Yolanda Díaz propone subir el salario mínimo un 4%, pero CEOE exige para pactar un alza de las contratas públicas

El Gobierno roza un acuerdo con patronal y los sindicatos para la nueva subida del salario mínimo interprofesional (SMI) en 2024. Es el principal objetivo de la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz, presentar un primer consenso de la legislatura que incluya a todas las sensibilidades, y parece que la fotografía completa del diálogo social podría llegar con las cesiones que el Ministerio de Trabajo ha puesto sobre la mesa en el encuentro mantenido este lunes. El Ejecutivo ofrece subir el salario mínimo un 4% el próximo año, hasta los 1.123 euros mensuales, una cifra que se sitúa entre medias de las pretensiones expresadas por la CEOE por un lado, y por CC.OO y UGT, por otro.

Pero para sumar a la organización empresarial a la actualización del salario mínimo debe prosperar un alza de las contratas públicas y bonificaciones para el sector agrícola, y por el momento, ni una ni otra medida están comprometidas. Yolanda Díaz es receptiva a indexar los contratos públicos al avance del salario mínimo, pero será Hacienda la que decida. En lo que si es competente Trabajo es en bonificar al sector agrícola, y en este caso habría propuesto para su estudio un marco específico para los trabajadores agrarios con bonificaciones de hasta el 20% en las cotizaciones. El agrícola es uno de los sectores más afectados por las reiteradas subidas del SMI, dado el volumen de trabajadores afectados por este rango salarial más bajo.

Con todo, parece que Trabajo está redoblando esfuerzos para reconducir una relación entre el Gobierno y los empresarios que pasa por sus horas más bajas tras los desencuentros del final de la pasada legislatura. En cualquier caso, el alza del salario mínimo no será neutra en términos de costes para las empresas. Tal y como avanzó este medio, los expertos calculan que la nueva subida del SMI supondría un incremento de costes para las empresas por el empujón de la base mínima de cotización de unos 1.800 millones de euros. Cifra que se suma a los 5.000 millones que también impactarán en el balance de las compañías y nóminas de los trabajadores por los incrementos de la base máxima de cotizaciones.

El alza del indicador afectará a unos 2,3 millones de trabajadores, y se convertirá en la primera medida laboral de una legislatura que se prevé intensa en esta materia. De hecho, era este mismo lunes cuando empresarios y sindicatos estaban conminados por el Gobierno a trasladar las eventuales mejoras del proyecto de real decreto que presentó a los agentes sociales hace una semana para la reforma de la prestación de subsidio por desempleo.

Las partes se emplazan a desarrollar un acuerdo que sólo sumará a la patronal si hay un compromiso firme del Gobierno de indexar los contratos públicos al SMI, una petición reiterada por la patronal que ahora es exigencia. Muchas de las concesiones se establecen amplios periodos de prestación de servicios que recogen las condiciones económicas del momento de la firma. Algo que en el caso de los sueldos más bajos ha podido quedar desfasado en multitud de estos contratos públicos al haberse producido un alza del salario mínimo del 47% en cinco años, a expensas de que sustancie la revalorización de 2024.

El choque entre Díaz y Montero parece asegurado, teniendo en cuenta el mandato que tienen los ministerios de contener el gasto ante la elaboración de los Presupuestos Generales de 2024 que deberán iniciar la senda de ajuste del déficit comprometida con Bruselas como parte del acuerdo que se pretende alcanzar en las próximas semanas para el nuevo marco de reglas fiscales. Y por ello que desde la CEOE habrían trasladado al equipo de Díaz sus dudas sobre esta intención.

La vicepresidenta Díaz ha asegurado que el Ejecutivo está «cerca» de alcanzar un acuerdo con sindicatos y empresarios para la subida del salario mínimo de 2024 «porque las pretensiones» de los agentes sociales no están «muy alejadas». «Estoy plenamente convencida de que por el bien del país seremos capaces de conseguirlo. Estamos muy cercanos», señalaba la vicepresidenta segunda en declaraciones a la prensa durante su asistencia a la presentación del nuevo libro del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Reconocía la titular de Trabajo que tanto CEOE y Cepyme como CC.OO. y UGT reclaman establecer «condiciones» para algunas contratas administrativas, para las que se pide la indexación del SMI en las adjudicaciones públicas. «No somos competentes en esta materia, pero estamos dispuestos a trasladar esta petición a los ministerios competentes. Por tanto, hay margen para el acuerdo y esas concesiones administrativas que puedan ser revisadas, tengo el compromiso de trasladarlo a los otros ministerios», puntualizó la vicepresidenta Díaz.