El Gobierno recupera el impuesto a las energéticas y pospone la subida fiscal al diésel

El Gobierno prorroga así durante dos años una herramienta instaurada desde la pandemia y que distintos sectores empresariales han pedido liquidar aludiendo razones de inseguridad jurídica para los inversores extranjeros. La Moncloa atañe que la medida defiende «la protección de sectores estratégicos y de interés nacional, que afecten a la seguridad, salud y orden público».

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Mariano Alonso

El régimen se seguirá aplicando a las inversiones extranjeras directas realizadas por residentes de otros países de la Unión Europea (UE) y de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) cuando una empresa exterior pretenda adquirir más de un 10% de una cotizada española o cuando el valor de la inversión supere los 500 millones de euros en caso de que la compañía no venda sus títulos en los mercados. Este año, por ejemplo, la Junta de Inversiones Exteriores (Ministerio de Economía), como administrador del escudo antiopas, tiró por tierra la opa de 619 millones de la húngara Magyar Vagon a Talgo. Aunque se trata solo de una de las dos operaciones que ha rechazado de los cerca de tres centenares que ha analizado desde su puesta en marcha.

También en contra de lo que pedía el sector empresarial, el Consejo de Ministros ha acordado extender el impuesto a las energéticas durante 2025. Sánchez ha explicado que tramitará un real decreto ley por el que introduce en compensación un incentivo fiscal para que las inversiones estratégicas de las empresas energéticas sean contempladas «para demostrar que se puede pedir un esfuerzo adicional a las energéticas al tiempo que continuamos con nuestra hoja de ruta de descarbonización y del impulso al hidrógeno verde».

La medida tendrá que ser convalidada en el Congreso de los Diputados, y tendrá difícil salida, a tenor de lo que han apuntado algunas formaciones que se presentan claves para su aprobación. El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, ha criticado este lunes que la aprobación del la prórroga del gravamen a las energéticas es «purito paripé de Podemos para hablar otra vez sobre lo mismo», ya que el Gobierno de Pedro Sánchez «sabe que no va salir».

Incluso desde Podemos se desliza que votarán en contra de la medida por «incumplir» el pacto de hacerlo permanente. «Es ridículo quitarle los impuestos a las grandes empresas energéticas, que son las que venden el diesel y las que más contaminan y hacerle pagar a las familias trabajadoras más impuestos», ha dicho hoy la coportavoz del partido morado, Isa Serra.

También pactado con Podemos, el Gobierno prorrogará hasta el 30 de junio las bonificaciones al transporte público y los abonos gratuitos para los servicios de Cercanías, Rodalies y Media Distancia, así como de las líneas de autobús competencia del Estado. Por su parte, la rebaja del 50% de los abonos Avant se mantendrán durante todo el año, igual que la gratuidad de los abonos de Cercanías de Asturias y Cantabria y del transporte público colectivo terrestre de Canarias y Baleares. También seguirán siendo gratuitos hasta juli los servicios de altas prestaciones entre Murcia y Alicante, y los Avant entre Ourense y La Coruña, así como las relaciones punto a punto Madrid-Salamanca. Como novedad, por primera vez se incluye a los sistemas públicos de alquiler de bicicleta dentro de las bonificaciones del transporte público con un 50% de descuento en los abonos.

Así las cosas, el Estado seguirá subvencionando un 30% de los títulos multiviajes y los abonos al transporte público del transporte urbano e interurbano siempre y cuando las autoridades autonómicas y locales complementen con un 20% más para que la rebaja alcance del 50%. Un límite que algunas regiones como Madrid han amplificado hasta el 60% -previsiblemente lo mantendrá así hasta el 30 de junio.

Sánchez ha asegurado que una vez caduque la medida, «va a ser seguida de un amplio paquete de descuentos y ayudas para viajeros». Por lo que se abre la puerta a que las rebajas que se empezaron a aplicar en septiembre del 2022 como medida antiinflación lleguen a su final tal y como las conocemos y permanezcan tan solo para unos sectores concretos de la población, tal y como lleva deslizando el Ejecutivo en los últimos meses. Para este nuevo paquete y las ayudas extendidas hasta julio, el Gobierno destinará 1.608,7 millones de euros.

El escudo social del Gobierno también extenderá la prohibición de desahuciar por el impago del alquiler a familias vulnerables, una medida que el Ejecutivo habilitó al principio de la pandemia y que seguirá durante todo 2025, a pesar de las constantes quejas del sector inmobiliario. Asimismo, el Ejecutivo ha decidido mantener un año más la prohibición de interrumpir los suministros básicos de agua, luz y gas para los consumidores vulnerables establecida en 2021.

Más allá de las aprobaciones, el Gobierno también pone fin a algunas medidas que han formado parte en los últimos años de su plan de choque contra la escalada de precios. A partir del 1 de enero de 2025, las rebajas del IVA a los alimentos básicos desaparecerán de la cesta de la compra, tras haber menguado gradualmente en los últimos meses. Así, pan, harina, leche, huevos o aceite de oliva pasarán a tributar el tipo superreducido del 4%, cuando entre enero de 2023 y septiembre de 2024 estaban exentos de su pago, y desde el 1 de octubre de este año abonaban el 2%.

Por su parte, la pasta y el aceite de girasol, cuyo tipo fiscal se reducía al 7,5% desde octubre -entre enero de 2023 y septiembre 2024 era del 5%- pasará a su tributación del 10% del IVA.