Economía pide ayuda a las empresas para detectar barreras a la actividad en la normativa autonómica

Cuerpo se ha planteado como objetivo, entre otras cosas porque a ello se comprometió el Gobierno con la Comisión Europea dentro del Plan de Recuperación, dar un impulso a la unidad de mercado, estancada en España por el revés que el Tribunal Constitucional propinó en su día a la ley impulsada en su día por el PP que irrumpía en competencias que la Carta Magna reserva a las comunidades autónomas.

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Bruno Pérez

«Hemos querido cambiar el enfoque», ha dicho el ministro para argumentar porque ahora esta tarea podría afrontarse con el éxito que no tuvo la anterior intentona de remover los obstáculos administrativos y regulatorios que impiden a las empresas poder operar en unas condiciones más o menos similares en cualquier punto de España sin necesidad de cumplir requisitos u obtener licencias propias de cada territorio. El cambio de enfoque consiste en ir de la mano de los gobiernos autonómicos para que lo que se aborde se haga de manera coordinada y sin cuestionar el ámbito competencial autonómico.

Economía quiere que de aquí a diciembre haya un diagnóstico compartido de las barreras administrativas y regulatorias que se pueden eliminar y de las normativas que se pueden armonizar en todo el territorio nacional. Y para conseguirlo quiere contar con el diagnóstico de las empresas, a las que ha instado, a través de las patronales y de la Cámara de Comercio, cuyo presidente José Luis Bonet ha asistido a la reunión de este miércoles; a trasladar al Gobierno todas las normativas que entorpecen su actividad al objeto de someterlas a debate con los gobiernos autonómicos.

En el punto de mira, cinco sectores que acumulan el 85% de las quejas por regulaciones contrarias a la unidad de mercado que llegan al Ministerio de Economía: comercio y hostelería, profesiones reguladas, transporte, centros de formación y construcción de infraestructuras, un ámbito en el que los problemas han afectado al despliegue del Plan de Recuperación en asuntos como los puntos de recarga de coches eléctricos, según ha admitido el ministro este miércoles.

La reunión ha servido también para cambiarle el nombre a la iniciativa gubernamental, caracterizada en principio como el 'régimen 18' pero que pasará a denominarse 'régimen 20' a petición de los gobiernos de las dos ciudades autónomas, Ceuta y Melilla.