El fondo público de pensiones de Escrivá, vacío un año después de su lanzamiento

Aunque son varios los problemas que impiden poner en marcha el fondo e incorporar planes de ahorro procedentes de las empresas, al menos uno de carácter técnico mantiene cerrada la puerta en este momento. Fue hace ahora un año cuando en una orden publicada el 2 de noviembre de 2023 el Gobierno –aún bajo la batuta de Escrivá que capitaneó la Seguridad Social hasta el 21 de noviembre del pasado ejercicio– reguló las remuneraciones de los miembros de la Comisión de Control Especial encargada de supervisar la actividad de las cinco gestoras que ganaron el concurso para la administración de los planes que se inserten en el vehículo de promoción pública.

Esta comisión conformada por trece miembros -cinco nombrados a propuesta del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, cuatro a propuesta por las organizaciones sindicales con más representación, UGT y CC.OO. y otros cuatro a propuesta de las organizaciones empresariales más representativas, CEOE y Cepyme- mantuvo su primera reunión precisamente el día que la actual ministra Elma Saiz recibía la cartera como titular de la Seguridad Social. Pero la actividad de esta comisión se frenó por dos cuestiones que en este momento se está buscando modificar en una reelaboración del reglamento de funcionamiento del órgano.

Por un lado, según confirman fuentes cercanas a la Comisión consultadas por ABC, las organizaciones representadas demandan que las remuneraciones de los miembros (3.375 euros brutos al mes en doce pagas más 1.390 euros adicionales en caso de asistencia a reuniones extraordinarias de la comisión) no vayan con cargo al patrimonio del fondo de promoción pública tal y como recoge la orden ministerial, que determina que estas cuantías se abonen una vez que el patrimonio conjunto de los fondos de pensiones de empleo de promoción pública haya alcanzado los 1.000 millones de euros. Y piden que sea el Ministerio el que consigne una partida presupuestaria destinada a estos efectos en lugar de suponen un coste más sobre los ahorros de los trabajadores depositados en el fondo, que se sumarían a los máximos establecidos para la gestión y depósito de los mismos, del 0,3% y 0,1% respectivamente. Y por otro lado, los representantes empresariales y sindicales han trasladado al Gobierno su intención de que tales remuneraciones no sean nominales para cada uno de los miembros, sino que puedan ser recibidas por las propias organizaciones, de modo que puedan ser distribuidas por ellas.

Fuentes del Gobierno consultadas por ABC reconocen que se está trabajando en la elaboración de un borrador para la reevaluación de las bases de esta orden ministerial en términos de la fuente de financiación de esta orden. Sin embargo, el texto sigue aún sin ser definitivo y ha dejado la actividad de esta Comisión de Control Especial en punto muerto. Señalan fuentes del diálogo social que así se evita seguir devengando remuneraciones que sean eventualmente cargadas contra el patrimonio del fondo de promoción pública.

No obstante, esta inactividad también impide el funcionamiento a pleno pulmón del sistema de ahorro complementario de en los planes de empleo simplificados -tal y como explicaba recientemente elEconomista- ya que, por ejemplo, una de las funciones del organismo sería aprobar los planes que propongan las cinco gestoras privadas para ser incluidos en el vehículo de ahorro.

Ahora bien, esta circunstancia de que un plan haya sido planteado pero sin poder aprobarse por parte de la Comisión de Control no ha llegado a producirse en este último año. Tal y como señalan fuentes de las cinco gestoras privadas del fondo -VidaCaixa, BBVA, Caser, Santander e Ibercaja- aún no existen candidatos pese a que la plataforma ya está activa. Y también pese a que estas entidades ya han 'hecho los deberes' al haber articulados los 15 planes de pensiones de empleo que pueden acceder al fondo público -tres por cada una de ellas, con diferentes perfiles de riesgo de cara a la inversiones que se realizarían-. Sin embargo, pese a que las gestoras ya cuentan con las fichas, aún no hay empresas o sectores que se hayan interesado por esta opción para vehicular sus planes.

De hecho, el plan de pensiones sectorial de la construcción que echó a andar a comienzos de este año fue atribuido a VidaCaixa pero para ser vehiculado en un fondo de promoción privada de la entidad. Al igual que ocurre con otros, como el constituido por la asociación de autónomos ATA con la misma entidad, y también en un fondo privado. Eso sí, cabe destacar igualmente que sí existe un mayor uso de planes de empleo simplificados en este último año, la figura que se reguló al mismo tiempo que el fondo público de pensiones y que flexibilizó las posibilidades de adscripción para el colectivo de trabajadores y autónomos.

Sin embargo, tras la ausencia de ahorros en fondo público un año después no está solo el bloqueo técnico de la reevaluación de la orden ministerial de remuneraciones sino que la ausencia de candidaturas para entrar al fondo público tiene un reflejo cualitativo de falta de atractivo en los determinantes de este vehículo de ahorro. Señalan fuentes cercanas a la gestión del mismo que no hay un incentivo fiscal más allá de las bajas comisiones que por otro lado el sector privado ya iguala en caso de los planes de empleo. Estas mismas fuentes explican que además el modelo es más de medio plazo en tanto estos planes están conminados a ser discutidos para su aplicación en la negociación de los convenios colectivos. «Hay algunos convenios que tardan años en negociarse», señalan como otra de las trabas.

Cabe señalar en este punto que las cinco entidades gestoras tiene un compromiso de llevar al fondo público un mínimo de 500 millones de euros cada una de ellas en un plazo de tres años, es decir, acumular un patrimonio de 2.500 millones de euros. Según avanzaba La Información recientemente las gestoras podrían estar retrasando viendo el lento avance y lo baches que aún se deben sortear. Según reconocía Eva Valero, directora del Observatorio Caser y experta en ahorro y previsión, en un reciente encuentro sobre la implantación de los planes de pensiones de empleo, este objetivo podría ser «ambicioso». Y cabe añadir tal y como señalan las fuentes cercanas a la Comisión de Control consultadas por ABC que una de las atribuciones del órgano es precisamente renovar, o no, a estas entidades una vez se evalúe la consecución de estos objetivos, si bien señalan la existencia de un margen de maniobra por estas demoras en la reevaluación de la orden ministerial, y a lo que tampoco ayuda el hecho de que un error en la elaboración de la primera ley que reguló el fondo público del 30 junio de 2022 no regulara la figura de los comercializadores de planes de pensiones de empleo, limitando así su promoción entre las empresas llamadas a suscribirlos.