El Plan de Energía del Gobierno prevé quitar las ayudas a la compra de coches eléctricos en 2025
Teresa Ribera y Jordi Hereu tienen planteamientos opuestos con respecto a los incentivos «a fondo perdido»
Los complementos fiscales para apoyar al sector sí se mantendrán activos
La implantación del vehículo eléctrico en España, por el momento, va a un ritmo menor del esperado por la administración pública –y el propio sector de la automoción–. Se prevé que 2024 cierre con menos de 500.000 coches eléctricos puros circulando por las carreteras. Sin embargo, el Gobierno ha proyectado un plan que estima un parque de 5,5 millones de automóviles con esta tecnología para 2030. Y eso lo piensa hacer sin ayudas directas, aunque no todos los miembros sentados en el Consejo de Ministros opinan lo mismo.
El Gobierno acaba de presentar ante Bruselas el definitivo Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec). Se trata de una herramienta de planificación estratégica nacional que integra la política de energética y climática, y que ofrece orientación al sector, las empresas y los fondos para acometer las pertinentes inversiones. En este documento se proyecta una penetración masiva del vehículo eléctrico. En concreto, se aspira a que en los próximos cinco años se vendan cerca de un millón de unidades por ejercicio. Unos objetivos desmedidos, según el sector del motor.
Además, el Gobierno asume que ha llegado la hora de retirar las ayudas. El Pniec deja claro que «en el periodo 2025-2030 se estima que se habrá alcanzado la paridad de precio en vehículos ligeros y no será necesario apoyo público como ayudas a fondo perdido para adquisición de vehículos». El plan de energía español no puede ser más claro. De hecho, fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica insisten en que habrá una bajada de precios en muchos modelos de coches eléctricos, y esto será un impulso.
Pese a todo, el Pniec se guarda un as en la manga. Estiman que en el sector «sí se necesitarán sistemas de apoyo (fiscales, e-credits, etc.) para seguir impulsando el despliegue de infraestructura de recarga, especialmente para vehículos pesados por sus requerimientos de potencia, tanto la vinculada a flotas como la de acceso público, y en zonas de sombra, pues estas inversiones en infraestructura de recarga suelen resultar menos atractivas para el sector privado».
Por último, y poniéndose deberes a sí mismo, el Ejecutivo recuerda que «dichas inversiones en infraestructura pública de recarga eléctrica deben ir acompañadas de los refuerzos necesarios en las redes de transporte y de distribución de energía eléctrica». Ahora mismo hay una disputa abierta entre las empresas eléctricas y la CNMC por el reconocimiento de las inversiones en materia de distribución que, en última instancia, el Gobierno debe permitir. Por tanto, este mensaje que tiene un destinatario concreto, las compañías energéticas, en realidad carece de sentido si no hay revisión de las retribuciones que cobran las eléctricas.
Aparece Hereu
En este contexto, donde el Gobierno no quiere dar «ayudas a fondo perdido», hay otros miembros del Ejecutivo que tienen ideas contrapuestas. El ministro de Industria, Jordi Hereu, aseguró hace unos días, en relación con los planes de ayudas Moves que «es un tema que estamos trabajando. De momento hemos garantizado este año, y no solo España, sino toda Europa, necesitamos seguir impulsando la movilidad eléctrica». El titular de Industria aseguró que estudian cómo reactivar estas ayudas para el próximo año.
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