

1,8%

Vacuno

1,4%

Avícola

1,2%

Ovino y caprino

1,1%

Frutos secos

0,6%

Arroz

Fuente: Informe Cooperativas

Agro-alimentarias 2023 /ABC

Peso de la facturación de las cooperativas

por sectores

Datos de 2022. En porcentaje

27

15

10

9

6

6

2,4

1,9

1,8

1,2

1,4

1,1

0,6

Frutas y

hortalizas

Porcino

Ovino

y caprino

Arroz

Alimentación

animal

Vino

Vacuno

Lácteos

Frutos

secos

Aceite

de oliva

Avícola

Aceituna

de mesa

Cultivos

herbáceos

Fuente: Informe Cooperativas Agro-alimentarias 2023 /ABC

En España hay 3.669 cooperativas. Para algunos son muchas, pero no es necesariamente cierto. Como explica Eduardo Moyano, ingeniero agrónomo considerado como una autoridad en lo agro en España, el 77% de estas cooperativas son de tamaño pequeño y solo un 5% pueden calificarse de grandes. Además, en ningún sector representan un volumen mayoritario de la producción. En frutas y hortalizas, que es el más cooperativizado, solo un 29% de la facturación se canaliza a través de estas asociaciones.

Las cooperativas pequeñas, explica Moyano, no tienen mucha capacidad de almacenaje, por lo que en determinadas circunstancias se ven obligadas a despachar producto a precios bajos porque el tiempo apremia. Tampoco cuentan con la capacidad de surtir a un proveedor grande con el volumen que necesita, por lo que no pueden firmar contratos beneficiosos. Y si esto es cierto para las cooperativas, lo es mucho más para los agricultores que navegan solos.

Para la mayoría de los expertos consultados, la solución radica en aumentar el tamaño de las cooperativas; hacerlas de 'segundo grado'. Y parece que, aunque lentamente, el sector avanza en esa dirección, pues según datos de Cooperativas Agroalimentarias de España, desde 2006 en nuestro país hay un 8,8% menos de cooperativas y el tamaño medio del total (calculado a partir de la facturación) ha crecido en un 112%.

Pero en este proceso el campo se está topando con un escollo inesperado, la PAC. Según datos del Ministerio de Agricultura, en 2023 en nuestro país entraron 7.627 millones de euros en ayudas europeas y el 66,52% de este dinero se dedicó a pagos directos a los productores. Según Tomás García Azcárate, experto en economía agraria, estos fondos estarían mejor invertidos si se usaran para animar a los agricultores a organizarse. En su opinión, si la PAC se sigue destinando mayoritariamente a ayudas directas es porque electoralmente beneficia a la clase política autonómica y nacional, pero «es pan para hoy y hambre para mañana», zanja.

Sobre la necesidad de retraer dinero europeo para dedicarlo a incentivar el asociacionismo, COAG está a favor «siempre que los que lo reciban sean verdaderas cooperativas y no empresas». Gabriel Trenzado, presidente de Cooperativas Agroalimentarias, expresa este mismo temor.

En definitiva, hay consenso respecto a que una mayor cooperativización de los agricultores haría que el juego fuera más justo. Y si no es este, habría un modo alternativo de relacionarse con la industria: la integración. Un modelo que ya se ha impuesto en el sector del porcino, donde el granjero contribuye con las instalaciones y la mano de obra y la integradora con todo lo demás, estableciendo una relación a largo plazo. La contrapartida, avisa COAG, es que el granjero pierde su independencia, lo que devuelve al sector al principio. En un escenario de creciente concentración de capital en pocas manos, los pequeños siempre lo tendrán más difícil.