El Gobierno no impondrá peajes y abre un agujero fiscal de 10.000 millones

El Gobierno en funciones ha conseguido esquivar un escenario que le abocaba a un más que probable conflicto social, pero de continuar en el poder se encontrará con el problema de tener que sufragar de algún modo el agujero de más de 10.000 millones de euros que según la Asociación Española de Carretera sería necesario para resolver el problema de mantenimiento de la red viaria y el déficit anual de unos 1.000 millones de euros en obras de conservación.

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La implantación de un sistema de peajes figuraba en varios componentes del plan de recuperación original e iba a ser incluida en la llamada Ley de Movilidad Sostenible. Se recogía la aprobación de un sistema de pago por uso, de tipo viñeta o similar, como sistema para garantizar la existencia de recursos suficientes para sufragar el costoso mantenimiento de la red de carreteras del Estado.

«Esta ley prevé la posible articulación de un mecanismo de pago por el uso de las carreteras estatales, que podría implantarse a partir del año 2024, buscando un acuerdo social y político, lo que supone avanzar hacia la internalización de los costes externos del transporte bajo el principio del cobro al usuario 'usuario pagador' y también del principio de 'quien contamina paga'», decía el componente primero del plan de recuperación. «La imposición de un pago por uso permitiría garantizar la conservación de la red viaria, además de a generar incentivos hacia la mayor eficiencia en este modo de transporte», ahondaba.

El asunto fue señalado como prioridad por las autoridades europeas en la negociación del plan de recuperación. En Bruselas escuece desde hace tiempo el muy mejorable estado de mantenimiento de las carreteras españolas, especialmente de las vías de alta capacidad, financiadas en buena medida con recursos europeos en el pasado y que ahora languidecen por la falta de inversión en mantenimiento. La Comisión vio en el mecanismo de recuperación una oportunidad para dar una solución a la situación.

Ahora, el Gobierno podrá meter en el cajón un proyecto que estuvo defendiendo de manera más o menos explícita hasta que la cercanía de las elecciones autonómicas y generales le persuadió de aparcarlo y en el que la Administración del Estado ha invertido también un buen dinero, por ejemplo en encargar a la consultora KPMG un informe sobre las opciones para llevar a cabo el compromiso. Sánchez y Calviño han pactado con Bruselas no llevarla a cabo en el marco de la adenda -que es una especie de anexo- al plan de recuperación original. En lugar de los peajes, el Ejecutivo se ha comprometido a promover el transporte de mercancías por tren y a realizar antes de que finalice 2024 un informe sobre la huella de carbono asociada a la red española de carreteras.

Ambas medidas de carácter medioambiental para reducir las emisiones, aunque el propósito declarado del acuerdo inicial entre el Gobierno y Bruselas para implantar un sistema de pago por uso en España era conseguir financiación para la adecuada conservación de la red de carreteras.

Las estimaciones realizadas por Seopan, la patronal que agrupa entre otras a las empresas concesionarias de tramos de autopistas de España, apuntaban a que la implantación de un sistema de pago por uso generaría en torno a 5.000 millones de euros anuales para el Estado, lo que excedería con creces los más de 2.000 millones de euros anuales necesarios para garantizar una adecuada conservación de las carreteras y generaría recursos suficientes para atender el déficit histórico de 10.000 millones necesarias para poder la red viaria nacional a punto.

En ausencia de ese sistema, el Estado deberá seguir cargando al presupuesto público el coste creciente de mantenimiento de las carreteras, un sistema que hasta la fecha se ha revelado como insuficiente para garantizar su conservación.

El sector del transporte por carretera recibió ayer con satisfacción el anuncio de que no se implantarán más peajes de los ya existentes en las carreteras españolas. Fuente de la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) y de Fenadismer coincidían ayer en señalar que la no implantación de peajes supone respetar los acuerdos firmados por el Gobierno con el sector, que comprometían no implantar ningún sistema de este tipo si no era con el acuerdo del sector.

Respecto al compromiso de impulsar el transporte de mercancías por vía ferroviaria, Juan José Gil, secretario general de Fenadismer, aseguró ayer que no ven el transporte ferroviario como una amenaza sino como un modo complementario de transporte con el que se puede convivir perfectamente.

El acuerdo entre el Gobierno y la Comisión Europea ha modificado la segunda reforma del componente primero del plan para varias cosas. Por una parte, para retrasar un año, a finales de 2024, la aprobación de la ley de movilidad; por otra, para sustituir los peajes por dos motivos teóricos. El primero, porque han aumentado mucho los costes en carretera para los conductores por el precio de los carburantes; el segundo, porque está previsto que a partir de 2027 se introduzca un sistema de comercio de derechos de emisión revisado a nivel de la UE que supondría solapar su alcance con el de los peajes.

Pese a que el objetivo de una medida y su sustituta son distintos, la fórmula ha convencido a la Comisión Europea para dar el visto bueno definitivo a la adenda, que debe ratificar el Consejo de la Unión Europea en un plazo de cuatro semanas. La adenda incluye nuevos hitos y reformas vinculadas a los fondos, y también modificaciones sobre el plan de recuperación inicial, un total de 69. El plan español pasa de recoger 110 inversiones a recoger 142 y las 102 reformas previstas en principio se han convertido ahora en 111. Asimismo, se aprovecha para corregir más de 60 errores administrativos, que en teoría no cambian el sentido del plan, como rezan los documentos.

La decisión, como recuerda el Ministerio de Asuntos Económicos, abre a España la puerta a 10.000 millones de euros extra en transferencias a fondo perdido y otros 83.000 millones de euros en préstamos a bajo tipo de interés -es el país de la Unión que más ha solicitado de largo-, que según la vicepresidenta primera en funciones, Nadia Calviño, permitirán «reforzar los programas que ya están en marcha y culminar el ambicioso programa de inversiones de aquí a 2026». Porque para 2026 tiene que estar todo ejecutado, como han recordado en varias ocasiones desde la Comisión.