Europa ratifica el acuerdo político sobre las nuevas reglas fiscales y obligará a España al mayor ajuste presupuestario de la UE

Las nuevas reglas instauran planes obligatorios de cuatro años para la reducción de la deuda y el déficit, como quería Alemania, pero permiten también alargar el proceso hasta siete años si el gasto público se necesita para inversiones específicas en reformas que mejoren el crecimiento potencial de la economía, para la transición energética o incluso para gastos en materia de defensa.

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Si estas reglas se acaban aprobado formalmente, como es de esperar tras el acuerdo alcanzado este sábado por Consejo y Parlamento, España será el país que tendrá que hacer el mayor ajuste fiscal adicional de todos los países de la UE, ya que tendrá que reducir su déficit primario -la diferencia entre los ingresos y los gastos del sector público, excluida la carga creciente por los intereses de la deuda- en un punto porcentual del PIB de aquí a 2025, lo que implica un ajuste fiscal cercano a los 15.000 millones de euros.

Francia e Italia, que también arrastran una carga de deuda pública importante y un importante desequilibrio entre ingresos y gastos, se han conformado también con este mecanismo de flexibilidad, que permite alargar el plazo para reducir los desequilibrios.

Según una nota de prensa difundida este sábado por el Consejo, las reglas pactadas «mantienen el objetivo general de reducir los ratios de deuda y déficit de una manera gradual, realista, sostenida en el tiempo y favorable al crecimiento, protegiendo al mismo tiempo las reformas y la inversión en áreas estratégicas como la digital, la verde, la social o la defensa. Al mismo tiempo, el nuevo marco brindará el marco adecuado para políticas anticíclicas y abordará los desequilibrios macroeconómicos».

El acuerdo obliga a los gobiernos a presentar planes fiscales estructurales a medio plazo, tras lo que la Comisión deberá presentar una «trayectoria de referencia» a los países cuya deuda pública supera el 60% del PIB o donde el déficit público supere del 3% del PIB, las mismas referencias existentes hasta 2020 que Alemania se ha empeñado en mantener.

Este plan presentado por la Comisión después de un «diálogo técnico» con los países concernidos, debe establecer el rumbo que garantice que al final del periodo de ajuste fiscal de cuatro años, la deuda pública esté en una trayectoria descendente plausible o se mantenga en niveles prudentes a medio plazo.

Los planes de ajuste que presenten los países que lo necesiten deben expresarse en términos de gasto neto a medio plazo y deben ser aprobados por el Consejo de la UE, es decir, por los gobiernos de los demás países. El acuerdo habrá de ser formalizado con una votación en el Parlamento y en Consejo, antes de que entre en vigor el año que viene.