La edad para acceder a la jubilación anticipada por trabajo de riesgo lastra el acuerdo entre Gobierno y agentes sociales

G. D. Velarde

Madrid

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19/03/2024
Actualizado a las 08:34h.

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El pulso de la negociación entre el Gobierno y los agentes sociales podría endurecerse en los próximas semanas si el gabinete de la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, y los representantes del diálogo social no encuentran un punto de entendimiento sobre el aspecto de las edades a partir de las cuales los trabajadores de profesiones de riesgo pueden acceder al sistema de coeficientes reductores para jubilarse anticipadamente de forma ventajosa, antes de la edad de retiro prematuro ordinario -dos años antes de la edad legal, por lo que se situará en los 65 años a partir de 2027-.

Tanto el secretario de Protección Social y Políticas Públicas de CC.OO., Carlos Bravo, como la secretaria de Política Institucional de UGT, Cristina Estévez, abordaron esta cuestión en el día de ayer a la salida de la reunión mantenida con el Gobierno. En el desarrollo reglamentario del mecanismo para reconocer coeficientes reductores de la edad de jubilación en trabajos tóxicos, penosos, insalubres o peligrosos, Bravo asegura que no hay «avances significativos».

Mientras que Estévez denuncia que el Gobierno sigue discutiendo a los sindicatos «la edad de jubilación» en los coeficientes reductores para actividades tóxicas. «Ya no se pone en cuestión el concepto de penosidad todavía no se ha decidido qué parámetros usar para objetivarla», señala.

Estévez, por su parte, sí ve avances en la negociación para que las mutuas colaboren en procesos de incapacidad temporal traumatológicos. Cabe recodar que este es el otro punto crucial que se está negociando en la mesa de pensiones abierta en el seno de Seguridad Social, con el que se pretende dar más poder asistencial a las mutuas colaboradoras para acelerar principalmente la fase diagnóstica y de tratamiento, para una eventual alta definitiva más temprana que los plazos en los que se mueve en estos momentos la asistencia sanitaria pública.

El objetivo de esta segunda parte de la negociación es aligerar la carga para el sistema, no solo en el plano asistencial, sino también el coste en cobertura de la incapacidad temporal, que se ha duplicado desde el nivel previo a la pandemia.