La Generalitat necesitaría los ingresos de 15 años de concierto catalán para restituir al Estado el coste de su autonomía fiscal

El cálculo del Colegio de Economistas de Madrid estima esa factura, en un cálculo aproximado según se reconoce en el informe, en 374.637 millones de euros, derivados en gran medida de la atribución a Cataluña de la parte porcentual que le corresponde en la deuda pública actual del Estado (alrededor de 300.000 millones), ya que con todos los impuestos en la caja catalana el Estado no tendría por qué endeudarse para financiar bienes y servicios en su territorio; de la devolución de las cuentas pendientes de los mecanismos de liquidez como el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), que se estima en 74.328 millones de euros; el pago de los 7.589 millones de euros que Cataluña tendría que ingresar a España en concepto de cupo, y los 270 millones de euros que la Generalitat tendría que asumir por la asimilación de la estructura de la Agencia Tributaria en Cataluña.

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Con esa cuenta a pagar y los 22.768 millones de euros extra que el informe del Colegio estima que la Generalitat obtendría bajo este nuevo sistema de financiación se llega a la conclusión de que serían necesarios 16 años y medio de transferencias del grueso de esa recaudación al Estado para poner el contador a cero.

Este es uno de los datos que el informe aporta para cuestionar la viabilidad de la instauración de un modelo similar al concierto vasco y navarro en Cataluña, que a juicio del informe llevaría al colapso al sistema de financiación autonómica.

Al margen de las objeciones puramente financieras, el informe del Colegio de Economistas de Madrid incide también en las objeciones jurídicas. Incide de manera particular en la aportación a la solidaridad condicionada que prevé el acuerdo firmado entre PSC y ERC, que el Gobierno ha decidido hacer suyo, y que supedita la ejecución efectiva de esa transferencia «a que los restantes gobiernos autonómicos alcancen niveles similares de prestación de servicios y a que lleven a cabo un esfuerzo fiscal similar", de modo que según subraya el informe "no sería el Estado sino Cataluña quien fijase de manera prácticamente unilateral el umbral máximo a partir del cual Cataluña no contribuiría a los mecanismos de nivelación".

Otro informe jurídico elaborado en este caso por Fedea entiende que esta solidaridad condicionada no tiene encaje en la Constitución. "La pretendida limitación de la solidaridad por referencia al esfuerzo fiscal o la ordinalidad no tiene fácil cabida en el sistema constitucional, ni parangón con modelos internacionales", advierte el informe.

"No está de más recordar que el principio de solidaridad no admite excepciones por razón del territorio o del nivel de autonomía financiera, de forma que todas las comunidades autónomas están sujetas al mismo sistema, y obligadas constitucionalmente participar en los mecanismos de solidaridad previstos", concluye.