El Gobierno diseña un ajuste fiscal a siete años y carga su parte más dura a la próxima legislatura
El Ejecutivo se reserva un incremento medio del gasto del 3,4% para lo que le resta de mandato a Sánchez y deja al próximo gabinete un margen más estrecho de solo el 2,7%
Se compromete a llegar a 2028 con un déficit del 1,8% y una deuda pública del 98,4%, pero sigue ocultando las medidas que adoptará para lograrlo
La instauración de las nuevas reglas presupuestarias europeas se traducirá en el caso de España en un prolongado periodo de ajuste fiscal de siete años durante los que el gasto público se irá reduciendo de manera progresiva hasta llegar, según el plan aprobado ... este martes por el Consejo de Ministros y presentado por el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, a un déficit público del 0,8% del PIB y a un nivel de deuda pública del 90% del PIB.
El Gobierno, que ni ha negociado este plan con las comunidades autónomas y las corporaciones locales -que gestionan dos terceras partes del gasto público- ni mucho menos con el resto de formaciones políticas, se ha encargado de que ese ajuste fiscal no sea simétrico. Será mucho más suave durante los tres años que restan de la presente legislatura y se endurecerá a partir de 2028 con un margen de crecimiento del gasto público mucho más estrecho del que el actual Ejecutivo dispondrá durante los próximos meses.
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Puesto en cifras, el gasto primario neto -el nuevo indicador que Bruselas tendrá ahora en cuenta para medir el cumplimiento o incumplimiento de los objetivos fiscales de los países y que básicamente mide el crecimiento del gasto público pero teniendo en cuenta también las nuevas medidas que sirvan para mejorar los ingresos- crecerá un 3% en el periodo 2025-2031, pero mientras que lo hará un 3,4% entre 2025 y 2027, solo podrá hacerlo un 2,7% de media en los cuatro ejercicios siguientes, ya en la próxima legislatura.
El margen real será mucho más estrecho, ya que como ha precisado el ministro de Economía la evolución de gasto público incorpora el impacto del envejecimiento de la población, que se anuncia como creciente en el tiempo y que limitará todavía más el margen fiscal del futuro Gobierno a partir de 2028.
Y solo podrá hacerlo en esa magnitud porque ese plan es un compromiso de obligado cumplimiento para el Reino de España y, por tanto, para el gabinete que venga después del actual gobierno de Pedro Sánchez. La Comisión Europea ya ha dejado claro que un eventual nuevo gobierno tendría margen de maniobra para alterar las medidas previstas por su predecesor, pero no para desentenderse de los objetivos planteados en este. Es por ello que las autoridades europeas han insistido en que el plan sea fruto de un amplio acuerdo político y con los agentes sociales. En España ni siquiera se ha dado una negociación.
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El discurso del Gobierno es que no habrá recortes. "No habrá recortes porque confiamos en que el crecimiento de la economía aporte el margen necesario para poder absorber este ajuste fiscal haciéndolo compatible con el crecimiento", ha subrayado el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, fiado a la credibilidad de la senda de crecimiento de la economía española tras a pandemia -apoyada en una serie de revisiones estadísticas- y que ha reforzado este mensaje recordando el crecimiento medio que tuvo el gasto durante la fase de ajuste presupuestario que tuvo lugar entre 2014 y 2018, cuando el gasto público creció un 2,4%, un punto menos de lo que lo hará en los próximos tres años según el plan gubernamental.
Esas son las grandes cifras porque el Gobierno no ha dado un solo detalle de las medidas concretas que pondrá en marcha para alcanzar esos objetivos fiscales. El argumento de Cuerpo es que esas medidas se irán detallando anualmente -en contra, por cierto, de lo que dice el reglamento europeo que regula la presentación de los planes fiscales estructurales, que exige una foto de lo que se va a hacer en los años siguientes- en los planes presupuestarios de cada año, amparándose en la flexibilidad que la Comisión ha dado a los países en vistas de las dificultades que estos ponían para cumplir con lo regulado el pasado mes de junio.
En la información que se ha trasladado este martes figuran únicamente un puñado de planes y estrategias ya formuladas pero cuyo desarrollo está por ver como el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), aún no validado por la Comisión Europea, la Estrategia para la planificación de la red de transportes, el Plan Nacional de Competencias Digitales, el plan para instaurar la Región 20 en el que Economía acaba de empezar a trabajar, además de todo lo aprobado hasta ahora como la reforma laboral o la de pensiones.
La presentación de Economía menciona también la reforma fiscal. ¿Está pensando el Ejecutivo entonces en nuevas medidas fiscales o en nuevas subidas de impuestos como se están encargando de sugerir desde hace días la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez? El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha admitido que la brecha de cuatro puntos de PIB que separa la presión fiscal española da margen para adoptar medidas, pero solo ha concretado la intención del Gobierno de hacer permanentes los impuestos a las eléctricas y al sector financiero, si bien se ha referido de forma muy vaga a otras medidas que se están negociando con la Comisión Europea en el marco de la negociación del quinto desembolso de los fondos europeos, que ha comprometido para final de año. Poco margen por tanto para adoptar nuevas medidas fiscales de calado.
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