Economía desoye a las empresas y mantiene la obligación de auditar sus cuentas anuales para 4.000 pymes

Y eso que uno de ellos lo que hace es elevar un 25% los umbrales para que una empresa sea considerada como mediana o grande y, por tanto, eximirá de las obligaciones ligadas a esa condición a un puñado de compañías que tendrán requisitos menos exigentes. El Gobierno, sin embargo, ha perdido la oportunidad de ir más allá. Organizaciones como Cepyme, Confebús o las cámaras de comercio habían instado al Gobierno a elevar esos umbrales hasta el límite máximo que permite Bruselas, que considera que se puede considerar como pequeña a las empresas con activos de hasta 7,5 millones y con una facturación de hasta 15 millones, yendo más allá de los 5 millones en activos y 10 millones de facturación que regula el proyecto del Gobierno. El objetivo no era solo permitir a un mayor número de empresas liberarse de las cargas administrativas propias de las empresas de mediano o gran tamaño, sino también, previo cambio regulatorio, eximirlas de la obligación de presentar una auditoría de sus cuentas anuales y liberarlas de los costes y cargas que les acarrea.

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Las alegaciones de las organizaciones empresariales al proyecto aprobado ayer por el Consejo de Ministros recordaban que España lleva 17 años sin actualizar los umbrales de los que se deriva la obligación a presentar una auditoría anual (facturación de 5,7 millones de euros), lo que la convierte casi en inexorable para las pymes cuyo negocio haya tenido cierto recorrido.

Según los cálculos realizados por el Ministerio, aplicar los nuevos umbrales a la obligación de auditar las cuentas anuales eximiría de ese imperativo legal a unas 4.000 empresas a las que les supondría un ahorro de costes de unos 32 millones de euros, lo que a juicio del Ministerio no justifica ningún cambio regulatorio en ese ámbito, tanto por la fiabilidad que las auditorías aportan al sistema contable como porque se estima que muchas empresas seguirían haciendo la auditoría de sus cuentas de manera voluntaria para mejorar por ejemplo su acceso a financiación.

Como ya avanzó ABC, el otro proyecto aprobado este martes, la norma que regula la presentación de la información no financiera para adaptarla a los estándares que exige Bruselas, multiplicará los requerimientos de información que tienen que presentar las empresas desde los 80 actuales a 1.125, con el esfuerzo administrativo que exige.

Durante los próximos tres años, de manera progresiva, las empresas españolas tendrán que empezar a rendir cuentas sobre su actividad en materia de sostenibilidad. Hasta ahora, solo las compañías cotizadas tenían esa obligación de reporte.

La norma, que empezará a aplicarse en 2025 con los balances de 2024, afectará en primer lugar a las grandes empresas de interés público (que tengan más de 500 empleados), y posteriormente se extenderá a las grandes empresas no sujetas a la directiva (250 empleados o facturación de 40 millones) y al final a las pymes cotizadas (que no sean microempresas) y otras empresas.