Los economistas piden «unidad de mercado» para la fiscalidad verde, que ya supone el 5,8% de los ingresos de la UE

Según el estudio presentado por el CGE, los impuestos medioambientales establecidos por las autonomías que recaen sobre las emisiones, el agua, los recursos y los residuos aportan el 73,3% de la recaudación por impuestos propios, siendo casi el 50% de los impuestos propios los que gravan la contaminación o el uso del agua. Navarra, País Vasco, así como todas las comunidades de régimen común, con la excepción de Castilla-La Mancha y Madrid, gravan las etapas de saneamiento y tratamiento de vertidos del ciclo del agua. Al tratarse de impuestos propios autonómicos, cada comunidad configura el impuesto como considera oportuno (por ejemplo, sobre la definición del hecho imponible, estimación de la base o tipos impositivos a aplicar), sin necesidad de establecer ningún tipo de armonización o elemento común, explica el informe.

Así las cosas, el presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, ha reclamado «unidad de mercado» para la fiscalidad medioambiental, ya que cree que no tiene sentido que unas comunidades autónomas «no exijan prácticamente ningún tributo medioambiental propio y sus territorios vecinos sí, para un mismo tipo de hecho imponible. Los ciudadanos y las empresas contaminan con independencia de donde se resida», ha apuntado.

Sobre este hecho, Salvador Marín, director del servicio de estudios del CGE ha explicado que «es un error de partida el comenzar este debate centrándolo en la cuestión de si en España se deberían pagar más o menos impuestos medioambientales, ya que se están alinenado a la media de la OCDE en cuanto a ingresos tributarios y a porcentaje del PIB». Ha dicho que la verdadera cuestión está en para qué y por qué se usan. «Es alrededor de estas dos preguntas donde debería girar el desarrollo de una verdadera fiscalidad medioambiental, que dentro de una ya muy necesaria reforma global de la fiscalidad en nuestro país, primara la racionalización de todas las actuales figuras relacionadas con metas medioambientales, tanto estatales como autonómicas, incentivando de forma concreta las actividades que promuevan y desarrollen el ámbito medioambiental y penalizando a las que vayan justo en sentido contrario».

A nivel comunitario, los impuestos medioambientales representan en el conjunto de los países de la Unión Europea un promedio del 5,8% y el 2,4% del total de ingresos y del PIB, respectivamente. Según el CGE, a pesar de la utilización creciente en la UE de la fiscalidad como instrumento de política ambiental, su importancia no deja de ser «secundaria» en comparación a los grandes pilares de los sistemas fiscales como son los impuestos que recaen sobre el trabajo o sobre el consumo.« Si ampliamos el análisis al ámbito de la OCDE, la conclusión anterior se refuerza porque el peso de los impuestos ambientales es incluso menor, al representar únicamente el 5% y el 1,5% de total de ingresos y del PIB, respectivamente». En el caso de España, la importancia recaudatoria de los impuestos relacionados con el medioambiente ha sido tradicionalmente menor a la de la media comunitaria, con unos valores muy similares a la media de la OCDE aunque mayor que la de Alemania y similar al de Suecia.

En cuanto a las figuras impositivas medioambientales más utilizadas, el estudio pone de manifiesto que de las cuatro grandes categorías de impuestos (la energía –incluidos los combustibles–, el transporte, la polución y los recursos naturales), las dos primeras son, con diferencia, las que más recaudan. En el conjunto de la Unión Europea, los impuestos sobre la energía que gravan los combustibles suponen el 51% y los demás impuestos sobre la energía un 26%, por lo que únicamente la categoría de la energía supone el 77% del total de ingresos ambientales.

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La presentación del estudio estuvo a cargo del presidente del Consejo General de Economistas de España (CGE), Valentín Pich, del director del Servicio de Estudios del CGE, Salvador Marín, y el presidente del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF-CGE), Agustín Fernández. Los tres economistas mostraron unanimidad a la hora de pedir que se ejecuten políticas de transición ecológica que no se desacoplen de la actividad económica y que esta no sirva de «excusa» para introducir prohibiciones o restricciones a la economía «ni se altere el modelo fiscal mediante la creación de nuevos impuestos desacoplados de la actividad económica real o sin un objetivo claro dentro de una estrategia global».