La Fiscalía de la Audiencia Nacional se persona contra las aerolíneas por el cobro del equipaje de mano
También ha denunciado el sobrecoste en la selección de asientos contiguos, aunque se trate de menores y personas dependientes junto a sus acompañantes o que no se pueda pagar en efectivo en los aeropuertos
El Gobierno multa con 179 millones a las aerolíneas 'low cost' por cobrar por el equipaje de mano y otros 'extras'
La Fiscalía de la Audiencia Nacional (AN) se ha personado en defensa de los consumidores y usuarios en los procedimientos judiciales contencioso administrativos seguidos con motivo de las sanciones impuestas a las compañías aéreas Ryanair, Vueling, Easyjet, Norgewian y Volotea por presuntas prácticas abusivas.
Entre estas acciones, ha enumerado en un comunicado, recogido por Europa Press, el exigir el pago de un suplemento por llevar equipaje de mano en la cabina. También el tener que abonar un sobrecoste sobre el precio del billete por el hecho de reservar asientos contiguos, aunque se trate de menores o de personas dependientes que viajen junto a sus acompañantes.
En la nota, la Fiscalía de la AN también ha denunciado como una práctica abusiva la imposición de una tasa «desproporcionada y abusiva» a los pasajeros por la impresión de la tarjeta de embarque o el hecho de que no se permita el pago en metálico en los aeropuertos españoles.
Cuánto y en qué conceptos cobran las aerolíneas 'low cost' sancionadas por Consumo
Ryanair, Vueling, Volotea y Easyjet se enfrentan a una sanción de 150 millones por el cobro de equipaje de mano y por la reserva de asiento contiguo
El comunicado pone el foco en las «omisiones engañosas de información y falta de claridad en los precios publicados tanto en su propia web como de terceros». Así, ha abundado, esto hace díficil la comparación de ofertas por parte de los consumidores y su posterior toma de decisiones.
Por último, el organismo recuerda que las sanciones impuestas por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 fueron impugnadas por las compañías aéreas ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional.
La posición de las aerolíneas
Son 179 millones de euros a lo que asciende la sanción que Consumo quiere imponer a las aerolíneas de bajo coste por estas prácticas «abusivas». La mayoría de esa multa corresponde a Ryanair, unos 108 millones de euros, el 60% de la multa. La aerolínea irlandesa se ha revuelto desde el principio contra la misma e incluso su consejero delegado, Michael O'Leary ha llegado a posar con una efigie del ministro del ramo, Pablo Bustinduy, vestido de payaso, al que también llegó a llamar «comunista loco».
Ryanair defiende que las prácticas con las que pretende acabar Bustinduy provocarán la subida de precios de los billetes, la misma posición que mantienen el resto de las aerolíneas. La patronal que agrupa a la mayoría de las que operan en España, ALA, es el argumento que mantiene para defender que las 'low cost' sigan cobrando por lo que consideran servicios complementarios. Centrándose en la maleta de mano, las compañías aéreas también defienden que se trata de un tema de capacidad, porque en el avión entran 180 pasajeros pero solo 90 trolleys. Por lo que dicen que la política de cobrar por llevar el equipaje en cabina ha servido para reducir drásticamente el número de retrasos porque antes a las últimas personas en embarcar se les tenía que etiquetar y bajar la maleta a bodega.
Consumo lo celebra
Por el momento, cada una de las aerolíneas afectadas tienen presentados recursos ante la Audiencia Nacional y solicitado medidas cautelares para tratar de frenar el abono de la multa y la retirada de las prácticas anunciadas mientras los tribunales investigan el caso. Pero el apoyo de la Fiscalía no es baladí para el departamento de Consumo, que valora «positivamente» el paso y dado y lo sitúa en la línea que marca su Circular 2/2018, de 1 de junio, sobre nuevas directrices en materia de protección jurídica de los derechos de los consumidores y usuarios.
«El Ministerio reitera la determinación de defender los derechos de las personas consumidoras hasta el final, ante cualquier institución e instancia. Nuestro objetivo es que ningún ciudadano en España ni en Europa tenga que volver a pagar por lo que la ley dice que es un derecho. Nuestra actuación también es en defensa de las empresas que cumplen la legislación», señalan fuentes del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.
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