Las gestoras deberán informar a los empleados con planes de pensiones de sus jubilaciones futuras

El mandato a las gestoras viene impuesto por la Dirección General de Seguros y responde a la transposición de una directiva europea en 2020, que mandata el diseño de una DPP «con información relevante, exacta y actualizada, para cada partícipe, teniendo en cuenta la legislación aplicable y con un contenido mínimo». Esta incluirá como eje central detalle sobre las previsiones de jubilación futuras, entre ellas una estimación de la renta que percibiría el empleado si se mantuviera en el mismo puesto de trabajo hasta el momento que alcanzara la edad de jubilación. Las previsiones de pensión se formularán considerando la complementariedad respecto de las pensiones públicas.

La DPP pretende ser una herramienta que ayudará a los beneficiarios de las pensiones de empresa a entender mejor sus derechos y a planificar de manera más efectiva su jubilación. El documento incluirá los datos personales del beneficiario del plan, una indicación de su edad de jubilación y el nombre del fondo de pensiones de empleo (y su dirección de contacto) al que está adscrito el plan de pensiones. Y si las previsiones de prestaciones de pensión se basan en estimaciones económicas, la DPP proporcionará información para un escenario central o probable, para el mejor de los casos estimados, así como una estimación desfavorable.

Según la Dirección General de Seguros, el nuevo documento debe contener criterios relativos a la edad o edades de jubilación y la forma de cobro de las prestaciones utilizables y, en su caso, la tasa anual de rendimiento nominal de las inversiones, la tasa de inflación anual y la tendencia de los salarios futuros. Contendrá también cuáles han sido las contribuciones empresariales y las aportaciones de los partícipes durante los doce meses anteriores a la fecha a la que se refiere la información, así como un desglose de los costos deducidos por el fondo de pensiones de empleo durante los últimos doce meses.

Las gestoras enviarán la documentación de forma gratuita y por medios electrónicos, incluidos «un soporte duradero o un sitio web», salvo que se solicite por escrito y se harán llegar igualmente a los que hayan alcanzado la edad de jubilación pero sin acceder al retiro. En este último caso, adaptarán las previsiones a las circunstancias declaradas por el partícipe o, en su defecto, según estimación de la entidad gestora.

Toda la información que comenzará a trasladarse desde este año deberá presentarse de forma que permita su «fácil lectura», redactarse «con claridad y utilizando un lenguaje comprensible, evitando el uso de términos técnicos cuando puedan emplearse en su lugar palabras de uso cotidiano».

El conocimiento que tendrán ahora los trabajadores con un plan de pensiones fue un objetivo que se marcó el Gobierno de Mariano Rajoy con las pensiones públicas, pero fue imposible llevarlo a cabo por su complejidad. El grado de detalle que ahora tendrán los trabajadores con un plan de empresa es clave en el actual escenario de desequilibrio de las cuentas de la Seguridad Social, y en pleno desembarco de la generación del 'baby boom', en el que estas fórmulas de ahorro cobran cada vez más protagonismo. De hecho son cada vez más las voces que abogan por su obligatoriedad.

La reforma de pensiones se marcó como uno de sus objetivos extender de forma masiva los planes de pensiones de empleo entre los trabajadores para llegado el momento del retiro, en un contexto de elevada longevidad, contar con un ingreso extra más allá de la prestación pública. En paralelo, Hacienda incrementó el incentivo fiscal hasta una deducción máxima de 8.500 euros anuales si aportan esta cuantía tanto el trabajador como el empleador. Y, por el contrario, recortó la deducción máxima en planes individuales desde 8.000 euros a 1.500 euros.

Los planes de empleo promovidos por el Gobierno con gestión privada fueron una de las grandes apuestas del exministro José Luis Escrivá, pero más de un año después de su constitución el fondo de promoción pública que debía incluir los planes de pensiones de empleo que ofrecen las cinco entidades privadas que se encargan de la gestión no ha despegado; ninguno se ha adherido a los macrofondos diseñados por el hoy gobernador del Banco de España.

Cuando se puso en marcha la reforma de pensiones, a comienzos de 2022, apenas un 8,5% de los trabajadores contaba con un plan de pensiones de empresa, pero tres años apenas se sitúa en el 13% de los ocupados. De poco más de 1,9 millones de beneficiarios se ha pasado a algo más de 2,6 millones. Las cifras son raquíticas si se tiene en cuenta que la población cubierta por estos planes complementarios vinculados al empleo deben situarse en 13 millones en 2030 y extenderse al 80% de la población activa ocupada en el largo plazo.