Escrivá renegocia con Bruselas la reforma de pensiones tras vetar los socios el alza del periodo de cálculo

Por este motivo el titular de la Seguridad Social ha tenido que comunicar a las autoridades comunitarias que si está medida sigue en la agenda de negociación tal y como está diseñada no habrá una reforma pactada en España, y la norma no pasará el necesario filtro del Parlamento. No hay, por tanto, avances sustantivos en la reforma de la que dependen el pago de fondos europeos, ni es previsible que en los próximos días el Ejecutivo pueda anunciar un acuerdo, pese a los reiterados intentos del Ministerio de Seguridad Social de trasladar un pacto social y político inminente.

La propuesta de ampliar los años que se toman para calcular la pensión de los actuales 25 años a 30 es hoy el mayor obstáculo para que salga adelante una de las reformas más ambiciosa que tiene pendiente España. La negativa de Podemos es total y la medida ha sido públicamente rechazada en varias ocasiones por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, por los recortes que implica. Para Bruselas, por el contrario, es una demanda clave, que justifica en que España es el país europeo con la tasa de remplazo (porcentaje que representa la pensión sobre el último salario) más elevada junto con Italia y Grecia.

Desde Bruselas se insiste en la necesidad de asegurar la sostenibilidad del sistema, en el que este mismo año ha comenzado a aterrizar la generación del 'baby boom', un ejército de 14 millones de personas (los nacidos entre 1957 y 1977) con carreras de cotización muy elevadas que les dará derecho también a pensiones altas. La llegada de los primeros 'boomers' se ha producido en un momento muy delicado para el sistema, en el que la natalidad en España languidece y la precariedad es la tónica del mercado laboral y en el que las deudas ya se extienden para generaciones futuras: el pasivo ya llega a 113.000 millones de euros.

La alternativa con la que Escrivá quiere convencer a Bruselas de la caída o modificación sustancial del aumento del periodo de cálculo es con un destope de las bases máximas, medida que compartirían también los sindicatos y que ya fue avanzada por el ministro a primeros de este mes a las autoridades comunitarias. Ante los expertos europeos, el ministro quiere argumentar que este hachazo en las cotizaciones servirá para apuntar el sistema y reforzar su sostenibilidad y, además, pasará el examen del Parlamento.

Los morados han defendido un esfuerzo extra de las rentas más altas para sostener las pensiones. No les parece suficiente el planteamiento de destope de las bases máximas, el hachazo del 30% planificado para 25 años más el IPC anual, ni la entrada en vigor el 1 de enero del mecanismo de equidad intergeneracional (MEI) y la subida del 0,6% en las cotizaciones que lleva implícita.

Como ya explicó este diario, elevar el listón para los sueldos altos afectaría a rentas de más de 4.500 euros, teniendo en cuenta el alza de las bases máximas en un 8,6%: todo lo que exceda de este tope máximo de cotización está exento de pagar cotizaciones sociales. El planteamiento de está 'cuota de solidaridad' está sobre la mesa como extra, más allá del citado destope, la actualización el IPC y el MEI que ya está en vigor. Ahora habrá que ver hasta dónde quiere o puede llegar el ministro, dado que los morados siempre ha defendido que se eliminen los topes actuales y que el trabajador cotice por todo lo que ingresa.

La medida también es bien vista por los sindicatos UGT y CC.OO. que, a cambio de su apoyo a la reforma, también quieren sacar beneficio. Al igual que el socio de Gobierno exigen al ministro un alza sustancial para las pensiones mínimas, que ya este ejercicio subieron un 15%, frente al 8,5% general, así como reducir de 15 a 12 los años mínimos necesarios para poder percibir una pensión contributiva.

Esta última propuesta ha sido puesta encima de la mesa por UGT, que entiende que si se aplica una ampliación del número de años que se tienen en cuenta para calcular la pensión debería rebajarse también el número mínimo de años que se exigen para acceder a una pensión contributiva y eliminar también la exigencia de que dos de estos años cotizados se hayan producido en los últimos 15, lo que supondría un aumento del gasto. Sobre la mesa de negociación también está una mejora del complemento por maternidad que ayude a reducir la brecha de la pensión, menor de media para las mujeres, mientras también se pone el foco sobre este aspecto en la propuesta de mejora de tratamiento de las lagunas de cotización que se negocia con los sindicatos.

Pese al escenario Escrivá se mostró ayer optimista tras reunirse con el comisario de Economía, Paolo Gentiloni. «Estamos trabajando para poder cerrar un acuerdo en un mes, que tendrá «mucho calado» y marcará una «referencia» para el resto de Estados miembros de la UE», aseguró.