La ambición reformista de Díaz anticipa una batalla con las empresas

Díaz cometerá su impulso reformista con las empresas en alerta, y en un momento en el que la desaceleración del empleo es más que evidente, lo que también anticipa fricciones entre las distintas sensibilidades en el Gobierno.

Estos son los cambios previstos que Trabajo llevará al diálogo social:

La ministra de Trabajo recuperará su plan para sentar a los sindicatos en los órganos de decisión de las empresas, en los consejos de administración, una idea que Díaz justifica en la equiparación con otros países europeos, algo que no comparten los empresarios, dadas las diferencias en el tejido empresarial de otros países respecto a España, donde más del 95% de las empresas son pymes y autónomos.

La vicepresidenta segunda se ha comprometido a revisar las reglas de la representatividad empresarial para satisfacer las exigencias de Conpymes, la patronal de izquierdas ligada al independentismo. Lograr un sitio en el diálogo social ha sido el objetivo de esta organización desde que echó a andar en el año 2021, en un momento duro en las relaciones entre el Gobierno y las empresas, y con unos apoyos estratégicamente cuidados, en una clara operación de marketing diseñada desde La Moncloa. Yolanda Díaz fue la encargada de la inauguración, y Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, intervino en el acto en calidad de directora de Cátedra en la UCM.

El pacto de gobierno sellado entre Pedro Sánchez y Yolanda Díaz asegura en uno de sus puntos que «se desarrollarán las reglas de representatividad empresarial, especialmente relativas a la mayor representatividad de las pymes en el ámbito de diálogo social, la negociación colectiva y la participación institucional». Añade que «se actualizará la representatividad del colectivo de autónomos mediante un sistema basado en principios democráticos».

En la hoja de ruta esta una reforma del despido para encarecerlo, por entender que la extinción improcedente es «muy barata», que tiene una indemnización «low cost». Trabajo defiende un nuevo concepto de despido «reparativo» o «restaurativo» dirigido a paliar lo que entiende como el daño causado a los afectados. La idea es aplicar indemnizaciones diferenciadas según la situación del afectado, por que se argumenta que los perjuicios son diferentes según los casos.

Tras la reforma laboral de 2012, la indemnización improcedente quedó en 33 días de salario por año trabajado, con el límite de 24 mensualidades. La cuantía fue rebajada por la reforma laboral del PP, cuando estaba situada en 45 días de salario por año con un máximo de 42 mensualidades. En aquella ocasión también se eliminó la obligación de que los empresarios pagaran los salarios dejados de percibir (salarios de tramitación) si optaban por no readmitir al trabajador y pagarle la indemnización.

Junto a ambas medidas la norma eliminó la autorización administrativa previa para los despidos colectivos. A finales de 2022 una enmienda transaccional de EH Bildu con PSOE y Podemos a la Ley de Empleo permitió a la Inspección de Trabajo volver a controlar los ERE, lo que provocó una dura reacción de la patronal, que acuso a Díaz de «traicionar» el diálogo social y rompió la interlocución con Trabajo por «tramposa».

La semana próxima Trabajo volverá a reunirse con empresarios y sindicatos en busca de un acuerdo para subir el salario mínimo, el indicador que afecta a alrededor de dos millones de trabajadores y a casi el 40% de las pymes que tienen empleados en España. El Gobierno aún no ha desvelado sus cartas, pero busca una reconciliación con el mundo empresarial, que no conseguiría si aborda una subida superior al 4% en 2024, el margen planteado por la CEOE (los sindicatos defienden un 5%) y la órbita en la que acabará la inflación. En este escenario, las empresas harían frente a una factura en cotizaciones que rondaría los 1.800 millones. Sólo los autónomos pagarían mil euros más a la Seguridad Social por cada trabajador sujeto a este rango salarial en el conjunto del año. Desde que gobierna Sánchez el SMI acumula subidas superiores al 50%.

La vicepresidenta tendrá que sopesar si abre una nueva batalla con la organización que dirige Antonio Garamendi o propone un punto de encuentro que permita también sumar a los sindicatos y lograr el primer acuerdo de legislatura, lo que tendrá difícil en la reforma de los subsidios de desempleo, una norma que le ha enfrentado a la vicepresidenta económica y ha provocado malestar en la CEOE. La patronal ha pedido cambios consensuados en el Gobierno para seguir negociando.

Trabajo quiere extender el subsidio a los menores de 45 años sin responsabilidades familiares, siempre que hayan agotado una prestación contributiva de 360 días, y a quienes acrediten periodos cotizados de menos de seis meses, pese a no tener cargas. Y también incorporará al personal eventual agrario. Además, no se excluirá al solicitante de la ayuda por percibir rentas por encima del 75% del salario mínimo, ni por no tener en la unidad familiar algún miembro con ingresos inferiores a ese porcentaje.

Junto a estas medidas plantea ampliar la cuantía del subsidio, ahora en 480 euros, hasta 660 euros, importe que descendería a 540 euros desde el día 181 hasta 360 y quedaría en 420 euros hasta su extinción, que en el supuesto máximo continuarán siendo 30 meses. Economía defiende un recorte de la ayuda para favorecer la búsqueda de empleo.

Una vez zanjada la subida del salario mínimo Díaz no tardará en poner en marcha la que considera la medida estrella: la reducción de la jornada de trabajo desde las actuales 40 horas semanales a 37,5 horas. Un primer paso será dejar la semana laboral en 38,5 horas ya en 2024, por lo que el tiempo de negociación es limitado. Los cambios se completarán con una ley de usos del tiempo de trabajo con nuevas medidas de conciliación.