La élite empresarial se resigna a lidiar con un gobierno hostil
«Esto no va a cambiar», ejecutivos de grandes compañías esperan más presión regulatoria y más reproches públicos si hay gobierno de coalición
Repsol, Caixabank o Capital Group agitan otra vez la inseguridad jurídica
El lobby que reúne a los Roig, Entrecanales, Botín o del Pino reclama más estabilidad institucional
Si penalizamos a las grandes empresas nos pegamos un tiro en el pie». Gonzalo Gortázar, consejero delegado de CaixaBank, la entidad financiera surgida de la integración de Caixabank y Bankia, cuyo primer accionista es el Estado, alzó la voz este viernes para subrayar la incoherencia ... para los intereses de la economía española de condenar a sus entidades financieras y a sus empresas energéticas -dos sectores estratégicos para la economía- a pagar más impuestos que sus vecinos europeos de manera permanente, como se desprende del acuerdo de gobierno entre PSOE y Sumar que abre la puerta a prorrogar los gravámenes extraordinarios a ambos sectores.
Un día antes había sido el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, el que advirtió que si se concreta ese proyecto de prorrogar de manera permanente el gravamen sobre las energéticas la compañía reorientaría parte de sus proyectos de inversión hacia otros mercados. La guinda la puso el fondo de inversión estadounidense Capital Group que en el marco del Congreso de la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos (CEDE) pidió más estabilidad regulatoria y fiscal en España.
Se diría que las empresas han visto que el acuerdo entre el PSOE y Sumar aspira a reeditar el tono de los últimos cinco años y empiezan a sugerir que no están dispuestas a pasar otra vez por ahí.
«Esto no va a cambiar», auguraba en conversación con ABC un alto ejecutivo de una de las empresas más importantes del sector de la automoción en el último Congreso del Instituto de la Empresa Familiar, celebrado entre el lunes y el martes en Bilbao. «Nosotros ya no esperamos ningún tipo de apoyo o incentivo por parte del Gobierno. Estamos dedicados a lo nuestro y solo pedimos que nos dejen trabajar».
«Ya no es una cosa de soportar más o menos impuestos, aunque eso lógicamente erosiona nuestra productividad, es que no podemos estar sometidos a una inseguridad regulatoria tan grande», lamentaba un importante empresario del sector hotelero.
Resignación general
El tono combativo de años anteriores se ha tornado este año en resignación. La mayoría de los empresarios familiares consultados asume que habrá reedición del gobierno de coalición de las izquierdas, las escasas expectativas que albergaban respecto al despliegue de los fondos europeos parecen haberse diluido por completo y el enésimo desplante del presidente del Gobierno al club en el que militan y participan de forma activa empresarios como Juan Roig (Mercadona), José Manuel Entrecanales (Acciona), Ana Botín (Santander) o Simón Pedro Barceló (Barceló)les ha convencido de que el interés del presidente por recomponer sus relaciones con el tejido empresarial es inexistente.
El presidente del Instituto de la Empresa Familiar, Andrés Sendagorta, presidente a su vez de la ingeniera vasca Sener, se esforzó por ver en el tono conciliador y agradecido del discurso de José Luis Escrivá, el ministro que este año acudió al evento en representación de Sánchez, un indicio de un diferente enfoque del Gobieno hacia el colectivo, una visión no muy compartida por los empresarios familiares que acudieron a Bilbao. «Es una permanente falta de respeto desde hace años. Que no acuda es lo de menos. El problema son los ataques a empresarios con nombres y apellidos. Eso no ocurre en nigún país», se removía un empresario extremeño.
El ataque del Gobierno a Rafael del Pino, presidente de Ferrovial y socio fundador de la Empresa Familiar, aún escuece entre los asociados. «En cualqier momento nos puede tocar a otro», aseguraba otro empresario familiar. Este año Del Pino se dejó ver en los corrillos que se forman en los descansos de la jornada con Juan Roig, Francisco J. Riberas o José Manuel Entrecanales. Un gesto de apoyo.
Sin respaldo desde las autoridades gubernamentales, a las que se instó expresamente a compartir el orgullo por un tejido empresarial que es puntero a nivel mundial en muchos sectores, la élite empresarial ha decidido buscar cobijo en el entramado institucional que brinda la Constitución. La cerrada y prolongada ovación tributada al rey Felipe VI fue un gesto de reconocimiento a una institución que une en lugar de dividir y que siempre ha mostrado su apoyo firme a los empresarios familiares.
El caluroso recibimiento que se tributó a Alberto Núñez-Feijóo, con el que los empresarios de mayor alcurnia buscaron intercambiar impresiones y los menos célebres arrastraron a una prolongada sesión fotográfica de varios minutos fue otro gesto.
«Es vital recuperar el sentido de la institucionalidad. Es tarea de todos hacer más fuertes las instituciones que nos representan y vertebran como sociedad», pidió Sendagorta.
Sin salida en Cataluña
El Instituto de la Empresa Familiar esquivó pronunciarse sobre el proceso de investidura de Sánchez y sobre la amnistía y prefirió enfocar el asunto desde otra perspectiva: lanzando mensajes a favor de la moderación y el diálogo en lugar de la polarización y reafirmando el marco constitucional como la línea roja para cualquier iniciativa.
Varios empresarios catalanes presentes en la reunión de Bilbao manifestaron a ABC su escepticismo respecto a que la vía Sánchez para desinflamar la situación en Cataluña vaya a tener éxito. «Son demasiados años así. Una amnistía tampoco lo va a resolver. Veo el futuro muy negro», confiaba el propietario de una empresa catalana del sector de la alimentación.
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En otras épocas la burguesía empresarial catalana tendría voz y voto en un proceso de estas características. Las desmembración de CiU y la deriva de Junts les ha sacado del teatro en este proceso. Varios empresarios catalanes reconocen que la interlocución con Junts, ERC o PSC es casi inexistente y que su único objetivo es ya poder operar en Cataluña con cierta tranquilidad. «Lo que está claro es que con esta inestabilidad política las empresas que se fueron no van a regresar y eso tiene un impacto sobre la fortaleza de la economía», vaticina un empresario del sector industrial.
Todas estas pinceladas configuran un cuadro cuyos trazos principales confirmaron los empresarios familiares -los responsables del 70% del empleo privado del país y casi del 60% del PIB- en la encuesta interactiva que todos los años se les hace en el congreso: extraordinaria preocupación por la inestabilidad institucional, bajas expectativas sobre el comportamiento de la economía española y una visión más optimista sobre el funcionamiento de sus negocios. Más confianza en su capacidad para hacer funcionarios sus negocios, que en la del Gobierno para hacer funcionar la economía, en definitiva. «Nosotros, a lo nuestro», coincidieron varios empresarios familiares consultados por ABC.
Tienen argumentos para sus dudas. «Los Perte son una caso muy ilustrativo. Se han diseñado sin tener en cuenta los proyectos específicos que hubieran movilizado inversión empresarial. Han sido un fracaso porque las empresas no han acudido a las convocatorias y ahora los lanzan otra vez corrigiendo dos cosas pero con los mismos errores de base. Volverán a fracasar porque la Administración no tiene capacidad para gestionarlos», augura un empresario de la automoción.
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