La falta de competitividad respecto al sector privado amenaza el fondo público de pensiones de Escrivá

El principal elemento de falta de valor añadido de estos planes de empleo simplificados de promoción pública, el nombre que recibe el nuevo instrumento de de ahorro aprobado por el Gobierno para fomentar la previsión complementaria para la jubilación en el seno de las empresas, están en los costes que tendrá para los trabajadores que suscriban estos planes, es decir, para los futuros ahorradores.

El Gobierno ha publicado recientemente un avance del reglamento para el nuevo fondo de pensiones de empleo de promoción pública que fija las comisiones de gestión máximas que podrán aplicar las empresas privadas encargadas del 0,3% y del 0,1% para las depositarias. En este mismo nivel, e incluso por debajo, se sitúan los costes de los planes de empleo que ya se ofrecen en el sector privado.

«Me cuesta ver la diferencia entre un plan simplificado (de promoción pública) y uno de promoción conjunta (los que ya oferta el sector privado), relataba el secretario de Protección Social y Políticas Públicas de CCOO, Carlos Bravo, durante su intervención en el foro sobre 'Planes de pensiones de empleo: promoción de la previsión social empresarial' celebrado por el despacho de abogados Pérez-Llorca y CEOE.

«Me cuesta ver las ventajas de ir al fondo publico respecto a un plan colectivo privado. Lo normal es que los planes se hagan en los modelos existentes porque no veo valor añadido al nuevo modelo», señala Bravo apuntando que existen otras opciones que ya cubren las necesidades que cubren los planes simplificados.

Tampoco cree el representante sindical que la presencia de la Administración Pública en los órganos de gestión y control de los ahorros suponga un elemento diferencia respecto a lo que ya se oferta desde el sector privado. Por lo que se corre el riesgo de que el nuevo instrumento de ahorro dispare con pólvora mojada sobre los colectivos diana hacia los que se dirige la nueva ley ya aprobada, pero que no ha entrado aún en vigor.

Este es el otro gran punto negro que han detectado los agentes sociales sobre la nueva regulación. Tanto patronal como sindicatos aseguraron durante la jornada acogida por la CEOE que se aprecia un claro desfase legislativo en la norma del fondo público de pensiones. Los propios negociadores reconocen que se dio luz verde a la medida justo antes de verano con un tortuoso proceso de aprobación parlamentaria y con discrepancias de los agentes sociales sobre el texto definitivo.

En este punto, Rosa Santos, directora del Departamento de Empleo, Diversidad y Protección Social de CEOE, apuntaba que tiene poco sentido abordar esta norma, siendo el de los autónomos unos de los colectivos objetivo del fondo público, sin antes haber concretado la reforma del sistema de cotización de los trabajadores por cuenta propia. «A los autónomos se les ha abierto una posibilidad de ahorro sin que antes supieran cuanto iban a pagar de cuota a la Seguridad Social y sin saber por lo tanto su capacidad de aportar a un sistema de ahorro», apuntaba.

Una visión que comparte el representante de CCOO asegurando que hubiera sido conveniente primero zanjar la reforma en conjunto de la Seguridad Social y después abordar el sistema de ahorro complementario. «Nos hubiéramos ahorrado el ruido de que el sistema privado ataca al sistema público», señala Carlos Bravo.

Del mismo modo, la representante de CEOE apuntaba a otro elemento disonante de la medida. Si bien es cierto que se han incluido ciertos incentivos como la deducción de hasta 1.400 al año por trabajador en la cuota de Seguridad Social empresarial en caso de aportaciones complementarias de empleador y empleado al plan de pensiones y la desgravación de hasta el 10% en el impuesto de Sociedades, desde la patronal avisa: tiempo atrás llego a haber más ventajas fiscales disponibles y ahorro del segundo pilar no logró despegar en España. «Seríamos ingenuos si no vemos que el fondo público nace carente de incentivos«, señala Rosa Santos sobre los obstáculos que se puede encontrar la implantación de los planes simplificados del Gobierno.

El otro punto que los expertos presentes en la jornada afearon del proceso legislativo es que se articulara este modelo a costa del tercer pilar de ahorro para jubilación, el de los planes de pensiones individuales. En este sentido, Olimpia del Águila, responsable de las áreas de Seguridad Social e Igualdad de CEOE, advertía de que «la potenciación del segundo pilar se ha hecho con el estrangulamiento del tercer pilar«.

Apunta la responsable de CEOE que el desfase legislativo es total: se aprueba antes que la reforma del RETA y se recorta las exenciones para las aportaciones de los autónomos sin haber nada en el segundo pilar.

Tampoco la norma ha dejado buen saber de boca en la otra parte sindical. Durante su intervención en el foro, el secretario Confederal de UGT, Fernando Luján, quien asegura estar preocupado cómo se puede trasladar este concepto de ahorro a la negociación colectiva, sin ser obligatorio, para así poder hacer efectivo ese objetivo que tiene el Ministerio de Seguridad Social de incluir en los fondos a más de 10 millones de trabajadores.

«La ley produce cierta insatisfacción. El ministro José Luis Escrivá ha pecado de cierta ligereza. Esto debería de haberse abordado en conjunto, con una visión integral del sistema«, criticaba el representante de UGT mostrando además ciertas reticencias por la aplicación de incentivos fiscales y en cuota de Seguridad Social, que espera no detraigan recursos del sistema público de pensiones.