El Gobierno flexibilizará la formación para los inmigrantes para agilizar su búsqueda de empleo

Sin embargo, el punto en concreto que está siendo en estos momentos objeto de consulta es el del primer paso que se prevé antes de la plena inserción en el mercado laboral, el de la formación. En este sentido, las entidades que trabajan con la población migrante habrían comunicado al Ejecutivo ciertos obstáculos que están encontrando estos ciudadanos a la hora de cursar las formaciones, y que por lo tanto complica el cumplimiento del resto del proceso dando cabida a situaciones de informalidad en el empleo. Precisamente, uno de los aspectos que persigue la nueva normativa de extranjería aprobada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones el 27 de julio de 2022.

Este es el asunto concreto que el Gobierno ha elevado en las últimas horas a través de una reunión en la comisión laboral tripartita de inmigración a los agentes sociales, a quienes ha conminado a realizar valoraciones y aportaciones que sirvan para flexibilizar los marcos formativos y agilizar el proceso de inserción en el mercado laboral. Concretamente, señalan fuentes de la negociación a ABC, que el gabinete dirigido por el ministro José Luis Escrivá ha planteado el borrador de una orden ministerial para modificar estas condiciones que acreditan los inmigrantes para trabajar.

Se trata de las instrucciones iniciales que regulan los cumplimientos de los procesos formativos dentro del trámite de incorporación al mercado laboral mediante el arraigo por formación las que imponían requisitos demasiado estrictos y que están siendo objeto de estudio. Por ejemplo, es el caso de la exigencia de presencialidad, donde las entidades que acompañan a este sector la población en el proceso de inserción transmitieron al Gobierno que para las mujeres estaba siendo complicado solicitarlo ya que, en muchos casos, tienen que hacerse cargo de los hijos. Por ello, la eliminación de este requisito se encontraría entre las modificaciones de la orden ministerial, tal y como explican fuentes oficiales.

Con todo, tanto la parte empresarial como la sindical parecen proclives a mejorar este cumplimiento de la formación dirigida al empleo para poder también cubrir con rapidez las carencias que asolan el mercado laboral, donde el según KPMG el 75% de las empresas tiene problemas para completar sus plantillas de trabajadores pese a haber apuntadas casi tres millones de personas en las listas del paro.

Fuentes cercanas a la negociación explican que la propuesta del Gobierno para la flexibilización de las condiciones para contratar planteadas por Seguridad Social es positiva ya que España tiene un serio problema de falta de trabajadores que se concentra fundamentalmente en las pequeñas y medianas empresas españolas, con menos recursos para captar trabajadores. «Esto conlleva el freno de actividad en sectores cruciales como la construcción, la industria, el transporte, la logística o el sector tecnológico, pero el problema se intensifica en las zonas que sufren despoblación, donde la falta de mano de obra se generaliza a todos los sectores y donde una de las consecuencias que produce es la falta de relevo generacional de las empresas«, señalan.

Por su parte, desde los sindicatos trasladan que propuesta de flexibilizar las exigencias de formación en la línea de poder dar la autorización de residencia a las personas migrantes en situación administrativa irregular que cumplan los requisitos establecidos por la normativa «va en la buena dirección». «Es fundamental que se garanticen todos los derechos de las personas migrantes que se encuentran en situación de vulnerabilidad», señalan, para garantizar que en este proceso no haya una utilización fraudulenta de las formaciones y salvaguardar sus derechos.

Con todo, el procedimiento que se flexibiliza es el de la formación que dará acceso al empleo, si bien los plazos sobre el arraigo que finaliza con el permiso de residencia se mantienen. Señalan fuentes oficiales que el cursar la formación dará derecho a los migrantes que la atiendan a una estancia legal de un año en España para atender el proceso de enseñanza.

El extranjero obtendrá una autorización de residencia con una duración de un año que podrá prorrogar hasta un año más en el caso de que la formación exceda los 12 meses de la solicitud inicial, o si no se hubiesen podido finalizar los estudios en este plazo.

Así, durante la formación se obtiene autorización de residencia de hasta un año. Y una vez obtenido el contrato, transcurridos dos años de autorización de residencia y trabajo, se podría solicitar el arraigo laboral que daría derecho a un permiso de residencia definitivo.

En síntesis, si se solicita el arraigo por formación, la persona deberá acreditar un compromiso de realización de una formación, mientras que para el arraigo laboral debe presentarse un contrato de trabajo de duración no inferior a seis meses. Y para cualquiera de los dos trámites, la persona extranjera deberá demostrar que ha permanecido en España durante al menos dos años.