Los funcionarios reclaman a Escrivá que active su subida de sueldo y la semana de 35 horas

Susana Alcelay

Madrid

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23/01/2024 a las 04:25h.

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Alrededor de 3,5 millones de empleados públicos han comenzado 2024 con sus nóminas congeladas y con muchos asuntos laborales pendientes, como la semana laboral de 35 horas o el teletrabajo. La falta de presupuestos ha sido la justificación del Gobierno para no aplicar desde este enero la subida del 2% que fue pactada con UGT y CC.OO., lo que ha generado una corriente de malestar entre los funcionarios por un comienzo del año que les convierte en el único colectivo sin aumento salarial, dado que las pensiones han aumentado un 3,8% y el salario mínimo un 5%.

CSIF mantuvo ayer un encuentro con el Gobierno, antes del primer contacto que mantendrá con el titular de Transformación Digital y Función Pública, José Luis Escrivá, mañana miércoles, un encuentro en el que el sindicato reclamará una subida de salario para los funcionarios, «que arrastran una pérdida de poder adquisitivo del 5,8% en dos años tras el acuerdo firmado entre el anterior Ejecutivo y CC.OO. y UGT, y más del 20% del recorte recorte salarial de 2010, con el presidente José Luis Rodríguez Zapatero».

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En tanto no se aplique la subida de la nómina de los empleados públicos permanecerá congelada en las cifras actuales, lo que implicará una pérdida media de unos 50 euros al mes, tomando como referencia el último salario medio proporcionado por la EPA que ronda los 33.684 euros anuales.

Para CSIF es clave abrir una negociación colectiva en la Administración para un nuevo acuerdo de legislatura que incluya la modificación del Estatuto Básico del Empleado Público y avances laborales como la jornada laboral de 35 horas. También reclama la central que dirige Miguel Borra una homogeneización de la promoción interna, indemnización por residencia, aportación a planes de pensiones y una regulación de la jubilación parcial o la no discriminación en la edad de jubilación forzosa. Entre sus peticiones están también la consideración de las lenguas cooficiales exclusivamente como mérito y la excepcionalidad de la condena en costas procesales en la defensa de sus derechos laborales.

Junto a estas medidas, CSIF reclamará al ministro que negocie con los sindicatos el desarrollo de la Ley de Función Pública aprobada en diciembre. Una norma que forma parte de la reforma de la Administración pactada con Bruselas y que aborda asuntos espinosos como la valoración del desempeño del empleado público, una evaluación abre la puerta a que el funcionario pierda su puesto si no supera las pruebas que se determinen.

El Ejecutivo, tras el revuelo sindical, ha dejado en manos de la negociación colectiva los criterios de esa evaluación, un procedimiento que será anual y por el que «se valora la conducta profesional y se mide el rendimiento o logro de resultados de las empleadas y empleados públicos, con la finalidad mejorar la productividad de las diferentes unidades y la calidad de los servicios públicos»